EL MERCADO POLÍTICO
La actual ley electoral guatemalteca, al prohibir que los políticos expresen sus ideas antes del inicio formal de la campaña, ha mutilado la libertad de expresión y vaciado de contenido el debate democrático. La interpretación restrictiva del TSE ha convertido la contienda en un espectáculo vacío, dominado por videos triviales y estrategias populistas en redes sociales. La combinación de una regulación disfuncional, una autoridad electoral miope y una ciudadanía que demanda entretenimiento en lugar de propuestas ha degradado el mercado político, produciendo una oferta cada vez más mediocre. Urge reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos para recuperar el debate público, mejorar la calidad de la representación y fortalecer la democracia.
MEDIDAS ECONÓMICAS ELECTORERAS
La coincidencia entre la crisis inflacionaria y el año electoral crea un entorno propicio para medidas populistas que comprometen la estabilidad económica. Subsidios como los otorgados a la electricidad, el gas propano o los combustibles buscan aliviar el malestar social, pero generan distorsiones, aumentan el gasto público y debilitan la credibilidad fiscal. En lugar de recetas improvisadas, la lucha contra la inflación debe apoyarse en políticas monetarias firmes y una gestión fiscal prudente que priorice la estabilidad sobre el beneficio político inmediato.
PROCESO ELECTORAL: ¿NUESTRA FORTALEZA?
El Índice de Democracia de The Economist sitúa a Guatemala como un “régimen híbrido” con 4.98 puntos, reflejo del deterioro democrático que afecta a gran parte de Latinoamérica. Los aspectos más débiles son la cultura política y la participación ciudadana, ambas marcadas por la desconfianza en las instituciones y el desencanto con la política. Sin embargo, el proceso electoral y su nivel de pluralismo se mantienen como los pilares más sólidos del sistema. En este contexto, el Tribunal Supremo Electoral enfrenta el reto de garantizar elecciones transparentes, eficaces y creíbles, evitando los errores del pasado. Solo fortaleciendo la institucionalidad democrática podrá evitarse un nuevo retroceso en el índice y recuperar la legitimidad del sistema político.
LAS ELECCIONES Y SUS DESAFÍOS INSTITUCIONALES
El actual proceso electoral enfrenta graves riesgos de credibilidad y transparencia por las deficiencias de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que no fueron corregidas tras 2019. El TSE intenta paliar vacíos por vía reglamentaria, pero persisten desafíos como la transmisión de datos, la confusa definición de campaña anticipada y la regulación ineficiente de la propaganda y los aportes financieros. A nivel estructural, destacan la baja representatividad de los congresistas y la débil gobernanza del TSE. Urge que la próxima legislatura reforme la ley para asegurar elecciones más claras, equitativas y confiables, evitando repetir en 2027 las mismas incertidumbres institucionales.
LOS DÉFICITS FISCALES SÍ IMPORTAN
Tras el fuerte déficit fiscal provocado por la pandemia en 2020, ha resurgido en Guatemala la peligrosa idea de que aumentar el gasto público “un poco más” no tiene consecuencias. Sin embargo, los déficits prolongados generan inflación, encarecen el crédito y debilitan la estabilidad económica. Aunque en 2021 el país corrigió su déficit de forma ejemplar —algo reconocido por el FMI y calificadoras de riesgo—, el desafío ahora es mantener esa disciplina ante la tentación política del año electoral. Sostener la prudencia fiscal y resistir presiones populistas resulta crucial para preservar la credibilidad macroeconómica y proteger el bienestar futuro de la población.
¿QUÉ HAY DE MALO CON EL TSE?
El reciente colapso del sistema electoral no se debe a fraude en las urnas, sino a la incapacidad del Tribunal Supremo Electoral (TSE), debilitado por fallas estructurales y magistrados sin independencia ni capacidad técnica. Lo que alguna vez fue una de las instituciones más confiables del Estado hoy enfrenta una crisis de credibilidad y prestigio, alimentando la incertidumbre y beneficiando a intereses oscuros, incluido el crimen organizado. La solución no pasa por repetir elecciones ni por simples renuncias, sino por una reforma seria que garantice magistrados independientes y un TSE eficiente. Separar funciones jurisdiccionales de las administrativas permitiría mejorar su desempeño y blindarlo contra presiones políticas y tentaciones de corrupción. Sin estas reformas, la democracia guatemalteca permanecerá en riesgo.
LA BÚSQUEDA (INFRUCTUOSA) DEL SALVADOR
El populismo ha proliferado en América Latina gracias a votantes desesperados que buscan soluciones rápidas a problemas estructurales. Guatemala no es la excepción: la mayoría de candidatos pide confianza en sus personalidades y no en instituciones sólidas ni en programas de gobierno. Ejemplos recientes en México y Brasil, así como en el pasado en Perú y Venezuela, muestran cómo la elección de “salvadores” populistas conduce a polarización, deterioro institucional y crisis prolongadas. El gran desafío para Guatemala es evitar caer en la misma trampa en las próximas elecciones, apostando en cambio por liderazgos con visión y compromiso de fortalecer las instituciones y emprender una verdadera reforma política.
