¿ES SANO QUE HAYA MUCHOS CANDIDATOS?
La reforma electoral de 2016 introdujo cambios cosméticos pero dejó intactos los problemas de fondo: los políticos tradicionales mantienen el control, el Tribunal Supremo Electoral enfrenta sobrecarga y los ciudadanos sienten que su representación es insuficiente. La limitación en el financiamiento ha incentivado la proliferación de candidatos presidenciales, complicando la labor administrativa del TSE y generando desafíos para los votantes. Sin embargo, un alto número de candidatos también indica participación ciudadana y disposición a involucrarse en política. El verdadero problema del sistema electoral radica en las barreras a la organización ciudadana, la escasa representatividad de los funcionarios electos y la debilidad institucional de la autoridad electoral, factores que deberían concentrar la atención de los ciudadanos y las reformas futuras.
HAY QUE INVERTIR EN CAPITAL HUMANO
El capital humano es tan importante para el crecimiento económico como el capital físico, ya que invertir en la educación, salud y nutrición de las personas incrementa la productividad y genera bienestar social. El Banco Mundial mide estos avances a través del Índice de Capital Humano (ICH), que ubica a Guatemala en una posición alarmantemente baja: puesto 104 de 157 países, y penúltimo en el continente, solo por encima de Haití. Entre 2012 y 2017, el progreso fue mínimo, pasando de 0.44 a 0.46 puntos sobre 1. Esto refleja profundas deficiencias en educación de calidad, salud infantil y combate a la desnutrición. Aunque mejorar el capital humano podría duplicar el PIB per cápita a futuro, la falta de incentivos políticos a corto plazo limita la acción. Aun así, la presión social y la urgencia del rezago podrían abrir espacio para priorizar políticas públicas que fortalezcan la inversión en las personas.
INCERTIDUMBRE, DESCONFIANZA E INVERSIÓN
La inversión nacional es dramáticamente baja y presenta una tendencia descendente, tanto en el ámbito público como privado, afectando las posibilidades de crecimiento económico y generación de empleo. Factores como la desconfianza de los inversionistas, los cuellos de botella institucionales y la incertidumbre política explican gran parte de esta situación, más allá de variables tradicionales como tasas de interés o costos laborales. La ausencia de un estado de derecho confiable limita la capacidad del país para atraer inversión y fomentar desarrollo. En este contexto, el proceso electoral genera un ambiente de incertidumbre que puede prolongar la desconfianza, haciendo urgente la necesidad de instituciones eficientes que aseguren estabilidad y confianza para la toma de decisiones económicas estratégicas.
LA TRAMPA DEL CRECIMIENTO MEDIOCRE
Aunque la economía nacional ha mostrado resiliencia frente a crisis globales y ha mantenido estabilidad macroeconómica, su crecimiento per cápita sigue siendo muy lento en comparación con otras economías de América Latina y Asia. Esta discrepancia evidencia que la estabilidad no garantiza progreso, y que factores estructurales, como la debilidad de las instituciones públicas y republicanas, pueden estar limitando la capacidad del país para generar bienestar material sostenido. Aun con avances tecnológicos y cierta mejora en la calidad de vida, la economía continúa rezagada, poniendo en evidencia la urgencia de reformas que impulsen la productividad, fortalezcan las instituciones y aceleren el crecimiento económico.
DESEMPLEO, SUBEMPLEO… Y EL INE
Aunque la tasa oficial de desempleo en el país parece baja, el problema real se oculta en el subempleo, que alcanza niveles preocupantes y refleja la informalidad del mercado laboral. Sin datos periódicos y confiables sobre empleo, el gobierno carece de una brújula para diseñar políticas económicas oportunas y efectivas. La Encuesta de Empleo e Ingresos (ENEI) se realiza de manera irregular, lo que impide comparaciones consistentes y limita la capacidad de acción frente a la creciente fuerza laboral. Dotar al INE de autonomía funcional y financiera permitiría contar con estadísticas sólidas, como en los países avanzados, mejorando la calidad de la planificación económica y la toma de decisiones públicas.
NO ES (SOLO) LA LEY DE CONTRATACIONES
Aunque una buena ley de contrataciones es importante, su existencia por sí sola no garantiza un gasto público eficiente ni la eliminación de clientelismo y corrupción. Lo realmente decisivo es fortalecer la planificación, ejecución y control de las adquisiciones, asegurando que los funcionarios estatales sean competentes y que las instituciones fiscalizadoras cumplan con su mandato. Reformar únicamente el marco legal puede ser contraproducente si se descuidan estas áreas clave. Las mejoras de fondo deben centrarse en elevar la calidad del servicio civil y garantizar la eficacia de la auditoría y supervisión, para que los recursos públicos se utilicen con transparencia y efectividad.
