¿HACER CARIDAD CON FONDOS PÚBLICOS?
En Guatemala, numerosas ONGs y fundaciones realizan labores valiosas, pero preocupa el creciente uso de fondos públicos para financiar sus actividades. El presupuesto 2020 contempla más de Q660 millones destinados a unas setenta organizaciones para ejecutar servicios en salud, educación, cultura y agricultura, funciones que en esencia corresponden al Estado. Aunque algunas entidades tienen prestigio y han suplido carencias históricas, la delegación arbitraria de recursos genera opacidad y debilita la responsabilidad gubernamental. La meta debería ser que los servicios esenciales sean prestados directamente por instituciones estatales o mediante contrataciones transparentes, no a través de transferencias discrecionales. Paralelamente, las ONGs deben modernizar su gobernanza y diversificar sus fuentes de financiamiento, mientras el Estado fomenta la cultura de la donación. Esto fortalecería tanto la eficiencia pública como la legitimidad social de dichas organizaciones.
LOS DESAFÍOS DEL PRESUPUESTO 2020 (II)
El proyecto de presupuesto 2020 presenta ingresos tributarios claramente sobrestimados, lo que, combinado con un techo de gasto de Q91.9 millardos, generaría un déficit superior a Q17.7 millardos, equivalente al 2.6% del PIB. Este desbalance incrementaría la deuda pública a niveles de riesgo, superando el 166% de los ingresos tributarios y comprometiendo la sostenibilidad fiscal. Aún más preocupante, las normas presupuestarias incluyen disposiciones para aprobar endeudamiento adicional de hasta Q8 millardos sin que aparezca reflejado en las cifras oficiales, lo que podría elevar el déficit al 3.6% del PIB. Aunque algunos proyectos son necesarios, el mecanismo propuesto resulta anómalo y peligroso. El Congreso debe recortar el gasto previsto y rechazar tales “pre-ampliaciones”, garantizando que toda deuda sea explícita y transparente en el presupuesto.
LOS DESAFÍOS DEL PRESUPUESTO 2020 (I)
El análisis del presupuesto 2020 evidencia problemas estructurales que limitan la capacidad del Estado para atender las necesidades del país. Debido a las asignaciones fijas establecidas por la Constitución y otras leyes, el 84.4% del gasto ya está comprometido, dejando solo un 15.6% disponible para políticas públicas e inversión. Esta rigidez ha reducido drásticamente la inversión en obra pública, que pasó del 28% hace diez años al 17% actual. Además, los salarios absorberán el 39% del presupuesto, sin mecanismos claros para evaluar la calidad de ese gasto. La falta de control sobre municipalidades, consejos de desarrollo y ONGs contratadas con fondos públicos agrava la ineficiencia. Aunque no todas las deficiencias pueden resolverse en un año, el Congreso sí puede corregir algunas durante la actual discusión presupuestaria.
LOS SIETE PECADOS DE LA SOCIEDAD
En 1925, Gandhi identificó siete “pecados sociales” que destruyen la convivencia y frenan el desarrollo: política sin principios, riqueza sin trabajo, placer sin responsabilidad, negocios sin moral, ciencia sin humanidad, religión sin sacrificio y educación sin carácter. Estos males, visibles en la vida cotidiana, han normalizado prácticas corruptas y debilitado la confianza en las instituciones. La política se convirtió en un medio para enriquecerse, los negocios se ven marcados por la deslealtad y la ciencia y la religión han sido instrumentalizadas con fines perversos. Además, la educación pierde su propósito formador al priorizar privilegios sobre valores. La proliferación de estas actitudes alimenta un círculo vicioso: instituciones frágiles permiten más impunidad, y esa impunidad, a su vez, destruye aún más la solidez institucional y moral del país.
FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO
El buen funcionamiento del Estado depende de que el gasto público se ejecute con eficiencia y transparencia, lo que requiere un sistema de fiscalización sólido y preventivo. En Guatemala, dicho sistema debería sostenerse en tres pilares: la Contraloría General de Cuentas, las Unidades de Auditoría Interna (UDAIs) y el Congreso de la República, cada uno con responsabilidades específicas que hoy se cumplen de manera deficiente. La ausencia de controles efectivos ha dejado a la vía penal como único mecanismo para frenar la corrupción, en lugar de prevenirla desde la gestión administrativa. Fortalecer a la Contraloría, empoderar a las UDAIs y exigir al Congreso el cumplimiento de su rol fiscalizador son pasos urgentes. Las reformas legales, incluyendo mayor independencia del contralor y regulación de conflictos de interés, son imprescindibles.
