MAMAR DE LA UBRE SECA DEL FISCO
La práctica de regalar dinero desde el erario refleja la decadencia del sistema político, caracterizado por propuestas mediocres y soluciones populistas. Pactos colectivos con cláusulas insostenibles, dádivas a grupos de presión como excombatientes o adultos mayores, y apoyos improvisados a sectores afectados por crisis muestran cómo se privilegia la salida fácil en lugar de reformas estructurales. Estas medidas dañan la sostenibilidad fiscal, socavan el seguro social y distorsionan la atención de problemas de largo plazo. Aunque se venden como actos de justicia social, sus consecuencias son nefastas: minan las finanzas públicas, generan dependencia y amenazan la estabilidad económica construida con esfuerzo.
EMPRESAS Y GOBIERNO
En Latinoamérica se ha extendido la idea de que gobierno y empresas son enemigos irreconciliables: desde la derecha se acusa al Estado de intervenir en exceso, mientras desde la izquierda se retrata a las empresas como explotadoras y evasoras. Esta visión simplista alimenta la polarización y lleva a propuestas que buscan destruir sistemas existentes sin considerar sus logros, como en Chile. Sin embargo, en un capitalismo moderno ambos se necesitan: el gobierno requiere empresas para generar empleo e ingresos, y las empresas necesitan instituciones, infraestructura y estabilidad. La cooperación equilibrada entre ambos es clave para el progreso y la paz social.
MEDIDAS PARA ACELERAR EL CRECIMIENTO
Tras la recesión provocada por la pandemia, Guatemala experimenta un rebote económico que podría estancarse si no se impulsa la productividad. Aunque las grandes reformas institucionales solo rinden frutos en el mediano plazo, existen medidas inmediatas para fortalecer sectores dinámicos y facilitar la transición de aquellos más golpeados. Entre ellas figuran la regulación del trabajo a tiempo parcial, programas de capacitación tecnológica, un seguro de desempleo, un marco legal de insolvencias, esquemas de garantía crediticia y mecanismos de arbitraje. Estas herramientas ya cuentan con propuestas concretas; lo que falta es que los tres poderes del Estado las prioricen y ejecuten.
REFORMAR EL TSE
El TSE ha perdido credibilidad y confianza por prácticas cuestionables y por concentrar funciones operativas que deberían ser administrativas. Para fortalecerlo, los magistrados deberían enfocarse exclusivamente en la justicia electoral y en la estrategia del sistema de partidos, mientras que la administración recaería en un ente técnico. Además, el TSE podría emular tribunales exitosos de otros países mediante plazos largos, renovación escalonada de magistrados y evaluaciones efectivas de méritos. Reformar este pilar institucional es vital para proteger la democracia guatemalteca, pero su implementación depende de un Congreso que difícilmente percibe beneficios inmediatos, aunque las consecuencias de no actuar serán graves a largo plazo.
PARA DESENCADENAR EL CRECIMIENTO
En Guatemala, las últimas tres décadas de crecimiento económico se explican mayormente por el trabajo y el capital, mientras que la productividad ha aportado casi nada. Con la disminución futura del crecimiento de la población en edad laboral y los rendimientos decrecientes de la inversión en capital, el aumento de la productividad es indispensable para lograr prosperidad, empleo formal y reducción de la pobreza. Un estudio del Banco Mundial señala que impulsar la productividad requiere reformas integrales en educación, infraestructura, eficiencia de mercados, clima de negocios, innovación y calidad institucional, incluyendo seguridad jurídica, derechos de propiedad y combate a la corrupción.
FORTALECER EL IGSS
El IGSS, legado de la Revolución de 1944, brinda protección social y estabilidad económica, pero arrastra debilidades evidenciadas por la pandemia. Un sistema más ágil, tecnificado y de mayor cobertura puede fomentar empleo, flexibilidad laboral y consumo estable ante crisis. Para lograrlo, la Junta Directiva, gerencia y cuerpos técnicos deben ser competentes y respetar la autonomía constitucional del IGSS. El nombramiento del próximo presidente y su suplente es decisivo: líderes idóneos pueden implementar políticas de bienestar social efectivas y modernas, mientras que una elección equivocada podría afectar negativamente la economía y la paz social del país.
OPORTUNIDADES Y AMENAZAS PARA LA ECONOMÍA
Fitch Ratings reafirmó la calificación BB- de Guatemala, destacando la estabilidad macroeconómica, bajo nivel de deuda y reservas internacionales, pero señaló como debilidades la baja recaudación tributaria, la débil institucionalidad y los pobres indicadores de desarrollo humano, problemas exacerbados por la inoperancia política. Las amenazas incluyen déficit fiscal creciente, disfuncionalidad parlamentaria y riesgos de eventos políticos internos y externos que podrían frenar la recuperación económica. Entre las oportunidades destacan reformas fiscales, incremento de inversión y cierre de brechas de infraestructura, así como mejoras en gobernanza y desarrollo humano mediante reformas profundas a las instituciones estatales.