COMO SI TODO ESTUVIERA “NORMAL”
Los candidatos presidenciales han comenzado a presentar sus propuestas, aunque la mayoría se reduce a prometer una mejor administración o rescatar políticas pasadas. Este discurso de normalidad contrasta con una crisis institucional devastadora, evidenciada en la infiltración del narcotráfico en el sistema político, la corrupción de los partidos y el deterioro de la justicia y la burocracia estatal. La mediocridad y la improvisación han debilitado la confianza ciudadana y frenan el progreso del país. Frente a esta realidad, el reto no es simplemente gestionar mejor lo existente, sino emprender reformas de fondo en los sistemas electoral, de justicia, de servicio civil y de control del gasto público. Alcanzarlas exige un gran acuerdo nacional que los candidatos deberían comprometerse a impulsar, gane quien gane, para rescatar la institucionalidad y devolver la esperanza.
PENSIONES DEMAGÓGICAS
La demagogia política recurre a promesas atractivas pero inviables, y entre ellas destacan las propuestas de incrementar las pensiones de los jubilados del Estado. En el contexto electoral actual, varias iniciativas en el Congreso ofrecen aumentos sustanciales sin estudios técnicos ni respaldo financiero, lo que implicaría un costo superior a Q2 mil millones anuales. Este gasto superaría los presupuestos de varios ministerios juntos, comprometiendo la inversión pública, generando mayor déficit y elevando el endeudamiento. Además, contradice advertencias previas del propio Congreso sobre la fragilidad del sistema de clases pasivas. Estas propuestas, más que buscar soluciones reales, explotan emociones y votos fáciles a costa de la estabilidad fiscal y del futuro del país.
¿ES SANO QUE HAYA MUCHOS CANDIDATOS?
La reforma electoral de 2016 introdujo cambios cosméticos pero dejó intactos los problemas de fondo: los políticos tradicionales mantienen el control, el Tribunal Supremo Electoral enfrenta sobrecarga y los ciudadanos sienten que su representación es insuficiente. La limitación en el financiamiento ha incentivado la proliferación de candidatos presidenciales, complicando la labor administrativa del TSE y generando desafíos para los votantes. Sin embargo, un alto número de candidatos también indica participación ciudadana y disposición a involucrarse en política. El verdadero problema del sistema electoral radica en las barreras a la organización ciudadana, la escasa representatividad de los funcionarios electos y la debilidad institucional de la autoridad electoral, factores que deberían concentrar la atención de los ciudadanos y las reformas futuras.
EL TSE ANTE LA INCERTIDUMBRE
El proceso electoral próximo en Guatemala se encuentra lleno de incertidumbres debido a la necesidad de aplicar reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que fueron mal concebidas y redactadas. El TSE debe enfrentar desafíos críticos como diferenciar proselitismo de campaña electoral, regular la publicidad de los candidatos en medios tradicionales y redes sociales, distribuir de manera equitativa la propaganda electoral y establecer reglas claras sobre financiamiento, incluso para aportes menores. La falta de claridad en estos temas puede provocar judicialización, conflictos y pérdida de legitimidad en un sistema que hasta ahora contaba con cierto prestigio ante la ciudadanía.
RETROCESOS ELECTORALES
Guatemala enfrenta un sistema político ineficaz, con partidos debilitados y liderazgos ausentes. Las reformas a la Ley Electoral aprobadas en 2015 y 2017 se quedaron cortas y, en algunos casos, significaron retrocesos. La Corte de Constitucionalidad, al pronunciarse sobre estas reformas, introdujo criterios políticos fuera de su ámbito y avaló medidas que dificultan la creación de nuevos partidos, limitando la participación ciudadana. Además, frenó cambios importantes como los subdistritos electorales y el voto preferente, manteniendo un sistema poco representativo. Las próximas elecciones se anticipan inciertas, con escasas posibilidades de transformación real si no se impulsan reformas profundas.
¿CUÁL REFORMA ELECTORAL? (II)
Frente a la complejidad y falta de consenso sobre una reforma electoral integral, se propone avanzar con una reforma mínima que garantice un proceso electoral funcional y justo. Esta estrategia gradual busca corregir problemas urgentes como la judicialización, los vacíos en los tiempos de campaña y la debilidad del TSE. La propuesta prioriza acuerdos alcanzables en temas como tiempos del proceso electoral, control del proselitismo y fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral, dejando los temas más controversiales para una segunda etapa que deberá resolverse con criterio técnico y prudencia política.
LOS TEMAS PRINCIPALES: AUSENTES
La campaña electoral guatemalteca ha ignorado los problemas estructurales más graves del país, como la debilidad institucional, la pobreza, la desigualdad y el deterioro de los servicios públicos, mientras que el verdadero reto del próximo gobierno será impulsar políticas públicas centradas en capital humano, infraestructura e institucionalidad para lograr un desarrollo integral y sostenido.