Frente a la complejidad y falta de consenso sobre una reforma electoral integral, se propone avanzar con una reforma mínima que garantice un proceso electoral funcional y justo. Esta estrategia gradual busca corregir problemas urgentes como la judicialización, los vacíos en los tiempos de campaña y la debilidad del TSE. La propuesta prioriza acuerdos alcanzables en temas como tiempos del proceso electoral, control del proselitismo y fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral, dejando los temas más controversiales para una segunda etapa que deberá resolverse con criterio técnico y prudencia política.