DEMOCRACIA EN RIESGO
El Índice de Democracia 2021 clasifica a Guatemala como un “régimen híbrido” con 4.62 puntos, ubicándola en el puesto 99 de 165 países y mostrando un deterioro constante en los últimos 15 años. Aunque el proceso electoral es su categoría más sólida, corre riesgo en 2023 si no se realizan reformas urgentes. El Congreso debe corregir vacíos y confusiones de la Ley Electoral, como la regulación de la campaña anticipada, la definición de proselitismo y el marco de publicidad en medios. También conviene considerar medidas de representatividad, como el voto preferente. Sin estas reformas, la credibilidad democrática estará comprometida.
DÉBIL INSTITUCIONALIDAD FISCAL EN EL CONGRESO
El Congreso tiene la obligación de vigilar que el presupuesto no sobredimensione ingresos, que el déficit no comprometa la estabilidad y que no se financie gasto corriente con deuda. También debe fiscalizar el gasto de municipalidades y entidades públicas, así como evaluar iniciativas con impacto fiscal. Sin embargo, la Comisión de Finanzas carece de respaldo técnico suficiente, lo que limita la calidad de sus decisiones. Por ello, se plantea crear una oficina independiente similar a la Congressional Budget Office de EE. UU., capaz de proveer análisis objetivos. Este paso modernizaría la política fiscal y frenaría prácticas arbitrarias en la asignación de recursos.
PRESUPUESTO DEL ESTADO Y DÉFICIT FISCAL
El presupuesto estatal no es solo un reparto de recursos, sino una declaración de la política fiscal y una señal clave para los mercados. En 2020, el déficit se disparó a 4.5% del PIB por la pandemia, el mayor en cuatro décadas. En 2021, gracias a una recaudación tributaria en alza y un gasto más contenido, se prevé cerrarlo en 2.5%, un avance significativo. Sin embargo, el proyecto de presupuesto 2022 plantea un déficit de 2.8%, lo que implicaría un retroceso en la consolidación fiscal. Es fundamental que el Congreso ajuste el techo de gasto para mantener la disciplina y credibilidad económica.
BLINDAR EL PRESUPUESTO
El presidente Giammattei anunció la reducción del techo presupuestario de Q107.7 a Q94.3 millardos, medida positiva para recuperar disciplina fiscal y mantener la confianza en los mercados internacionales. Sin embargo, el gobierno decidió no enviar esta readecuación al Congreso, lo que genera incertidumbre y debilita la señal de compromiso fiscal. La falta de aprobación legislativa abre riesgos: la posible repetición indefinida del presupuesto inflado, la permanencia de normas inadecuadas y una menor transparencia en el gasto público. Aunque la reducción es un paso correcto, solo una readecuación avalada por el Congreso brindaría certeza y estabilidad macroeconómica sostenida.
LOS DESAFÍOS DEL PRESUPUESTO 2020 (II)
El proyecto de presupuesto 2020 presenta ingresos tributarios claramente sobrestimados, lo que, combinado con un techo de gasto de Q91.9 millardos, generaría un déficit superior a Q17.7 millardos, equivalente al 2.6% del PIB. Este desbalance incrementaría la deuda pública a niveles de riesgo, superando el 166% de los ingresos tributarios y comprometiendo la sostenibilidad fiscal. Aún más preocupante, las normas presupuestarias incluyen disposiciones para aprobar endeudamiento adicional de hasta Q8 millardos sin que aparezca reflejado en las cifras oficiales, lo que podría elevar el déficit al 3.6% del PIB. Aunque algunos proyectos son necesarios, el mecanismo propuesto resulta anómalo y peligroso. El Congreso debe recortar el gasto previsto y rechazar tales “pre-ampliaciones”, garantizando que toda deuda sea explícita y transparente en el presupuesto.
LOS DESAFÍOS DEL PRESUPUESTO 2020 (I)
El análisis del presupuesto 2020 evidencia problemas estructurales que limitan la capacidad del Estado para atender las necesidades del país. Debido a las asignaciones fijas establecidas por la Constitución y otras leyes, el 84.4% del gasto ya está comprometido, dejando solo un 15.6% disponible para políticas públicas e inversión. Esta rigidez ha reducido drásticamente la inversión en obra pública, que pasó del 28% hace diez años al 17% actual. Además, los salarios absorberán el 39% del presupuesto, sin mecanismos claros para evaluar la calidad de ese gasto. La falta de control sobre municipalidades, consejos de desarrollo y ONGs contratadas con fondos públicos agrava la ineficiencia. Aunque no todas las deficiencias pueden resolverse en un año, el Congreso sí puede corregir algunas durante la actual discusión presupuestaria.
