
CAMBIAR EL FOCO DEL DEBATE
El país atraviesa una peligrosa polarización entre quienes apoyan o rechazan la continuidad de la CICIG, con actores diversos y motivaciones dispares en ambos bandos. Esta confrontación, alimentada por campañas de desinformación, está erosionando la gobernabilidad y afectando la confianza económica. Urge que las élites abandonen el enfrentamiento y trabajen en una agenda mínima que fortalezca el Estado de Derecho y aborde consensuadamente los principales problemas estructurales del país: corrupción, justicia, partidos políticos, servicio civil y prioridades sociales.

EFECTOS ECONÓMICOS DE LA CRISIS POLÍTICA
La decisión del presidente de Guatemala de expulsar al comisionado de la CICIG ha generado preocupación a nivel internacional. The Economist advierte sobre el daño reputacional que esto causa y recalca que combatir la corrupción fortalece la economía a largo plazo. Moody’s coincide, señalando que el debilitamiento institucional afecta la inversión y podría empeorar la calificación del país. El respaldo empresarial al fortalecimiento institucional es urgente para evitar un mayor deterioro económico.

¿CON QUÉ PROPÓSITO?
La indignación ciudadana tras los escándalos de corrupción en Guatemala marcó un punto de inflexión en 2015 y abrió paso a la acción de la CICIG. Aunque esto representa un avance, el texto subraya que el objetivo central debe ser la reforma profunda y sostenida de las instituciones del Estado, más allá de satisfacer exigencias externas o tomar decisiones que debiliten la certeza jurídica. La tragedia del “hogar seguro” pone en evidencia la urgencia de reconstruir el sistema para que el Estado cumpla su deber de proteger y generar oportunidades, incluyendo una reforma profunda del sistema judicial, electoral y del aparato público en general.

LA CORRUPCIÓN Y EL DEBILITAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES
La columna defiende que la lucha contra la corrupción fortalece las instituciones del Estado en lugar de debilitarlas. A pesar de una posible ralentización temporal en la administración pública, el refuerzo de la legalidad y el control promueven mayor eficiencia a largo plazo. El autor pide marcos regulatorios más claros, una reforma del servicio civil y un liderazgo político firme para asegurar que el combate a la corrupción y el fortalecimiento institucional avancen juntos.

LA MADRE DE LAS REFORMAS
Este año, Guatemala ha visto la aprobación de varias reformas institucionales importantes, pero la pendiente más crucial sigue siendo la reforma del sistema electoral y de partidos políticos. La persistencia de la vieja política —con prácticas clientelistas y corrupción— sigue minando la credibilidad y efectividad del Estado, como se evidenció en recientes debates sobre el presupuesto y la reforma constitucional al sector justicia. Aunque se buscan aislar a las autoridades judiciales de la injerencia política, la raíz del problema está en el sistema político mismo. Una reforma integral del sistema electoral que fortalezca la representación y la autoridad del tribunal electoral es esencial para avanzar hacia un Estado más funcional y democrático. La CICIG podría tener un papel clave en impulsar esta transformación.

EL PLAN DE GOBIERNO, DE NUEVO
Aunque el gobierno de Jimmy Morales ha sido criticado por la falta de un plan de gobierno explícito, puede observarse una estrategia implícita que avanza en cuatro líneas clave: dinamización productiva, desarrollo del capital humano, seguridad y justicia, y fortalecimiento institucional. Esta estructura, según un análisis, coincide con los objetivos de la Alianza para la Prosperidad promovida por Estados Unidos en el Triángulo Norte. Las acciones se reflejan en intervenciones regionales, reformas al sector salud y justicia, y una lucha activa contra la corrupción, principalmente liderada por el MP, la CICIG y la SAT.

LIMPIAR EL CONGRESO
La presión institucional y ciudadana ha empujado al Congreso a reformar su Ley Orgánica con mejoras notables en comisiones de trabajo, interpelaciones y transparencia. Sin embargo, la precipitación en la aprobación ha dejado vacíos importantes, como la falta de claridad en la contratación de personal y la omisión del principio de unidad de materia. Aunque las reformas representan un paso hacia el rescate del Legislativo, queda mucho por hacer para desmantelar por completo las malas prácticas del pasado.

ASÍ SI, CICIG
Guatemala enfrenta niveles de corrupción alarmantes que minan su economía y afectan derechos humanos básicos, como el acceso a la salud y la seguridad. El reciente operativo contra una red de defraudación aduanera muestra que es posible avanzar, pero el reto está en sostener y profundizar estas acciones. Sin instituciones fuertes y sin justicia real, no hay esperanza de un Estado funcional.

REPUTACIÓN DE ESTADO FALLIDO
La situación de violencia y descontrol en Guatemala ha llevado a la prensa internacional a vincular al país con la categoría de "estado fallido". Aunque Guatemala no está tan afectada como países como Somalia, existen señales preocupantes de debilidad institucional y vacíos de poder que podrían tener consecuencias devastadoras. La comunidad internacional, a través de organizaciones como la CICIG, busca ayudar a fortalecer las instituciones y el estado de derecho, pero la verdadera responsabilidad recae sobre los ciudadanos guatemaltecos para evitar un desenlace catastrófico.