LOS COSTOS DE LA VIOLENCIA
23/mayo/2011
LA VIOLENCIA CRIMINAL LE CUESTA A GUATEMALA EL 7.7% DE SU PIB CADA AÑO
La violencia criminal asociada al narcotráfico acarrea una serie de nefastas consecuencias sobre múltiples aspectos de la vida nacional. Además de su terrible impacto en términos de sufrimiento humano, los actos de barbarie cometidos por el crimen organizado también generan elevados costos económicos que agravan esta tragedia, costos que conviene identificar y cuantificar para combatir este flagelo de manera más efectiva.
Un estudio recientemente publicado por el Banco Mundial titulado Crimen y Violencia en Centroamérica (Un Desafío para el Desarrollo), estima que en Guatemala se pierde más del 1.4% de la producción nacional cada año, en términos del valor económico medido en años de vida perdidos por discapacidad a causa de la violencia. También revela que las empresas guatemaltecas reportan costos y pérdidas equivalentes a casi un 4% del total de sus ventas debido a la violencia. Cuando a estos costos asociados a la salud y a la seguridad privada se les suman los gastos institucionales (seguridad pública), se tiene que la violencia criminal le cuesta a Guatemala casi Q25 millardos (7.7% del PIB) cada año. En contraste, Costa Rica solamente gasta un 3.5% de su PIB en eso asuntos.
Si el índice de homicidios se redujese en 10%, el PIB guatemalteco podría ser casi un 1% (Q2.2 millardos) mayor cada año. El estudio señala que el narcotráfico no sólo está estrechamente relacionado con las altas tasas de homicidios a nivel nacional, sino que también es una causa fundamental de la extendida corrupción del sistema de justicia penal. Estas estimaciones del Banco Mundial, si bien no son exactas, son muy certeras en señalar que la narco-violencia entraña un elevadísimo costo en términos de crecimiento económico, ingresos y calidad de vida de la población.
Aunque quizá este tipo de análisis no esté diciendo nada que no sepamos por experiencia propia, siempre es útil ordenar y sistematizar la información para enfocarse en los desafíos cruciales que debemos enfrentar. En primer lugar, hay que entender que el tema central detrás de los elevados niveles de violencia criminal es el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos de América. El grave problema de inseguridad que sufre nuestro país es, por lo tanto –y hay que decirlo en voz alta-, un asunto de naturaleza regional con un claro cariz geopolítico.
El narcotráfico no sólo dispara las tasas de homicidio, también corroe las bases del sistema de justicia
Por el lado de la prevención, no es ninguna novedad que una de las recomendaciones del estudio sea enfocar los esfuerzos en la atención a los jóvenes (especialmente hombres) más vulnerables, pues en dicho grupo está el grueso de las víctimas y de los victimarios. Por el lado del combate al crimen, tampoco es novedoso el énfasis que se pone sobre la necesidad de mejorar la coordinación interinstitucional de las agencias estatales encargadas del tema, tal como lo establece la propia Ley del Sistema Nacional de Seguridad, la cual está vigente desde hace dos años pero que, por desidia, negligencia o sabotaje, no ha sido aplicada en la práctica.
Muchas de las acciones de política pública en materia de seguridad están ya identificadas pero la ausencia de varios factores clave impiden su aplicación: falta voluntad política, falta capacidad de gestión estatal, y falta un involucramiento más comprometido de los actores que, disimulada o abiertamente, influyen sobre las instituciones de seguridad y justicia: los colegios profesionales, las cámaras empresariales, las universidades, etcétera.
Pero, siendo las cosas como son, existe un debate incluso más importante que, por diversas razones, no ha sido encarado con la franqueza, humildad y prontitud que las circunstancias ameritan: es menester debatir públicamente, a nivel de opinión pública y de diplomacia, nacional y regionalmente, sobre la validez del paradigma vigente en cuanto a prohibir el consumo de drogas. La “guerra contra las drogas” que inició George Bush (padre) hace veinte años ha generado en Centroamérica un aumento del crimen y la corrupción que está minando las bases mismas de nuestro sistema democrático.
Bien vale la pena reflexionar si conviene tratar el consumo de drogas no como un tema penal, sino como un asunto de salud pública; es hora de debatir si su legalización (con los riesgos que entraña) es menos costosa que la tragedia que hoy estamos viviendo.