DARLE SENTIDO AL CENSO
El reciente anuncio de resultados preliminares del censo, realizado en un acto público en el Teatro Nacional, ha generado fuertes cuestionamientos debido a inconsistencias en las cifras. El dato oficial de 14.9 millones de habitantes resulta mucho más bajo que las proyecciones del INE y organismos internacionales, que estimaban alrededor de 16.6 millones, e incluso más distante del registro del Renap, que reportaba 19.7 millones. Las discrepancias podrían explicarse por una alta omisión censal, emigración creciente, reducción en fecundidad o deficiencias en los registros del Renap. Sin embargo, la publicación prematura de cifras preliminares, inédita en la historia censal, alimenta las sospechas. La credibilidad del INE depende de que ofrezca explicaciones técnicas claras que aclaren el origen de las diferencias y den certeza a la información.
EL MUNDO NO NECESITA UNA GUERRA COMERCIAL
La economía mundial atraviesa una etapa de desaceleración marcada por el resurgimiento del proteccionismo, especialmente entre Estados Unidos y China. Las medidas restrictivas y las represalias comerciales han debilitado uno de los motores más importantes del progreso global: el libre intercambio de bienes. La historia demuestra que las naciones que abrieron sus fronteras prosperaron, mientras que aquellas que erigieron barreras enfrentaron crisis profundas, como ocurrió en la Gran Depresión de los años treinta. El comercio internacional permite a los países exportar lo que producen mejor, importar lo necesario y acceder a mayor variedad de bienes. Además, fomenta el desarrollo en economías menos avanzadas, que luego se convierten en mercados para los países ricos. Repetir errores proteccionistas solo agravaría la fragilidad actual de la economía mundial.
LA AUSENCIA DEL ESTADO Y SUS CONSECUENCIAS
La ausencia del Estado en regiones como el Valle del Polochic, Ixil, la costa Sur-Occidental y el norte de Petén ha permitido que el crimen organizado ejerza control, afectando la seguridad, la gobernanza y el progreso económico. El Estado debe garantizar bienes públicos esenciales como seguridad, justicia, participación política, educación, salud e infraestructura, pero su incapacidad para hacerlo refleja su fragilidad. Según el Índice de Estados Frágiles 2019, Guatemala se encuentra en “alerta elevada”, lo que evidencia debilidades sociales, políticas y económicas significativas. El incidente reciente en El Estor evidencia la urgencia de reformas institucionales que recuperen la capacidad estatal de proveer servicios y seguridad de calidad en todo el territorio, esenciales para proteger a los ciudadanos y promover el desarrollo sostenible del país.
UNA AGENDA LEGISLATIVA PARA FORTALECER LA ECONOMÍA
El Congreso de la República transita un periodo de baja actividad tras la resaca electoral, con escaso quórum y la mayoría de diputados próximos a concluir su mandato. No obstante, existe una ventana para impulsar una agenda legislativa políticamente viable enfocada en fortalecer la economía. Entre las iniciativas destacan la regulación de insolvencias para dar certeza jurídica, leyes de estabilidad jurídica para inversiones, reformas para infraestructura vial, mejoras en el INE y la creación de una agencia de promoción de inversiones y exportaciones. Su aprobación contribuiría a mejorar el clima de inversión, atraer capital extranjero y optimizar la competitividad del país. La legislatura actual aún tiene la oportunidad de dejar un legado duradero en la economía y el bienestar ciudadano.
EL RETRASO DEL CENSO
La publicación del XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda se ha retrasado más de un año, pero el problema de fondo es que el censo anterior data de 2002, incumpliendo la Ley Orgánica del INE que exige un censo cada diez años. Este retraso evidencia la debilidad institucional y la falta de cumplimiento de las leyes en Guatemala, un patrón recurrente en diversas normas nacionales. El INE debería contar con reglamentos claros y apoyo presupuestario para garantizar la periodicidad censal, mientras que el Congreso tiene la obligación de fiscalizar y fortalecer las capacidades del instituto. La información demográfica y habitacional es vital para políticas públicas efectivas, por lo que es urgente priorizar la regularidad y confiabilidad de los censos nacionales.