SIN PERDER EL OPTIMISMO, PERO...
El proceso electoral de 2019 en Guatemala dejó un ambiente de frustración y resignación, tras demostrar que las expectativas de cambio generadas en 2015 se desvanecieron entre confrontaciones ideológicas y reformas superficiales que no alteraron el sistema político corroído. La reforma electoral de 2016 evidenció las debilidades del Tribunal Supremo Electoral y apenas afectó a las viejas prácticas de compra de votos, voluntades e influencias. El Congreso electo para 2020-2024 estará dominado por actores tradicionales, algunos con sospechas de vínculos con el crimen organizado, aunque también ingresará una minoría de diputados dispuestos a promover reformas de largo plazo. Su desafío será enorme, pero imprescindible, ya que sin un fortalecimiento institucional el país enfrentará más corrupción, emigración, confrontación y una gobernabilidad cada vez más frágil.
LA CONTRALORÍA Y LA CALIDAD DEL GASTO
El reciente proceso de elección del nuevo Contralor General de Cuentas estuvo plagado de dudas que debilitan la credibilidad de una institución esencial para controlar la gestión pública. La Contraloría debería ser la primera línea de defensa contra la corrupción mediante la fiscalización preventiva del gasto y la gestión administrativa, pero en Guatemala rara vez ha cumplido ese rol, obligando a que la lucha contra la corrupción se realice principalmente por la vía penal. Para revertir esta situación es necesario reformar y fortalecer a la Contraloría, ampliar su mandato, garantizar la independencia y calidad de sus autoridades, mejorar procesos de auditoría y coordinación con el Congreso y las Unidades de Auditoría Interna. Solo así la fiscalización se convertirá en un mecanismo efectivo de prevención, dejando la persecución penal como último recurso, y evitando la dependencia de organismos externos para combatir la corrupción.
PRESUPUESTO PÚBLICO SIN CONTROL
El Congreso de la República ha incumplido reiteradamente su deber constitucional de aprobar o improbar la liquidación presupuestaria que debe presentar el Ministerio de Finanzas. La omisión no responde a falta de capacidad técnica, pues la Contraloría de Cuentas es el órgano responsable de evaluar los informes. La responsabilidad del Legislativo es verificar y resolver sobre los dictámenes recibidos, asegurando un control real sobre el uso de los recursos públicos. La ausencia de este proceso refleja falta de voluntad política más que limitaciones institucionales.
DIGNIFICAR EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
El principio de separación de poderes exige un Congreso con credibilidad, capacidad técnica y autoridad política. La actual desconfianza ciudadana no debe derivar en propuestas extremistas como la desaparición del Legislativo, sino en su fortalecimiento mediante reformas urgentes y viables. Es clave aprobar una agenda neutral, enfocada en la reforma judicial, electoral, del servicio civil y de infraestructura pública. Evitar distracciones legislativas populistas permitirá recuperar la legitimidad del Congreso y avanzar hacia una democracia funcional.
¿SERÁ APROBADO EL PRESUPUESTO 2015?
A poco del vencimiento del plazo para aprobar el Presupuesto 2015, Guatemala enfrenta una nueva crisis parlamentaria que amenaza con paralizar el proceso. El G40 advierte que no aprobarlo agravaría la opacidad y la rigidez en el gasto público, afectando compromisos salariales y el financiamiento del proceso electoral. También señala graves deficiencias: crecimiento insostenible del gasto corriente, normas contrarias a la ley y baja inversión. Pese a estas falencias, el proyecto contiene elementos positivos que deben rescatarse mediante ajustes. Solo una negociación responsable entre oficialismo y oposición podrá evitar mayores daños a la gobernabilidad.
EL LEGISLATIVO EN LA ENCRUCIJADA
El Congreso de Guatemala debe ejercer funciones clave como legislar con calidad, controlar al Ejecutivo y representar políticamente a la ciudadanía. Sin embargo, el uso excesivo de interpelaciones como estrategia obstruccionista y la aprobación de leyes sin el debido debate en comisiones han debilitado su papel institucional. Esta situación refleja problemas estructurales en el sistema de partidos y una débil cultura política. Se requiere reformar tanto el sistema electoral como la Ley Orgánica del Legislativo para evitar abusos del derecho de interpelación y fortalecer el rol del Congreso como contrapeso legítimo dentro del Estado.
