2022, DESAFÍOS ECONÓMICOS (Parte II)
Aunque Guatemala mantiene estabilidad macroeconómica, su crecimiento ha sido históricamente bajo, con uno de los peores desempeños de PIB per cápita en Centroamérica y Latinoamérica. Las principales causas son la reducida inversión en infraestructura, inferior al 15% del PIB, y una productividad laboral estancada durante décadas. Superar este desafío estructural exige garantizar certeza jurídica y fortalecer instituciones que generen confianza, promuevan inversión y permitan la adopción de tecnologías. Reformar sistemas como justicia, servicio civil, partidos políticos y regulación de mercados es indispensable para mejorar la productividad sistémica, asegurar crecimiento sostenido y ampliar las oportunidades de bienestar para la población.
RECUPERACIÓN ECONÓMICA EN 2021
En 2021 Guatemala alcanzó una tasa de crecimiento del 7.5%, la más alta en cuatro décadas, impulsada sobre todo por el consumo de los hogares y las remesas récord. Este repunte permitió recuperar el nivel de producción que se habría tenido sin la pandemia, aunque no superarlo. El PIB llegó a Q544 millardos, apenas por debajo de los Q548 millardos estimados sin la crisis. Las medidas fiscales y monetarias ayudaron a mitigar el impacto y acelerar la recuperación, demostrando resiliencia. Sin embargo, persiste la dependencia del consumo interno y las remesas, lo que exige fortalecer inversión y productividad en adelante.
2022, DESAFÍOS ECONÓMICOS (Parte I)
Guatemala enfrenta en 2022 el reto de preservar la estabilidad económica que la ha caracterizado, pese a su lento crecimiento. La recuperación tras la recesión de 2020 ha sido positiva, con inflación controlada, tipo de cambio estable, tasas de interés competitivas y déficit fiscal en niveles sostenibles. Sin embargo, la deuda pública adquirida durante la pandemia y el repunte inflacionario mundial representan riesgos importantes. El país deberá mantener una política fiscal prudente y una política monetaria firme y creíble, capaz de responder a la inflación importada y al endurecimiento del financiamiento internacional, garantizando confianza en los mercados y resiliencia económica.
¿IGNORIACIA O IRRESPONSABILIDAD?
La iniciativa de Ley Bono de la Esperanza propone entregar transferencias de dinero a familias en pobreza y pobreza extrema mediante bonos de salud, educación y nutrición. Sin embargo, la propuesta tiene tres defectos críticos: generaría un gasto adicional cercano al 17 % del presupuesto estatal, aumentando el déficit fiscal y poniendo en riesgo la estabilidad macroeconómica; incrementaría la rigidez presupuestaria, limitando la flexibilidad financiera; y carece de mecanismos para garantizar el uso adecuado de los recursos, sin datos confiables de beneficiarios ni resultados medibles. Sus efectos reales serían más perjudiciales que beneficiosos para los sectores vulnerables.
¿QUÉ PAÍS QUEREMOS?
El informe “Guatemala: ¿Qué país queremos?” del CES identifica propuestas para estructurar un eventual diálogo nacional, centradas en cuatro ámbitos: reformas institucionales que garanticen certeza jurídica; acciones económicas para incrementar productividad y crecimiento; medidas ambientales y urbanas que promuevan sostenibilidad; y fortalecimiento social que fomente la cultura de paz. La implementación enfrenta desafíos significativos, como la falta de perseverancia en políticas públicas y la resistencia al cambio. Priorizar iniciativas clave, como la reestructuración del sistema electoral y el combate a la desnutrición, es esencial para avanzar. El diálogo debe armonizarse con esfuerzos existentes para evitar rezagos frente a otros países.
PACTOS COLECTIVOS
Los pactos colectivos en Guatemala se han desnaturalizado, generando un crecimiento descontrolado de la masa salarial del Estado sin mejorar la calidad de los servicios públicos. Entre 1998 y 2019, la participación del Ministerio de Educación en la masa salarial pasó del 29.7% al 44.5%, y para 2022 se prevé un aumento adicional de Q2.4 millardos, parte financiado con deuda. Es urgente reglamentar la negociación colectiva, involucrando al Ministerio de Finanzas, al Ministerio de Trabajo y a la ONSEC, con transparencia sobre recursos disponibles y vínculos claros con desempeño, para evitar riesgos fiscales y proteger la sostenibilidad del Estado.
