La violencia criminal en Guatemala, estrechamente ligada al narcotráfico, genera pérdidas económicas equivalentes al 7.7% del PIB, afectando la producción, las empresas y la calidad de vida. Además de los costos directos en salud y seguridad, el crimen organizado agrava la corrupción del sistema judicial. Aunque existen estrategias de prevención y combate claramente identificadas, su aplicación efectiva se ve obstaculizada por la falta de voluntad política y la débil gestión estatal. El análisis también plantea la necesidad urgente de debatir un cambio de paradigma sobre el consumo de drogas, enfocándolo como un problema de salud pública y no exclusivamente penal.