¿CUÁL REFORMA ELECTORAL? (I)
Los partidos políticos en Guatemala impulsan una reforma electoral que aparenta mejorar el sistema, pero cuyo verdadero objetivo es aumentar el financiamiento público sin limitar el financiamiento privado ni fortalecer los controles del TSE. La propuesta implicaría altos costos fiscales para cubrir campañas electorales sin garantizar mayor transparencia ni eficacia institucional. Lejos de abordar los verdaderos problemas del sistema, como la duración de las campañas o la opacidad en los fondos privados, se apuesta por medidas cosméticas que perpetúan el statu quo político y desvían recursos públicos de sectores prioritarios.
UNA LUZ DE ESPERANZA
La aprobación del Dictamen Conjunto No. 1-2013 en el Congreso de Guatemala representa un avance notable hacia una mayor transparencia y control en el uso de los recursos públicos. El documento propone reformas esenciales a tres leyes clave que buscan eliminar malas prácticas como la “deuda flotante”, limitar el uso de ONGs para obras públicas y fortalecer la fiscalización estatal. Aunque el alcance de las reformas es limitado, marcan un hito positivo en medio de un contexto político polarizado y un Congreso parcialmente paralizado. Su aprobación podría consolidar un mejor uso del dinero público y complementar la reciente reforma tributaria.
LA ENREDADA ESTRATEGIA DE LOS PAQUETES
El gobierno ha enviado al Congreso paquetes legislativos sobre transparencia y empleo con el objetivo de combatir la corrupción y fomentar la competitividad. Sin embargo, al agrupar múltiples reformas con distintos niveles de prioridad y consenso, la estrategia ha resultado ineficaz. Los componentes más polémicos, como la Ley de Contrataciones o la regulación del trabajo por horas, han frenado la aprobación de otras reformas más urgentes y consensuadas. Esta técnica legislativa está entorpeciendo el avance político, aunque también representa una oportunidad para que el Congreso recupere credibilidad si actúa con responsabilidad.
DEPURANDO LA INTERPELACIÓN
La idea de “depurar” el Congreso guatemalteco revela un peligroso desdén por el orden constitucional y la división de poderes. La frustración ciudadana con el Legislativo es comprensible, pero no puede justificar soluciones antidemocráticas. El camino correcto es fortalecer el Congreso mediante reformas puntuales que rescaten el proceso de interpelación como herramienta legítima de control político. Ajustes sencillos a la Ley Orgánica del Legislativo pueden evitar abusos, devolver funcionalidad al debate parlamentario y restablecer la confianza pública en una institución indispensable para el equilibrio del poder y el avance del bien común.
SORPRESAS DEL PRESUPUESTO 2013
El Congreso aprobó de forma sorpresiva y acelerada el presupuesto estatal para 2013, marcando un récord en tiempo y anticipación, pero alterando sustancialmente la propuesta original del Ejecutivo. Aunque las cifras macroeconómicas del presupuesto no son en sí alarmantes, las modificaciones introducidas aumentaron el déficit fiscal autorizado a 2.5% del PIB, alejando al país del nivel considerado saludable por la comunidad financiera. La inclusión de gasto clientelar, obras sin justificación técnica, uso indebido de deuda flotante y sobreestimación de ingresos generan una preocupante fuente de incertidumbre fiscal. El Ejecutivo aún puede corregir el rumbo con una ejecución responsable que priorice la sostenibilidad financiera.
UNA HERRAMIENTA CONTRA LA CORRUPCIÓN
El presupuesto nacional es el instrumento clave de la política fiscal y refleja los planes del Estado en el marco del desarrollo económico y social. Sin embargo, su eficacia se ve gravemente limitada por la corrupción, la falta de transparencia y la debilidad institucional. Pese a ciertos avances recientes, Guatemala enfrenta rigideces y una alarmante deuda flotante. La reforma de la Ley Orgánica del Presupuesto es urgente para institucionalizar normas anuales ya implementadas, mejorar el control del gasto, fortalecer los sistemas electrónicos de gestión y garantizar que todas las entidades cumplan con reglas fiscales claras. La discusión legislativa es lenta, pero crítica: el Congreso tiene una oportunidad única de consolidar avances y prevenir retrocesos antes de discutir el presupuesto de 2013.