LAS ELECCIONES Y SUS DESAFÍOS INSTITUCIONALES
09/enero/2023
HAY QUE SOLVENTAR PROBLEMAS PROCEDIMENTALES, PERO TAMBIÉN DEFECTOS ESTRUCTURALES DEL SISTEMA ELECTORAL
El proceso electoral está ya en pleno desarrollo, los plazos ya están corriendo y se perciben riesgos importantes en cuanto a la credibilidad, transparencia y motivación para la participación ciudadana debido, entre otras razones, a los vacíos y contradicciones de la Ley Electoral y de Partidos Políticos -LEPP-. Desde el proceso electoral de 2019 se evidenciaron muchas debilidades del marco regulatorio vigente que, desafortunadamente, las distintas fuerzas políticas con poder de decisión en el Congreso no fueron capaces de corregir. Ello obligó al actual TSE -que carece de experiencia en gestionar elecciones y que ha sido sujeto de cuestionamientos respecto de su transparencia- a buscar por la vía reglamentaria minimizar los riesgos existentes.
Así, las instituciones que conforman el sistema electoral enfrentan serios desafíos para rescatar y fortalecer nuestra imberbe democracia, desafíos que van desde lo estructural hasta lo procedimental. Entre estos últimos destacan, por ejemplo, los mecanismos de transmisión de datos, cuyas pretendidas “mejoras” no deberían menoscabar la eficiencia del sistema que se ha utilizado hasta ahora, incluyendo la forma de digitar las actas en el centro de votación y de preservar la custodia del voto por parte de los ciudadanos.
Hay que solventar problemas procedimentales, pero también defectos estructurales del sistema electoral
Otro desafío es el concepto de “campaña anticipada”, cuya definición vigente en el artículo 94 de la LEPP es confusa y se presta a arbitrariedades en su aplicación, que solamente limitan y obstaculizan la libre expresión de los políticos, lo cual, en el fondo, debilita la democracia. Esto se agrava con la actual regulación de la propaganda contratada -centralizada en el TSE- que ha inhibido a los medios de comunicación de querer inscribirse para ser contratados por los anunciantes políticos, lo que menoscaba el derecho de la ciudadanía de estar debidamente informada respecto de las distintas propuestas políticas, lo cual también daña la democracia.
También hay que resolver las confusiones y subjetividades en la regulación de los aportes -financieros y en especie- que los ciudadanos pueden hacer a los partidos políticos, para que dicha regulación permita la transparencia y la eficiencia de los financiamientos electorales que los ciudadanos decentes deseen hacer en el marco de la ley. Sin una regulación clara al respecto, solo se incentivan los financiamientos oscuros y la inequidad política.
Están, además, las grandes debilidades estructurales de nuestro sistema, donde destacan, por un lado, la escasa representatividad de los congresistas (debido tanto al tamaño y diseño de los distritos electorales como a la imposibilidad de que el ciudadano pueda votar por candidatos en lo individual en vez de por listados cerrados) y, por otro, el débil diseño de la gobernanza del propio TSE (que va desde la forma en que se eligen los magistrados, hasta la conflictiva mezcla de sus roles jurisdiccionales y administrativos).
Ojalá que, por el futuro de nuestra imberbe democracia, para estas elecciones se logren solventar al menos los principales desafíos coyunturales y procedimentales. Pero la lección que desde ya debemos aprender es que la próxima legislatura debe cumplir con el mandato legal de revisar, actualizar y fortalecer la Ley Electoral para que en 2027 no estemos otra vez en esta incertidumbre y con un sistema electoral cada vez más deteriorado.
