AQUÍ NADIE QUIEBRA
28/marzo/2011
Se requiere de un cambio de mentalidad respecto de cómo la sociedad valora la quiebra de una empresa
En las últimas décadas ninguna empresa guatemalteca ha cerrado por quiebra, según consta en los registros de los tribunales de justicia. Ello no se debe a que los empresarios guatemaltecos sean excepcionalmente exitosos –en comparación con los de otros países donde las quiebras son pan de cada día-, sino a que en nuestro país no existe un procedimiento legal adecuado que permita a las empresas y a sus acreedores enfrentar adecuadamente la amenaza de una bancarrota.
El vacío legal existente en materia de insolvencias y quiebras hace que los empresarios guatemaltecos que enfrentan este tipo de problemas opten por abandonar sus empresas, como si de casas embrujadas se tratara, para esperar que mueran de inanición, con tal de no recorrer el incierto, oneroso y tortuoso camino de una liquidación legal cuyas reglas están incoherentemente dispersas en la legislación vigente.
Esta muestra clara (¡otra más!) de nuestro subdesarrollo jurídico y económico contrasta con las normas y procedimientos vigentes desde hace tiempo en los países más avanzados (el ejemplo más conspicuo es el de la legislación de quiebras de los Estados Unidos) y, más recientemente, en muchos países emergentes (en Latinoamérica destacan los ejemplos de la moderna normativa sobre esta materia vigente en Argentina, Brasil y Uruguay).
Lo que buscan las mejores prácticas en materia de insolvencia a nivel mundial es permitir que las empresas que enfrentan una bancarrota continúen operando, bajo supervisión legal, a fin de generar recursos para pagar a sus acreedores (incluyendo a sus empleados) y minimizar así el daño que una quiebra pueda causar al sistema económico y a la sociedad. Ello requiere distinguir entre empresas que aún son viables financieramente y aquellas que están desahuciadas. A las primeras se les da una última oportunidad para reestructurarse, mientras que a las segundas se les tutela en un proceso ágil de liquidación de sus activos para pagar sus deudas.
La bancarrota no debe ser vista como un pecado, sino como una oportunidad de reestructuración o cierre ordenado
La adopción de estos enfoques modernos en un país como Guatemala requiere, sin duda, de un cambio de mentalidad respecto de cómo la sociedad valora la quiebra de una empresa, en el sentido de que la bancarrota debe ser tratada con cierta indulgencia, no como un pecado que amerita proscribir de la vida empresarial a aquellos que fracasan en un negocio, sino que verlos como desafortunados que merecen una segunda oportunidad.
Contar con procedimientos adecuados para enfrentar la insolvencia de las empresas repercute positivamente en la competitividad y eficiencia de la economía. La posibilidad de quiebra es un incentivo para que los empresarios se esfuercen en ser eficientes, pero el temor a ella no debe convertirse en un desincentivo para emprender nuevos negocios. La existencia de reglas claras y expeditas para enfrentar la bancarrota puede animar a potenciales empresarios a empezar nuevos negocios y a aquellos que han fracasado a intentarlo de nuevo. Puede reducir el desempleo al mantener operando a empresas que aún son viables. Puede, incluso, mejorar la eficiencia del mercado crediticio, pues ya no sería tan importante como lo es ahora el contar con garantías reales para tener acceso al crédito bancario.
Por lo anterior, resulta justificado y oportuno impulsar una reforma legal para ordenar el tratamiento de la bancarrota en el país, esfuerzo que la Fundación para el Desarrollo de Guatemala –FUNDESA- ha iniciado como parte del seguimiento que dicha entidad hace a las acciones necesarias para que Guatemala mejore su calificación en el índice Doing Business que calcula el Banco Mundial. En dicho índice se considera que, efectivamente, el tratamiento expedito de las insolvencias es un componente esencial de un buen clima de negocios en cualquier país.
El esfuerzo por establecer un régimen moderno para el tratamiento de la bancarrota se vislumbra arduo: se trata de darle una sacudida a nuestro sistema legal letárgico; de cambiar la actitud social hacia la bancarrota; y, de darle una salida al empresario honesto pero desafortunado, sin abrírsela al tramposo y abusivo. La modernización del sistema mercantil del país pasa por facilitar la reestructuración o el cierre ordenado de los negocios fallidos, que es, a fin de cuentas, el mejor incentivo para emprender otros nuevos.
