REACTIVACIÓN ECONÓMICA ¿PAR CUÁNDO?
La economía nacional enfrenta un crecimiento estancado en torno al 3%, por debajo del 4% histórico y lejos del 6% necesario para mejorar el desarrollo. Factores internacionales como la debilidad del comercio mundial y la caída de la inversión se suman a problemas internos como la incertidumbre política, la baja confianza de consumidores e inversionistas y la incapacidad institucional para ejecutar proyectos públicos. Las herramientas tradicionales de política fiscal y monetaria tienen un alcance limitado: el gasto está restringido por baja recaudación y rigidez presupuestaria, mientras que la transmisión de medidas monetarias se ve afectada por la débil penetración financiera. En este contexto, solo un cambio en las expectativas políticas podría generar el optimismo necesario para reactivar la economía y fortalecer la confianza empresarial.
HAGAMOS GRANDE A CENTROAMÉRICA OTRA VEZ
George Shultz y Pedro Aspe argumentan que la forma más efectiva de reducir la migración irregular del Triángulo Norte no es con muros ni políticas represivas, sino con inversión y fortalecimiento institucional. Señalan que los migrantes huyen de la falta de oportunidades económicas, la inseguridad, la violencia y la debilidad de los gobiernos en la región. Según ellos, los países ricos también necesitan migrantes, pero de forma ordenada y sostenible, y el desafío será aún mayor con futuros flujos desde naciones más grandes y pobres como Nigeria o India. Estados Unidos podría impulsar soluciones a través de cooperación, ayuda externa y organismos multilaterales, pero hasta ahora sus políticas han sido cortoplacistas y poco efectivas. Atender las causas estructurales es clave para frenar el éxodo.
PERSPECTIVAS ECONÓMICAS: NADA MEJOR, NO MUCHO PEOR
La economía mundial atraviesa un proceso de debilitamiento debido a la guerra comercial de Estados Unidos con China y a la creciente incertidumbre política internacional. Este panorama ha reducido las proyecciones de crecimiento global para 2019-2020 y ha deteriorado la confianza empresarial, afectando tanto el comercio como la inversión. Para Guatemala, este entorno implica dificultades para recuperar sus exportaciones y atraer capitales externos. Si bien la inversión pública y privada pueden mitigar parcialmente el impacto, su efectividad dependerá de la capacidad del nuevo gobierno para reducir la incertidumbre política. El gasto público aumentará, aunque su peso sigue siendo limitado. En última instancia, será el consumo de los hogares, sostenido principalmente por las remesas, el que continúe impulsando el modesto crecimiento nacional.
UNA MALA IDEA, POLÍTICAMENTE SEXY
El debate en el Congreso sobre imponer un tope a las tasas de interés en tarjetas de crédito parte de buenas intenciones, pero ignora sus consecuencias negativas. Aunque busca facilitar el acceso al financiamiento, la medida terminaría restringiéndolo, ya que los bancos no asumirán los riesgos de prestar a quienes carecen de historial crediticio o garantías. La experiencia internacional confirma que los precios tope reducen la oferta de crédito, afectando sobre todo a los más pobres y vulnerables. Casos en África, Nicaragua y Estados Unidos demuestran que este tipo de controles disminuyen la disponibilidad de préstamos y excluyen a los sectores que más los necesitan. En lugar de medidas populistas, la solución está en fomentar la transparencia, ampliar la competencia y fortalecer el acceso a información crediticia.
¿QUÉ HAY DE MALO CON EL TSE?
El reciente colapso del sistema electoral no se debe a fraude en las urnas, sino a la incapacidad del Tribunal Supremo Electoral (TSE), debilitado por fallas estructurales y magistrados sin independencia ni capacidad técnica. Lo que alguna vez fue una de las instituciones más confiables del Estado hoy enfrenta una crisis de credibilidad y prestigio, alimentando la incertidumbre y beneficiando a intereses oscuros, incluido el crimen organizado. La solución no pasa por repetir elecciones ni por simples renuncias, sino por una reforma seria que garantice magistrados independientes y un TSE eficiente. Separar funciones jurisdiccionales de las administrativas permitiría mejorar su desempeño y blindarlo contra presiones políticas y tentaciones de corrupción. Sin estas reformas, la democracia guatemalteca permanecerá en riesgo.
SIN PERDER EL OPTIMISMO, PERO...
