UNA ESTRATEGIA DE REACTIVACIÓN
El reciente informe del BID sobre Centroamérica subraya la urgencia de enfrentar desigualdad y descontento social tras la pandemia, señalando para Guatemala la necesidad de fortalecer la institucionalidad. En paralelo, el Consejo Económico y Social (CES) presentó su Plan de Reactivación Económica y Social (PRES), que integra medidas ya discutidas —como competitividad, desarrollo rural y empleo digno— con componentes estructurales claves: transparencia en el gasto, sostenibilidad fiscal, reforma del servicio civil y sistemas de información confiables. No obstante, el plan aún es general y requiere priorización, propuestas concretas y reformas profundas en instituciones como INE, ONSEC, Contraloría y justicia.
DEBILIDAD EN NUESTRAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Guatemala figura entre los países con las políticas públicas más débiles de Latinoamérica, según el BID, debido a su falta de continuidad, escasa coordinación interinstitucional, ineficiencia en la implementación y una alarmante incapacidad para ejecutar leyes ya aprobadas. A diferencia de países como Chile o Uruguay, donde las políticas se adaptan y perduran, en Guatemala prevalecen los cambios abruptos, la rivalidad entre instituciones y el uso ineficiente de recursos. El informe evidencia la urgente necesidad de fortalecer la institucionalidad, fomentar la transparencia y profesionalizar el aparato estatal si se quiere salir del grupo de los rezagados.
MICROSCOPIO
Las microfinanzas se han consolidado como un motor de desarrollo económico y social, favoreciendo la educación, salud y autonomía de las mujeres. En Latinoamérica, su expansión ha sido notable, aunque aún cubren solo una fracción de la demanda total. Según el estudio Microscopio sobre el Ambiente de las Microfinanzas 2007 del BID, Guatemala ocupa el puesto once de quince países, con debilidades en la regulación, competencia y acceso a servicios financieros, aunque con un sector dinámico y creciente. Para liberar su verdadero potencial, el país debe fortalecer su marco institucional y normativo, garantizar transparencia y promover la competencia, asegurando así un entorno favorable para el crecimiento sostenible de las microfinanzas.