Los partidos políticos en Guatemala impulsan una reforma electoral que aparenta mejorar el sistema, pero cuyo verdadero objetivo es aumentar el financiamiento público sin limitar el financiamiento privado ni fortalecer los controles del TSE. La propuesta implicaría altos costos fiscales para cubrir campañas electorales sin garantizar mayor transparencia ni eficacia institucional. Lejos de abordar los verdaderos problemas del sistema, como la duración de las campañas o la opacidad en los fondos privados, se apuesta por medidas cosméticas que perpetúan el statu quo político y desvían recursos públicos de sectores prioritarios.