SIN INSTITUCIONES NO HAY PROGRESO
El principal obstáculo para que Guatemala genere más empresas, oportunidades de empleo y crecimiento económico no son factores macroeconómicos, sino la debilidad de sus instituciones y la gobernanza endeble. La ineficiencia estatal impacta la provisión de servicios públicos esenciales como educación, salud, seguridad y justicia, limita la productividad empresarial y encarece el costo de hacer negocios. La falta de credibilidad del Estado reduce la recaudación tributaria, dificultando la financiación de infraestructura y capital humano. Esta debilidad se refleja también en la baja inversión en capital fijo, menor que la de los vecinos regionales. Por ello, el nuevo gobierno y Congreso deberán priorizar la reforma institucional y el fortalecimiento del Estado, como requisito indispensable para fomentar inversión, empleo y desarrollo sostenible.
LA HORA DE LOS ESTADISTAS
Con el cierre de las elecciones, el país enfrenta el desafío de pasar de la retórica electoral a la acción gubernamental. El próximo presidente deberá evitar la tentación de prometer soluciones para todos los problemas y concentrarse en priorizar políticas claras y alcanzables. Guatemala arrastra tres grandes males: desnutrición infantil, crimen organizado y falta de oportunidades económicas, todos relacionados con la debilidad institucional y la ausencia de un Estado eficaz. La etapa de transición es clave para que las autoridades electas convoquen a la unidad nacional, construyan consensos y diseñen una agenda mínima enfocada en lo esencial. Esto implica reconocer que el aparato estatal es insuficiente y requiere reformas profundas en justicia, servicio civil, gasto público y sistema político. Sin consensos, el país seguirá estancado.
REQUIEM POR LA MINERÍA
Entre 2006 y 2015, la minería se consolidó como uno de los sectores más dinámicos de la economía, con un crecimiento anual superior al 9% y aportes fiscales significativos. Sin embargo, el panorama cambió drásticamente a partir de 2015, con el cierre de minas como Marlin y Tambor, y la suspensión de El Escobal y Fénix por fallos de la Corte de Constitucionalidad, que subrayaron la falta de consultas comunitarias exigidas por el Convenio 169 de la OIT. Como resultado, la actividad minera se desplomó a una tasa negativa del 16% anual, perdiendo relevancia económica y fiscal. A diferencia de países sudamericanos con marcos regulatorios sólidos, Guatemala se hunde en la incertidumbre, dejando espacio a empresas con bajos estándares que amenazan al Estado, las comunidades y el medio ambiente.
REMESAS BAJO AMENAZA
Donald Trump no ha actuado contra Guatemala en específico, sino que ha usado presión y coerción contra múltiples países desde el inicio de su mandato. Sin embargo, las amenazas relacionadas con la migración afectan gravemente al país, especialmente por la importancia de las remesas, que representan el 12% del PIB y sostienen el consumo de más de un millón y medio de hogares. Una disminución significativa en los flujos de remesas tendría efectos devastadores: caída del consumo en más de 8%, menor inversión, depreciación del quetzal, mayor inflación y un aumento en las tasas de interés. Aunque este escenario aún no es inminente, las tensiones migratorias persistirán y el reto para Guatemala será negociar con mayor dignidad y eficacia, evitando ceder solo bajo amenazas.
REACTIVACIÓN ECONÓMICA ¿PAR CUÁNDO?
La economía nacional enfrenta un crecimiento estancado en torno al 3%, por debajo del 4% histórico y lejos del 6% necesario para mejorar el desarrollo. Factores internacionales como la debilidad del comercio mundial y la caída de la inversión se suman a problemas internos como la incertidumbre política, la baja confianza de consumidores e inversionistas y la incapacidad institucional para ejecutar proyectos públicos. Las herramientas tradicionales de política fiscal y monetaria tienen un alcance limitado: el gasto está restringido por baja recaudación y rigidez presupuestaria, mientras que la transmisión de medidas monetarias se ve afectada por la débil penetración financiera. En este contexto, solo un cambio en las expectativas políticas podría generar el optimismo necesario para reactivar la economía y fortalecer la confianza empresarial.
