NUEVA OPORTUNIDAD DE REFORMA ELECTORAL
El Tribunal Supremo Electoral, debilitado tras la pérdida de credibilidad en las últimas elecciones, está obligado por ley a impulsar una nueva reforma del sistema electoral y de partidos políticos. La reforma de 2016 fracasó al carecer de coherencia, dejando un marco legal ambiguo y poco funcional que dificultó regular campañas, propaganda, financiamiento y la inscripción de candidatos. Para evitar repetir esos errores, las propuestas actuales deben enfocarse en superar tres debilidades estructurales: la falta de legitimidad, con partidos y Congreso vistos como las instituciones menos confiables; la escasa representatividad, reflejada en un electorado desvinculado de sus representantes; y la debilidad institucional de un TSE limitado en recursos y procedimientos. Esta nueva oportunidad requiere visión estratégica para no desperdiciarse otra vez.
REFORMAR LA JUSTICIA… ELECTORAL
La reforma de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad debe extenderse también al Tribunal Supremo Electoral, cuya independencia está gravemente comprometida por la influencia directa de los partidos políticos. Su estructura actual facilita la cooptación partidaria y limita su eficacia. Se propone reformar la Ley Electoral para ampliar el período de funciones de los magistrados, implementar renovaciones escalonadas y separar funciones administrativas y jurisdiccionales. Estas transformaciones son indispensables para blindar la autoridad electoral del control político y fortalecer la democracia guatemalteca.
LA MADRE DE LAS REFORMAS
Este año, Guatemala ha visto la aprobación de varias reformas institucionales importantes, pero la pendiente más crucial sigue siendo la reforma del sistema electoral y de partidos políticos. La persistencia de la vieja política —con prácticas clientelistas y corrupción— sigue minando la credibilidad y efectividad del Estado, como se evidenció en recientes debates sobre el presupuesto y la reforma constitucional al sector justicia. Aunque se buscan aislar a las autoridades judiciales de la injerencia política, la raíz del problema está en el sistema político mismo. Una reforma integral del sistema electoral que fortalezca la representación y la autoridad del tribunal electoral es esencial para avanzar hacia un Estado más funcional y democrático. La CICIG podría tener un papel clave en impulsar esta transformación.
REFORMA ELECTORAL DE FONDO
En lugar de debatir propuestas polémicas que dificultan consensos, la reforma a la Ley Electoral debe enfocarse en resolver los problemas estructurales del sistema político guatemalteco: la fragilidad institucional de los partidos, la falta de representatividad de los funcionarios electos y la debilidad del Tribunal Supremo Electoral. Propuestas como listas semiabiertas, fortalecimiento de los partidos desde dentro y mayor independencia del TSE son esenciales para construir una democracia más sólida.
¿CUÁL REFORMA ELECTORAL? (II)
Frente a la complejidad y falta de consenso sobre una reforma electoral integral, se propone avanzar con una reforma mínima que garantice un proceso electoral funcional y justo. Esta estrategia gradual busca corregir problemas urgentes como la judicialización, los vacíos en los tiempos de campaña y la debilidad del TSE. La propuesta prioriza acuerdos alcanzables en temas como tiempos del proceso electoral, control del proselitismo y fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral, dejando los temas más controversiales para una segunda etapa que deberá resolverse con criterio técnico y prudencia política.
¿CUÁL REFORMA ELECTORAL? (I)
Los partidos políticos en Guatemala impulsan una reforma electoral que aparenta mejorar el sistema, pero cuyo verdadero objetivo es aumentar el financiamiento público sin limitar el financiamiento privado ni fortalecer los controles del TSE. La propuesta implicaría altos costos fiscales para cubrir campañas electorales sin garantizar mayor transparencia ni eficacia institucional. Lejos de abordar los verdaderos problemas del sistema, como la duración de las campañas o la opacidad en los fondos privados, se apuesta por medidas cosméticas que perpetúan el statu quo político y desvían recursos públicos de sectores prioritarios.
CUOTAS ELECTORALES
Aunque las cuotas de género nacen con la intención de corregir injusticias históricas, aplicarlas en el sistema electoral podría ser contraproducente. En lugar de fomentar la igualdad real, corren el riesgo de generar nuevas formas de discriminación, debilitando principios como la meritocracia y la igualdad ante la ley. La inclusión debe promoverse desde la base, con políticas educativas y de apoyo que empoderen a las mujeres desde temprana edad. Insistir en las cuotas como solución rápida puede servir más como distractor de los verdaderos problemas del sistema político guatemalteco, como la corrupción y la debilidad institucional, que como camino real hacia la equidad.
LAS INSTITUCIONES ELECTORALES
La democracia guatemalteca está amenazada por la corrupción estructural del sistema electoral, dominado por partidos clientelistas y una autoridad electoral débil. Reformas mal enfocadas ignoran los problemas fundamentales: la falta de representatividad partidaria y la ineficacia del TSE. El fortalecimiento de estas dos instituciones es vital para consolidar la democracia y romper con el ciclo de corrupción y estancamiento. Aunque las reformas no generen efectos inmediatos, son esenciales para superar el atraso y devolver legitimidad al sistema político.