El proceso electoral de 2019 en Guatemala dejó un ambiente de frustración y resignación, tras demostrar que las expectativas de cambio generadas en 2015 se desvanecieron entre confrontaciones ideológicas y reformas superficiales que no alteraron el sistema político corroído. La reforma electoral de 2016 evidenció las debilidades del Tribunal Supremo Electoral y apenas afectó a las viejas prácticas de compra de votos, voluntades e influencias. El Congreso electo para 2020-2024 estará dominado por actores tradicionales, algunos con sospechas de vínculos con el crimen organizado, aunque también ingresará una minoría de diputados dispuestos a promover reformas de largo plazo. Su desafío será enorme, pero imprescindible, ya que sin un fortalecimiento institucional el país enfrentará más corrupción, emigración, confrontación y una gobernabilidad cada vez más frágil.
EL FINANCIEMIENTO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL
El financiamiento de las campañas electorales en Guatemala sigue siendo un problema complejo y de difícil control, pese a las múltiples reformas impulsadas en los últimos años para reducir los riesgos de corrupción y captura del Estado. Aunque se han limitado las donaciones empresariales y restringido la propaganda, estas medidas han generado efectos secundarios no deseados, como un posible incremento del financiamiento proveniente del crimen organizado y un menor entusiasmo ciudadano en los procesos electorales. La discusión sobre si el financiamiento debe provenir exclusivamente de fondos públicos carece de consenso y genera rechazo social, mientras que las reglas existentes resultan insuficientes ante la incapacidad del Tribunal Supremo Electoral de ejercer una supervisión efectiva. En este contexto, garantizar la transparencia, reducir los tiempos de campaña y fortalecer la independencia y autoridad del TSE se vuelve esencial para que el sistema democrático funcione con mayor legitimidad.
LA BÚSQUEDA (INFRUCTUOSA) DEL SALVADOR
El populismo ha proliferado en América Latina gracias a votantes desesperados que buscan soluciones rápidas a problemas estructurales. Guatemala no es la excepción: la mayoría de candidatos pide confianza en sus personalidades y no en instituciones sólidas ni en programas de gobierno. Ejemplos recientes en México y Brasil, así como en el pasado en Perú y Venezuela, muestran cómo la elección de “salvadores” populistas conduce a polarización, deterioro institucional y crisis prolongadas. El gran desafío para Guatemala es evitar caer en la misma trampa en las próximas elecciones, apostando en cambio por liderazgos con visión y compromiso de fortalecer las instituciones y emprender una verdadera reforma política.
CRECIMIENTO E INCLUSIÓN: EL DOBLE DESAFÍO
El crecimiento económico del país se mantiene estable pero demasiado lento en comparación con otras economías emergentes, debido a la debilidad institucional y la escasa productividad. La expansión del PIB se ha sostenido principalmente por el aumento de la fuerza laboral, pero este factor pronto dejará de ser suficiente. Según estudios internacionales, el país carece de dos elementos clave para dinamizar su desarrollo: una base sólida de empresas medianas que impulsen innovación y empleo formal, y una clase media con ingresos productivos que active el consumo interno. Experiencias exitosas en países como Chile, Colombia y Perú muestran que la clave está en reformar las instituciones, mejorar la eficacia del Estado y fomentar un entorno favorable para la inversión y el emprendimiento. Solo así se podrá lograr crecimiento sostenido con inclusión social.
UN “PLAN MARSHALL” INCOMPLETO
El Plan de Desarrollo para Centroamérica presentado por México, elaborado con apoyo de la CEPAL, busca reducir la migración hacia Estados Unidos mediante mayor recaudación, gasto en infraestructura, programas sociales y proyectos ambientales. Aunque parte de un diagnóstico correcto sobre las causas de la migración, la propuesta omite el punto más crítico: el colapso de la capacidad institucional en los países del Triángulo Norte. En Guatemala, la persistente desnutrición infantil y la migración de menores evidencian un Estado incapaz de cumplir funciones básicas. Sin una profunda reforma institucional que fortalezca justicia, seguridad, salud, educación y gestión pública, cualquier plan de inversión corre el riesgo de ser ineficiente e insostenible, incluso si cuenta con financiamiento internacional.
