En el Congreso se legisla demasiado a ciegas: se aprueban leyes y transferencias millonarias sin que exista un análisis fiscal serio que mida su impacto.
Mientras tanto, la deuda crece, la disciplina fiscal se erosiona y los incentivos clientelares se multiplican. En esta columna se explica por qué Guatemala necesita una oficina técnica independiente, similar a la Congressional Budget Office (CBO) de Estados Unidos, que evalúe de manera objetiva y transparente el costo de cada decisión legislativa.