ENORME RETROCESO
El Congreso aprobó reformas a la Ley de Contrataciones que elevan drásticamente los montos permitidos para compras sin licitación: de Q25 mil a Q75 mil en adquisiciones de baja cuantía y de Q90 mil a Q175 mil en compras directas. Estos incrementos, muy por encima de la inflación acumulada, carecen de sustento técnico y debilitan gravemente los controles de calidad y transparencia. Con la nueva normativa, más del 90% de adquisiciones municipales quedarán fuera de mecanismos de competencia y fiscalización. Las verdaderas causas de ineficiencia radican en la mala planificación, el débil servicio civil y la ineficaz supervisión de la Contraloría.
REFORMAR EL SERVICIO CIVIL
Un foro auspiciado por el G-13 destacó la urgencia de modernizar el sistema de servicio civil en Guatemala, subrayando dos buenas noticias: el diagnóstico y propuestas del Ministerio de Trabajo, y el interés de la comunidad internacional en apoyar la reforma. Se señaló que modificar la Ley del Servicio Civil es necesario, pero insuficiente, ya que la transformación debe abarcar normas, estructuras y prácticas que impulsen una administración pública profesional y eficaz. Los objetivos esenciales incluyen fortalecer la ONSEC, privilegiar el mérito, profesionalizar la carrera administrativa y regular negociaciones colectivas. El desafío mayor recae en el Congreso, llamado a legislar con responsabilidad.
UNA AGENDA AGRESIVA PARA EL TRIÁNGULO NORTE
La crisis migratoria en la frontera sur de Estados Unidos, con más de medio millón de centroamericanos detectados en seis meses, ha llevado a ese país a enfocarse en las causas raíz del éxodo. La vicepresidenta Harris propone acciones que trascienden el corto plazo. Entre las medidas sugeridas destacan: aduanas especiales administradas por EE. UU., la modernización del RD-CAFTA, un ambicioso plan de infraestructura regional con gobernanza anticorrupción y una reforma institucional profunda que garantice justicia independiente, servicio civil profesional y gasto eficiente. Esta agenda busca impulsar crecimiento económico, fortalecer instituciones y reducir la migración desde el Triángulo Norte.
PARA SALIR DE ESTA LARGA PANDEMIA
El FMI proyecta un crecimiento del 4.5% para Guatemala en 2021, tras la caída de 1.5% causada por la pandemia. Sin embargo, la persistencia del Covid-19 y sus secuelas estructurales, como la afectación de ingresos de la clase media, el cierre escolar prolongado y los déficits fiscales, generan incertidumbre sobre estas proyecciones. La prioridad inmediata es acelerar la vacunación masiva y fortalecer los sistemas de salud, mientras que en el mediano y largo plazo se requiere un esfuerzo triple: reformas institucionales, ampliación del acceso a infraestructura y servicios, y medidas fiscales que recuperen la sostenibilidad y fomenten el crecimiento económico.
REFORMAS AL SISTEMA ELECTORAL
Tras el turbulento proceso electoral de 2019, Guatemala enfrenta la necesidad de reformas que fortalezcan la representatividad, el TSE y la certeza normativa. La iniciativa reciente del TSE introduce cambios positivos, como la regulación de la campaña electoral, la separación de fases del proceso y, especialmente, el voto preferente para diputados, que permite a los ciudadanos elegir candidatos específicos y promover la rendición de cuentas. Sin embargo, ciertas normas sobre transfuguismo, fiscalización de partidos y composición de juntas electorales requieren ajustes. Las futuras reformas deben consolidar la proporcionalidad en escaños, fortalecer al TSE, facilitar la participación ciudadana y acercar electores y representantes.
GUATEMALA FELIZ (2021)
El noveno Reporte Mundial de Felicidad sitúa a Guatemala en el puesto 30 global, mostrando que la satisfacción con la vida se mantiene pese a la pandemia. La buena calificación se explica por la libertad de decisión y la capacidad de experimentar emociones positivas, mientras que ingresos, apoyo social, salud, generosidad y percepción de corrupción presentan niveles bajos. Esto evidencia que la felicidad depende más de la confianza en los demás y en las instituciones que de la riqueza material. Mejorar la calidad institucional y la capacidad de generar ingresos podría elevar aún más la satisfacción de los guatemaltecos.