EL RETORNO DEL PROTECCIONISMO
El aumento de aranceles de Estados Unidos a las importaciones chinas ha desencadenado una escalada de tensiones comerciales que, lejos de beneficiar, amenaza con dañar a ambas economías y al comercio mundial. Aunque la medida busca proteger a los productores estadounidenses, los déficits comerciales de EE. UU. tienen raíces más profundas: el exceso de consumo frente a la producción. La apreciación del dólar como consecuencia de la reducción de dólares en circulación dificultará las exportaciones estadounidenses y abaratará las importaciones globales, manteniendo su desequilibrio externo. El efecto real será una contracción del comercio internacional, con riesgos de contagio global si otros gobiernos optan también por el proteccionismo. La experiencia de la Gran Depresión demuestra que este tipo de medidas, lejos de generar empleo y prosperidad, multiplican las crisis y reducen el bienestar global.
¿LISTOS PARA EL DESPEGUE ECONÓMICO?
Las previsiones del Banco de Guatemala apuntan a un crecimiento de 3.4% para 2019, sustentado en estabilidad macroeconómica y deuda pública relativamente baja. Ante este escenario surgió la discusión sobre si endeudarse más para invertir en infraestructura podría detonar un ciclo de crecimiento sostenido. Sin embargo, depender del gasto público para dinamizar la economía resulta insostenible: aunque la deuda es baja frente al PIB, es elevada respecto a los ingresos fiscales, lo que limita la capacidad de pago del Estado y pone en riesgo la estabilidad macroeconómica. Además, confiar la ejecución de grandes proyectos a instituciones débiles y corruptas conlleva alto riesgo de fracaso. El verdadero camino al crecimiento duradero exige fortalecer el estado de derecho, mejorar servicios públicos básicos y generar condiciones que atraigan inversión privada productiva. La infraestructura es importante, pero sin reformas institucionales se convierte en un recurso desperdiciado.
COMO SI TODO ESTUVIERA “NORMAL”
Los candidatos presidenciales han comenzado a presentar sus propuestas, aunque la mayoría se reduce a prometer una mejor administración o rescatar políticas pasadas. Este discurso de normalidad contrasta con una crisis institucional devastadora, evidenciada en la infiltración del narcotráfico en el sistema político, la corrupción de los partidos y el deterioro de la justicia y la burocracia estatal. La mediocridad y la improvisación han debilitado la confianza ciudadana y frenan el progreso del país. Frente a esta realidad, el reto no es simplemente gestionar mejor lo existente, sino emprender reformas de fondo en los sistemas electoral, de justicia, de servicio civil y de control del gasto público. Alcanzarlas exige un gran acuerdo nacional que los candidatos deberían comprometerse a impulsar, gane quien gane, para rescatar la institucionalidad y devolver la esperanza.
PENSIONES DEMAGÓGICAS
La demagogia política recurre a promesas atractivas pero inviables, y entre ellas destacan las propuestas de incrementar las pensiones de los jubilados del Estado. En el contexto electoral actual, varias iniciativas en el Congreso ofrecen aumentos sustanciales sin estudios técnicos ni respaldo financiero, lo que implicaría un costo superior a Q2 mil millones anuales. Este gasto superaría los presupuestos de varios ministerios juntos, comprometiendo la inversión pública, generando mayor déficit y elevando el endeudamiento. Además, contradice advertencias previas del propio Congreso sobre la fragilidad del sistema de clases pasivas. Estas propuestas, más que buscar soluciones reales, explotan emociones y votos fáciles a costa de la estabilidad fiscal y del futuro del país.
NO ME AYUEDES, COMPADRE
La ayuda internacional para el desarrollo ha dejado de ser un recurso incondicional para convertirse en una herramienta de presión política de los países donantes, que buscan condicionar su entrega a mejoras institucionales y programas focalizados en la pobreza. El anuncio de Donald Trump de suspender la ayuda a Guatemala, Honduras y El Salvador por el aumento de las caravanas migrantes carece de sentido estratégico: en lugar de reducir la migración, priva a Estados Unidos de un instrumento clave para incentivar reformas y combatir problemas estructurales como la debilidad institucional y el narcotráfico. Además, abre la puerta a que potencias como China o Rusia amplíen su influencia en la región. Lejos de ser irrelevante, la AID ha demostrado ser decisiva en el desarrollo de países como Corea del Sur o Taiwán y en la erradicación de enfermedades globales. Su eficacia radica en asegurar que los fondos se manejen con transparencia, no en cancelarlos.