PRESUPUESTO 2022: LO BUENO, LO MALO Y LO FEO
El presupuesto de 2022 fue aprobado tras un debate superficial centrado en el reparto clientelar del erario. A pesar de que permite fiscalización y cierto nivel de transparencia, el déficit fiscal será mayor al de 2021 y se incorporan aumentos injustificados en sueldos y programas dudosos. Se normaliza la opacidad en la asignación de recursos a ONGs y municipalidades, se permite financiar gasto corriente con deuda y persisten problemas estructurales como el crecimiento de la masa salarial y los agujeros financieros en clases pasivas e IGSS. Todo esto limita la capacidad del Estado para ofrecer servicios públicos esenciales.
DÉBIL INSTITUCIONALIDAD FISCAL EN EL CONGRESO
El Congreso tiene la obligación de vigilar que el presupuesto no sobredimensione ingresos, que el déficit no comprometa la estabilidad y que no se financie gasto corriente con deuda. También debe fiscalizar el gasto de municipalidades y entidades públicas, así como evaluar iniciativas con impacto fiscal. Sin embargo, la Comisión de Finanzas carece de respaldo técnico suficiente, lo que limita la calidad de sus decisiones. Por ello, se plantea crear una oficina independiente similar a la Congressional Budget Office de EE. UU., capaz de proveer análisis objetivos. Este paso modernizaría la política fiscal y frenaría prácticas arbitrarias en la asignación de recursos.
SOLUCIONES BARATAS PARA LOS PRECIOS CAROS
El aumento mundial en precios de combustibles, gas y materias primas refleja un desbalance entre oferta insuficiente y demanda en expansión tras la pandemia. Ante este fenómeno global y temporal, las propuestas políticas de exoneraciones fiscales o subsidios son riesgosas, pues distorsionan el mercado, erosionan las finanzas públicas y no resuelven el problema de fondo. La respuesta adecuada es fortalecer la política monetaria, dotando al banco central de independencia y de un IPC confiable para guiar decisiones. Así podrá aplicar restricciones cuando sea necesario y evitar que la inflación se descontrole. Sin disciplina monetaria, el costo lo asumirán los ciudadanos.
GASTO PÚBLICO DE BAJA CALIDAD
El debate sobre el presupuesto 2022 evidencia que aumentar el gasto sin corregir fallas estructurales solo multiplica ineficiencias. El gasto público en Guatemala privilegia el funcionamiento sobre la inversión, impulsado por un crecimiento desmedido de la planilla estatal y compromisos financieros que comprometen la sostenibilidad fiscal. Urge revisar la legislación del servicio civil, las clases pasivas y los pactos colectivos. También debe fortalecerse la fiscalización de gobiernos locales, descentralizadas y ONGs que reciben fondos sin controles adecuados. La clave no es gastar más, sino asegurar calidad, transparencia y eficiencia en la ejecución. De lo contrario, cualquier incremento presupuestario será inútil.
CÓMO EXPORTAR MÁS (Y MEJOR)
El crecimiento guatemalteco se sustenta en el consumo más que en las exportaciones, lo que plantea el reto de diversificar la base productiva. Un estudio del FMI demuestra que la clave no está en políticas industriales dirigidas a sectores específicos, sino en crear condiciones generales que favorezcan la apertura y la sofisticación comercial. Cuatro factores resultan decisivos: la reducción de barreras al comercio, infraestructura moderna que agilice la conectividad, una población mejor educada y la gobernanza estatal que brinde certeza y eficiencia. Sin reformas estructurales en estas áreas, será imposible construir un sector exportador competitivo y de mayor valor agregado.
¿SOMOS UNA ECONOMÍA EN DESARROLLO?
Las clasificaciones de países emergentes por niveles de ingreso o modelos de desarrollo no reflejan del todo las realidades económicas. Guatemala, cuyo crecimiento se sostiene en el consumo y los servicios alimentados por remesas, encaja en el modelo terciario. Sin embargo, ningún modelo garantiza por sí mismo el desarrollo; los casos de éxito muestran que lo decisivo es la existencia de instituciones sólidas, certeza jurídica, paz social y políticas de largo plazo. Sin estos elementos, incluso las estrategias más prometedoras fracasan. La clave, por tanto, no está en copiar un modelo, sino en crear condiciones institucionales y de gobernanza efectivas.
COLAPSO EN CÁMARA LENTA
Guatemala enfrenta un colapso progresivo en su infraestructura pública, reflejado en el desplome de la calidad de sus carreteras y en la caída de la inversión, que hoy representa la mitad de lo destinado hace 25 años. El problema no es únicamente de recursos, sino de un sistema de inversión pública deficiente, opaco y vulnerable a la corrupción. Sin instituciones sólidas que planifiquen, evalúen y ejecuten proyectos con eficiencia y transparencia, cualquier aumento presupuestario seguirá produciendo obras costosas y de baja calidad. Reformar la gobernanza de la infraestructura es crucial para impulsar el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida.