EL ESLABÓN MÁS DÉBIL
La administración Biden ha cambiado el enfoque hacia la migración centroamericana, priorizando las causas estructurales que impulsan la emigración, como la corrupción, la inseguridad y la falta de oportunidades económicas. Sin embargo, los fondos del Plan Biden se canalizarán principalmente a comunidades y ONG, excluyendo parcialmente a los gobiernos, lo que evidencia la debilidad institucional de la región. Para que la inversión tenga un efecto duradero, es imprescindible fortalecer las capacidades estatales y promover reformas profundas en los tres poderes del Estado. El desafío del plan será equilibrar recursos económicos con apoyo técnico y político que construya instituciones eficientes.
UNA ESTRATEGIA DE REACTIVACIÓN
El reciente informe del BID sobre Centroamérica subraya la urgencia de enfrentar desigualdad y descontento social tras la pandemia, señalando para Guatemala la necesidad de fortalecer la institucionalidad. En paralelo, el Consejo Económico y Social (CES) presentó su Plan de Reactivación Económica y Social (PRES), que integra medidas ya discutidas —como competitividad, desarrollo rural y empleo digno— con componentes estructurales claves: transparencia en el gasto, sostenibilidad fiscal, reforma del servicio civil y sistemas de información confiables. No obstante, el plan aún es general y requiere priorización, propuestas concretas y reformas profundas en instituciones como INE, ONSEC, Contraloría y justicia.
CC: UN PROBLEMA DE DISEÑO
La reciente crisis en la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad evidenció graves debilidades en su diseño institucional, que socavan la independencia y credibilidad del sistema judicial. Problemas como la elección simultánea de magistrados, los periodos cortos de mandato y la falta de criterios claros de mérito han alimentado disputas y desconfianza. Reformas como establecer elecciones escalonadas, ampliar la duración de los cargos y priorizar la evaluación profesional permitirían fortalecer la excelencia y autonomía de los jueces. Además, separar las funciones jurisdiccionales de las administrativas reduciría tentaciones indebidas y mejoraría la gobernanza, garantizando certeza jurídica y confianza ciudadana.
INDUSTRIAS CREATIVAS: UN MOTOR DE LA ECONOMÍA
Las industrias creativas, conocidas como “economía naranja”, representan un sector dinámico que combina talento, propiedad intelectual y cultura. En Guatemala, aportaban ya un 7.3% del PIB y crecían más rápido que otras ramas, generando empleo y alta productividad. Este campo abarca desde artes y diseño hasta software y videojuegos, los cuales emergen como motor clave pese a resistencias tradicionales. La pandemia aceleró la expansión de servicios creativos, impulsados por la digitalización y nuevas formas de consumo. Aprovechar su potencial requiere políticas culturales modernas que protejan la propiedad intelectual, fomenten la conectividad y creen condiciones favorables para la innovación artística y económica.
LA MEJOR POLÍTICA DE REACTIVACIÓN
La pandemia provocó la pérdida de más de 60 mil empleos formales y un fuerte incremento del subempleo en Guatemala, debilitando el consumo de los hogares, motor principal de la economía. La inversión, otro pilar esencial, también cayó de forma drástica, profundizando las limitaciones estructurales del crecimiento. La recuperación exige restablecer la confianza, algo imposible sin certeza jurídica ni un plan claro frente a la crisis sanitaria. La vacunación masiva surge como la herramienta más poderosa para revertir la incertidumbre: unifica, inspira y puede dinamizar tanto consumo como inversión, constituyendo la política más efectiva de corto plazo para la reactivación económica.
LO BUENO, LO MALO Y LO FEO
La economía guatemalteca mostró resiliencia en 2020 gracias a la estabilidad fiscal y monetaria, el apoyo de las remesas y la diversificación exportadora, factores que sostuvieron el consumo y moderaron el impacto de la pandemia. Sin embargo, el gran lastre es la inversión, históricamente baja y desplomada durante la crisis, lo que explica el lento crecimiento del país en las últimas décadas. A ello se suma la fragilidad institucional, que genera incertidumbre, limita servicios públicos esenciales y reduce la productividad. El reto es preservar las fortalezas macroeconómicas sin caer en el inmovilismo, y al mismo tiempo impulsar reformas profundas que fortalezcan las instituciones.
FALTA CREAR OPORTUNIDADES
Guatemala figura entre los países menos atractivos de Latinoamérica para la inversión, según el Índice Global de Oportunidades del Milken Institute, donde ocupa el puesto 97 a nivel mundial y 11 regional. Aunque se destaca en estándares internacionales, muestra debilidades graves en servicios financieros, fundamentos económicos, marco institucional y, especialmente, percepción de negocios, donde figura entre los últimos lugares. Estos resultados evidencian que no basta con promover sectores estratégicos ni con resaltar ventajas naturales o estabilidad macroeconómica: la clave está en fortalecer el estado de derecho, garantizar certeza jurídica, combatir la corrupción y construir instituciones confiables que generen confianza.