LA CONTRALORÍA Y LA CALIDAD DEL GASTO
El reciente proceso de elección del nuevo Contralor General de Cuentas estuvo plagado de dudas que debilitan la credibilidad de una institución esencial para controlar la gestión pública. La Contraloría debería ser la primera línea de defensa contra la corrupción mediante la fiscalización preventiva del gasto y la gestión administrativa, pero en Guatemala rara vez ha cumplido ese rol, obligando a que la lucha contra la corrupción se realice principalmente por la vía penal. Para revertir esta situación es necesario reformar y fortalecer a la Contraloría, ampliar su mandato, garantizar la independencia y calidad de sus autoridades, mejorar procesos de auditoría y coordinación con el Congreso y las Unidades de Auditoría Interna. Solo así la fiscalización se convertirá en un mecanismo efectivo de prevención, dejando la persecución penal como último recurso, y evitando la dependencia de organismos externos para combatir la corrupción.
LA AUSENCIA MORTAL DEL ESTADO
El Estado existe para proteger a las personas y garantizar el bien común, pero en Guatemala esta misión está lejos de cumplirse. La debilidad institucional y la ausencia de autoridades competentes se evidencian en el caos del tráfico urbano, en la falta de control en áreas rurales donde grupos armados actúan con impunidad, y en episodios de violencia extrema como linchamientos públicos sin intervención policial. A ello se suma la tragedia de accidentes carreteros recurrentes por falta de regulaciones y supervisión. Estos ejemplos reflejan un Estado incapaz de hacer cumplir la ley, proteger la vida de los ciudadanos y asegurar condiciones básicas de convivencia. Sin un fortalecimiento real de las instituciones, el Estado seguirá ausente, dejando en riesgo el bienestar y el progreso de la sociedad.
¿ES SANO QUE HAYA MUCHOS CANDIDATOS?
La reforma electoral de 2016 introdujo cambios cosméticos pero dejó intactos los problemas de fondo: los políticos tradicionales mantienen el control, el Tribunal Supremo Electoral enfrenta sobrecarga y los ciudadanos sienten que su representación es insuficiente. La limitación en el financiamiento ha incentivado la proliferación de candidatos presidenciales, complicando la labor administrativa del TSE y generando desafíos para los votantes. Sin embargo, un alto número de candidatos también indica participación ciudadana y disposición a involucrarse en política. El verdadero problema del sistema electoral radica en las barreras a la organización ciudadana, la escasa representatividad de los funcionarios electos y la debilidad institucional de la autoridad electoral, factores que deberían concentrar la atención de los ciudadanos y las reformas futuras.
HAY QUE INVERTIR EN CAPITAL HUMANO
El capital humano es tan importante para el crecimiento económico como el capital físico, ya que invertir en la educación, salud y nutrición de las personas incrementa la productividad y genera bienestar social. El Banco Mundial mide estos avances a través del Índice de Capital Humano (ICH), que ubica a Guatemala en una posición alarmantemente baja: puesto 104 de 157 países, y penúltimo en el continente, solo por encima de Haití. Entre 2012 y 2017, el progreso fue mínimo, pasando de 0.44 a 0.46 puntos sobre 1. Esto refleja profundas deficiencias en educación de calidad, salud infantil y combate a la desnutrición. Aunque mejorar el capital humano podría duplicar el PIB per cápita a futuro, la falta de incentivos políticos a corto plazo limita la acción. Aun así, la presión social y la urgencia del rezago podrían abrir espacio para priorizar políticas públicas que fortalezcan la inversión en las personas.
INCERTIDUMBRE, DESCONFIANZA E INVERSIÓN
La inversión nacional es dramáticamente baja y presenta una tendencia descendente, tanto en el ámbito público como privado, afectando las posibilidades de crecimiento económico y generación de empleo. Factores como la desconfianza de los inversionistas, los cuellos de botella institucionales y la incertidumbre política explican gran parte de esta situación, más allá de variables tradicionales como tasas de interés o costos laborales. La ausencia de un estado de derecho confiable limita la capacidad del país para atraer inversión y fomentar desarrollo. En este contexto, el proceso electoral genera un ambiente de incertidumbre que puede prolongar la desconfianza, haciendo urgente la necesidad de instituciones eficientes que aseguren estabilidad y confianza para la toma de decisiones económicas estratégicas.