SOMBRAS EN LA ECONÓMICA MUNDIAL
El pronóstico del FMI advierte que el crecimiento mundial será menor de lo previsto en 2019 debido a disputas comerciales, el Brexit y el debilitamiento de economías como Alemania e Italia. Esta desaceleración impacta a los mercados emergentes, afectando la inversión y la confianza financiera. Para Guatemala, la fortaleza de la economía estadounidense ofrece un respiro, impulsando exportaciones y remesas, aunque la apreciación del dólar reduce competitividad en otros mercados. Ante este escenario, resulta fundamental que la política monetaria y fiscal actúen de manera coordinada: relajando las condiciones monetarias, permitiendo una leve depreciación del quetzal y aumentando el gasto público en infraestructura, con el fin de moderar los efectos externos y sostener el crecimiento interno.
ESTADO DÉBIL, ECONOMÍA DÉBIL
La debilidad del Estado y la disfuncionalidad de sus instituciones son la raíz del bajo desarrollo económico y la escasa productividad del país. La lentitud y corrupción en los tribunales dificultan el cumplimiento de contratos, restringiendo el acceso al crédito y limitando la expansión de nuevos emprendedores. La infraestructura deficiente, la burocracia excesiva y la falta de certeza jurídica obligan a las empresas a depender de recursos propios, fortaleciendo estructuras familiares cerradas y debilitando la innovación y la apertura de mercados. Esta falta de confianza generalizada impide un crecimiento sostenible y equitativo. Para superar el atraso, se requieren reformas profundas en justicia, gasto público, servicio civil y sistema político, sin las cuales la modernización seguirá siendo una meta lejana.
PEDIR AL MAGISTERIO ALGO A CAMBIO
Los resultados de las pruebas Pisa revelan una crisis profunda en la educación: el 90% de los jóvenes de 15 años no alcanza el nivel mínimo en lectura, matemáticas o ciencias, y Guatemala figura entre los países con peores calificaciones del continente. Pese a esta realidad, el pacto colectivo firmado con el magisterio supone un costo de casi Q5 mil millones anuales para los contribuyentes, sin que ello garantice mejoras en la enseñanza. El problema central no es financiero, sino político, pues el sistema está dominado por prácticas clientelistas, falta de mérito y extorsión sindical. Para revertir la situación, se requiere premiar a los buenos maestros, sancionar a los malos y aplicar controles de asistencia, evaluaciones sistemáticas y contratos vinculados al desempeño. Solo así será posible formar a jóvenes con mejores oportunidades de vida y romper el ciclo de pobreza y exclusión.
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UN GRAN DEBATE NACIONAL: ¿LA SOLUCIÓN?
El Presidente de Francia, electo como un outsider, enfrentó rápidamente la complejidad de la política y la presión de distintos grupos sociales que obstaculizaron las reformas que buscaba implementar. Ante la escalada del descontento y la polarización, decidió convocar un Gran Debate Nacional, con cabildos abiertos para consultar a los ciudadanos sobre ingresos y gastos estatales, servicios públicos, medio ambiente y democracia. Esta estrategia busca transformar la protesta en soluciones, equilibrando la participación ciudadana con la preservación de las instituciones republicanas. El caso francés ofrece una lección que podría aplicarse en contextos con crisis políticas profundas, sugiriendo que el diálogo amplio y estructurado puede fortalecer la gobernabilidad y la cohesión social.
ESTADO DE DERECHO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
El lento crecimiento económico del país refleja la baja productividad sistémica y la debilidad de sus instituciones públicas, lo que impide al Estado proveer servicios esenciales como seguridad, justicia, infraestructura, educación y salud. La crisis política reciente evidencia y agrava esta disfuncionalidad institucional, afectando la inversión y el desarrollo económico. A largo plazo, la pérdida de institucionalidad puede derivar en riesgos de gobernabilidad y fracaso económico, tal como muestran ejemplos internacionales. Garantizar el respeto al Estado de Derecho es esencial para promover un crecimiento sostenible, reducir la pobreza y mantener una democracia funcional.
EL TSE ANTE LA INCERTIDUMBRE
El proceso electoral próximo en Guatemala se encuentra lleno de incertidumbres debido a la necesidad de aplicar reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que fueron mal concebidas y redactadas. El TSE debe enfrentar desafíos críticos como diferenciar proselitismo de campaña electoral, regular la publicidad de los candidatos en medios tradicionales y redes sociales, distribuir de manera equitativa la propaganda electoral y establecer reglas claras sobre financiamiento, incluso para aportes menores. La falta de claridad en estos temas puede provocar judicialización, conflictos y pérdida de legitimidad en un sistema que hasta ahora contaba con cierto prestigio ante la ciudadanía.
PORQUÉ SE DEPRECIÓ EL QUETZAL EN 2018
En lo que va de 2019, el tipo de cambio del quetzal frente al dólar se ha depreciado un 5.3%, rompiendo la tendencia a la apreciación de los últimos años. Esta variación se explica por cuatro factores principales: el aumento del déficit comercial, la desaceleración en el crecimiento de las remesas familiares, la reducción en el diferencial entre tasas de interés locales e internacionales y la continua intervención del Banco de Guatemala comprando divisas. La combinación de estos elementos sugiere que el quetzal podría continuar registrando una depreciación moderada durante el resto del año.