HAGAMOS GRANDE A CENTROAMÉRICA OTRA VEZ
George Shultz y Pedro Aspe argumentan que la forma más efectiva de reducir la migración irregular del Triángulo Norte no es con muros ni políticas represivas, sino con inversión y fortalecimiento institucional. Señalan que los migrantes huyen de la falta de oportunidades económicas, la inseguridad, la violencia y la debilidad de los gobiernos en la región. Según ellos, los países ricos también necesitan migrantes, pero de forma ordenada y sostenible, y el desafío será aún mayor con futuros flujos desde naciones más grandes y pobres como Nigeria o India. Estados Unidos podría impulsar soluciones a través de cooperación, ayuda externa y organismos multilaterales, pero hasta ahora sus políticas han sido cortoplacistas y poco efectivas. Atender las causas estructurales es clave para frenar el éxodo.
PERSPECTIVAS ECONÓMICAS: NADA MEJOR, NO MUCHO PEOR
La economía mundial atraviesa un proceso de debilitamiento debido a la guerra comercial de Estados Unidos con China y a la creciente incertidumbre política internacional. Este panorama ha reducido las proyecciones de crecimiento global para 2019-2020 y ha deteriorado la confianza empresarial, afectando tanto el comercio como la inversión. Para Guatemala, este entorno implica dificultades para recuperar sus exportaciones y atraer capitales externos. Si bien la inversión pública y privada pueden mitigar parcialmente el impacto, su efectividad dependerá de la capacidad del nuevo gobierno para reducir la incertidumbre política. El gasto público aumentará, aunque su peso sigue siendo limitado. En última instancia, será el consumo de los hogares, sostenido principalmente por las remesas, el que continúe impulsando el modesto crecimiento nacional.
UNA MALA IDEA, POLÍTICAMENTE SEXY
El debate en el Congreso sobre imponer un tope a las tasas de interés en tarjetas de crédito parte de buenas intenciones, pero ignora sus consecuencias negativas. Aunque busca facilitar el acceso al financiamiento, la medida terminaría restringiéndolo, ya que los bancos no asumirán los riesgos de prestar a quienes carecen de historial crediticio o garantías. La experiencia internacional confirma que los precios tope reducen la oferta de crédito, afectando sobre todo a los más pobres y vulnerables. Casos en África, Nicaragua y Estados Unidos demuestran que este tipo de controles disminuyen la disponibilidad de préstamos y excluyen a los sectores que más los necesitan. En lugar de medidas populistas, la solución está en fomentar la transparencia, ampliar la competencia y fortalecer el acceso a información crediticia.
¿QUÉ HAY DE MALO CON EL TSE?
El reciente colapso del sistema electoral no se debe a fraude en las urnas, sino a la incapacidad del Tribunal Supremo Electoral (TSE), debilitado por fallas estructurales y magistrados sin independencia ni capacidad técnica. Lo que alguna vez fue una de las instituciones más confiables del Estado hoy enfrenta una crisis de credibilidad y prestigio, alimentando la incertidumbre y beneficiando a intereses oscuros, incluido el crimen organizado. La solución no pasa por repetir elecciones ni por simples renuncias, sino por una reforma seria que garantice magistrados independientes y un TSE eficiente. Separar funciones jurisdiccionales de las administrativas permitiría mejorar su desempeño y blindarlo contra presiones políticas y tentaciones de corrupción. Sin estas reformas, la democracia guatemalteca permanecerá en riesgo.
SIN PERDER EL OPTIMISMO, PERO...
El proceso electoral de 2019 en Guatemala dejó un ambiente de frustración y resignación, tras demostrar que las expectativas de cambio generadas en 2015 se desvanecieron entre confrontaciones ideológicas y reformas superficiales que no alteraron el sistema político corroído. La reforma electoral de 2016 evidenció las debilidades del Tribunal Supremo Electoral y apenas afectó a las viejas prácticas de compra de votos, voluntades e influencias. El Congreso electo para 2020-2024 estará dominado por actores tradicionales, algunos con sospechas de vínculos con el crimen organizado, aunque también ingresará una minoría de diputados dispuestos a promover reformas de largo plazo. Su desafío será enorme, pero imprescindible, ya que sin un fortalecimiento institucional el país enfrentará más corrupción, emigración, confrontación y una gobernabilidad cada vez más frágil.