UNA LEY ENGAÑOSA
La reforma a la Ley de Alimentación Escolar fue aprobada con amplio respaldo político y social, pero su diseño revela serias deficiencias. El aumento de recursos para repartir alimentos no combate la desnutrición crónica, que debe atenderse en etapas más tempranas y dentro de una política integral. Tampoco se ha evaluado si el programa mejora la asistencia o el rendimiento escolar, más aún con la pandemia interrumpiendo la presencialidad. El esquema, además, abre espacio para clientelismo y corrupción en las compras públicas. Con un costo anual de hasta mil millones de quetzales, la reforma representa un riesgo fiscal y social.
¿PODREMOS SALIR ADELANTE?
Guatemala enfrenta el desafío de reformar su sistema electoral y de partidos, debilitado y capturado por intereses que bloquean el cambio. La ausencia del Estado en servicios básicos ha generado un vacío de ciudadanía, alimentando la desconfianza hacia las instituciones. Aunque las reformas dependen de una clase política que se beneficia del statu quo, también requieren presión social. El clima de polarización dificulta acuerdos, pero experiencias pasadas muestran que el país puede alcanzar consensos en momentos clave. Sin una agenda mínima compartida, la fragilidad democrática corre el riesgo de convertirse en una amenaza real para el futuro nacional.
RECOBRAR LA DISCIPLINA
La pandemia provocó un fuerte aumento del gasto público y una caída de la recaudación, disparando el déficit y el endeudamiento en Guatemala. Aunque la recuperación económica y tributaria desde finales de 2020 ha mejorado temporalmente las cuentas fiscales, persisten riesgos internos y externos que podrían frenar esa tendencia. La deuda pasó del 26% al 32% del PIB y su peso frente a los ingresos tributarios alcanzó un preocupante 315%, deteriorando la calificación de riesgo soberano. El FMI ha enfatizado la urgencia de mejorar la transparencia, combatir la corrupción y fortalecer la gestión pública. Recuperar la disciplina fiscal es indispensable.
PRESUPUESTO DEL ESTADO Y DÉFICIT FISCAL
El presupuesto estatal no es solo un reparto de recursos, sino una declaración de la política fiscal y una señal clave para los mercados. En 2020, el déficit se disparó a 4.5% del PIB por la pandemia, el mayor en cuatro décadas. En 2021, gracias a una recaudación tributaria en alza y un gasto más contenido, se prevé cerrarlo en 2.5%, un avance significativo. Sin embargo, el proyecto de presupuesto 2022 plantea un déficit de 2.8%, lo que implicaría un retroceso en la consolidación fiscal. Es fundamental que el Congreso ajuste el techo de gasto para mantener la disciplina y credibilidad económica.
LOS RIESGOS DEL TOQUE DE QUEDA
Tras más de un año de pandemia, los confinamientos han demostrado ser costosos económica y socialmente, mientras su efectividad resulta limitada en países pobres como Guatemala. Un toque de queda de ocho horas podría costar más de tres millardos de quetzales y miles de empleos, además de debilitar la gobernabilidad y fomentar el miedo ciudadano. La clave no está en restringir libertades, sino en reforzar el sistema hospitalario, mejorar la remuneración y condiciones del personal sanitario, limitar aforos, fomentar el teletrabajo y, sobre todo, implementar una campaña masiva de vacunación. Estas acciones no requieren decretos, sino capacidad política para ejecutarse.
PELIGROSA ECUACIÓN
La incapacidad del Estado para proveer servicios esenciales refleja una ausencia que erosiona la confianza ciudadana y debilita la democracia. A esto se suma el creciente desencanto social frente a la corrupción y la mala gestión, agravado por la pandemia. Cuando a estos factores se añade un detonante puntual —como en Chile o Guatemala en 2020— surge el riesgo de un estallido social que favorece el ascenso de movimientos populistas radicales. Aunque inicialmente atractivos, estos generan incertidumbre, deterioro económico y pérdida de paz social. Evitarlo exige rescatar y fortalecer las instituciones fundamentales del Estado, única garantía de estabilidad y desarrollo.
POLÍTICAS SOCIALES Y DESARROLLO
Las políticas sociales en Guatemala han carecido de coherencia y continuidad, lo que limita su impacto en la reducción de la pobreza y el desarrollo humano. Estas deben concebirse como complemento de las políticas económicas, ya que juntas fortalecen la demanda interna y el crecimiento. Sin embargo, la baja productividad laboral —una de las más rezagadas del continente y estancada por 15 años— refleja el peso de un entorno institucional débil. Migrantes que prosperan en otros países demuestran cómo la productividad depende del contexto. Por ello, fortalecer justicia, gobernanza y gestión pública es esencial para políticas sociales eficaces.