¿CUÁL REFORMA ELECTORAL? (I)
27/octubre/2013
LOS PARTIDOS POLÍTICOS BUSCAN MÁS DINERO PÚBLICO SIN TRANSPARENCIA NI CAMBIOS REALES
Con la tentadora oferta de erradicar el financiamiento oscuro a los partidos políticos y de asegurar a las mujeres y a los indígenas cuotas proporcionales en puestos de elección, los taimados políticos de siempre encandilaron a algunos grupos de la sociedad civil para que apoyaran su propuesta de reformas a le ley electoral y de partidos políticos. Uno de estos conglomerados de ONGs hasta publicó un campo pagado apoyando una reforma cuyo contenido desconocían. Tarde se percataron del gato encerrado en lo que pretenden aprobar los partidos en el Congreso.
La intrincada, confusa y desmesurada propuesta de reformas acordada por la mayoría de bancadas pretende reunir en un mismo cuerpo legal las múltiples propuestas que se han hecho en los últimos años, pero sin cohesionarlas ni hacerlas coherentes. En dos platos, lo que en realidad buscan los impulsores de la reforma es, por un lado, lavar cara vendiéndole al electorado su supuesto compromiso de reformar el sistema y, por otro (y más importante para ellos) aumentar la cantidad de financiamiento que recibirían proveniente del erario público (sin sacrificar ni un ápice lo que reciben de financiamiento privado).
En efecto, la reforma que ya conoció el Pleno del Congreso en primera lectura contiene disposiciones que, por dos vías diferentes, multiplicarán exageradamente los recursos que, de los impuestos de los guatemaltecos, se destinarán a financiar a los partidos políticos. Por una parte, se duplicará el monto de la “deuda electoral” al subir a cuatro dólares lo que el Estado le dará a cada partido político por voto válido recibido en las elecciones. Por otra parte, la reforma pretende que el TSE se haga cargo (con recursos del erario público) de pagar la propaganda electoral de todos y cada uno de los partidos políticos, por partes iguales, en prensa escrita (media página por cada partido, cada día de la campaña), en radio y en televisión. Esto se traducirá en un elevado costo fiscal, dado que no se reduce el tiempo de la campaña, ni se excluye ningún partido ni ningún medio de comunicación.
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A cambio de que nada cambie, los partidos se recetan un descomunal aumento del financiamiento público
Ello implicará no sólo un esfuerzo administrativo gigantesco para el TSE, sino que también un esfuerzo fiscal descomunal que desviará hacia los partidos políticos un considerable monto de recursos que, de otra manera, podría destinarse a educación, salud o infraestructura. Puede ser que tal sacrificio valga la pena con tal de preservar el sistema democrático, pero ello sería válido sólo si de tal forma se evitara el ingreso al sistema político de dineros provenientes del narcotráfico o de financistas que después se las cobren apropiándose de recursos del erario público. Pero la propuesta de reformas solamente aumenta el financiamiento público, sin que a cambio se modifique el tratamiento del financiamiento privado.
Este tema es, por cierto, demasiado complejo como para querer solucionarlo con recetas simplistas. Diversas autoridades en la materia han advertido que, en la práctica, los dineros privados siempre se filtrarán en el sistema de partidos políticos, y que las únicas soluciones viables para controlarlo radica en dos áreas: una, limitar drásticamente la duración del período de campaña electoral; y, dos, obligar a la publicidad detallada de las fuentes de financiamiento privado. Ambas áreas requieren, por supuesto, de la existencia de un TSE capaz de hacer cumplir esas normas y sancionar severamente a quienes las incumplan.
Lamentablemente, lejos de centrarse en este tipo de reformas (puntuales y efectivas) que vayan moldeando gradualmente nuestro sistema electoral hacia modelos más avanzados, los partidos políticos han preferido plantear una reforma que parece incluir sólo cambios cosméticos para que, a fin de cuentas, nada cambie en el fondo. Con las reformas que conoció el Pleno en primera lectura no se fortalece la autoridad del TSE, no se reduce el período de la campaña electoral, no se fortalecen las sanciones a los infractores, no se limita el financiamiento privado, ni se transparenta el origen de dichos fondos. A cambio de que nada cambie, los partidos se recetan un descomunal aumento del financiamiento público. El resultado será que el sistema electoral seguirá en ruta directa a su descomposición, al tiempo que más recursos fiscales se desviarán hacia los partidos políticos.