POR QUÉ TRUINFAN LAS NACIONES
El McKinsey Global Institute identificó los factores comunes de los países emergentes con mayores crecimientos sostenidos del ingreso per cápita. Casos como China, Corea del Sur y Singapur muestran que la clave es un consenso nacional para priorizar el crecimiento económico y alinear la agenda pública hacia la productividad, los ingresos y la demanda. Esto requiere inversión en infraestructura, tecnología y capital humano, mercados laborales flexibles, estabilidad social, políticas macroeconómicas ágiles y apertura al comercio internacional, todo sustentado en instituciones sólidas y eficientes. Guatemala, con un crecimiento per cápita inferior al 1 % anual en la última década, debe entender que no existen atajos y que la salida del subdesarrollo pasa por liderazgo político y social capaz de sostener una agenda integral y persistente de transformación productiva.
RIESGOS PARA LA ECONOMÍA
Una misión técnica del FMI concluyó que, pese a la estabilidad macroeconómica de Guatemala, el crecimiento de 2018 apenas llegó al 3 % debido a la caída de exportaciones, la baja inversión en infraestructura y el desplome de la minería. Para 2019, el panorama sigue limitado por un año electoral incierto y riesgos globales como la guerra comercial de EE. UU. y las políticas antimigratorias que afectan las remesas. El Fondo señala que los desafíos de mediano plazo requieren reformas institucionales y fiscales para fortalecer servicios públicos e impulsar productividad. Sin embargo, en el corto plazo identifica margen para dinamizar la economía mediante mayor gasto público en infraestructura y un relajamiento monetario gracias a la baja inflación, rompiendo con su tradicional receta de austeridad.
EL REPARTO DEL PRESUPUESTO
Las discusiones en torno al Presupuesto 2019 en el Congreso han degenerado en un regateo entre grupos de presión que buscan más recursos, sin relación con los objetivos de política pública. La debilidad institucional y la politización del servicio civil han convertido al Estado en una agencia de empleos para correligionarios. Según el BID, gran parte del gasto público en la región se desperdicia por corrupción, ineficiencia y altos salarios burocráticos. En Guatemala, el elevado peso de las remuneraciones limita la inversión en infraestructura y servicios básicos. Rescatar el presupuesto este año es improbable, pero urge replantear prioridades para que el gasto público se dirija a educación, salud, seguridad, justicia y obras esenciales, en lugar de responder a presiones sindicales o intereses particulares.
Y LOS BRAZALETES ¿PARA CUÁNDO?
La prisión preventiva, que debería ser una medida excepcional, se ha convertido en la norma en Guatemala y Latinoamérica, alcanzando hasta el 48% de la población carcelaria en el país. Este abuso no solo vulnera el principio de presunción de inocencia, sino que también agrava el colapso del sistema penitenciario. Para corregirlo, se requieren reformas legales que garanticen juicios en plazos razonables, un cambio cultural que limite su uso y la aplicación de medidas tecnológicas como los brazaletes electrónicos, aprobados por ley pero aún no implementados por negligencia estatal.
LOS AGUJEROS DEL PRESUPUESTO 2019
El proyecto de presupuesto 2019 contenía incrementos injustificados y rubros opacos que afectan la eficiencia y la transparencia del gasto público. Mientras se pide austeridad a algunas entidades como el Ministerio Público o el INE, se destinan aumentos significativos a municipalidades, Consejos de Desarrollo y fondos poco controlados, generando inequidad en el ajuste. Es fundamental que el Congreso corrija estas inconsistencias, asegure la rendición de cuentas y establezca indicadores claros de impacto para garantizar que los recursos públicos contribuyan efectivamente al desarrollo del país.
EL IMPERATIVO DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO
El verdadero motor del desarrollo está en un crecimiento económico sostenido, capaz de generar empleos formales, mejorar el bienestar y aumentar los ingresos estatales. Guatemala sigue atrapada en un techo de 4% anual, lo que limita las oportunidades y debilita el sistema democrático frente al populismo. La clave no está en subsidios ni privilegios fiscales, sino en crear un entorno de negocios con certeza jurídica, infraestructura adecuada, educación de calidad y servicios públicos esenciales. Solo con políticas económicas integrales será posible incentivar al sector empresarial, la principal fuente de empleo sostenible.
EMPLEADOS PÚBLICOS: UN AGUJERO NEGRO
El gasto en salarios del sector público aumentó un 80% entre 2009 y 2013, superando con creces el crecimiento de los ingresos tributarios y absorbiendo ya más del 37% del presupuesto nacional. La falta de control sobre la cantidad de empleados públicos, la suscripción indiscriminada de pactos colectivos y el uso político de plazas estatales han distorsionado el sistema de servicio civil y debilitado las finanzas públicas. La ausencia de un censo actualizado impide conocer el verdadero costo de la planilla estatal, lo que convierte este rubro en un gasto insostenible que amenaza con seguir creciendo sin control.