¿QUÉ HAY DE MALO CON EL TSE?
El reciente colapso del sistema electoral no se debe a fraude en las urnas, sino a la incapacidad del Tribunal Supremo Electoral (TSE), debilitado por fallas estructurales y magistrados sin independencia ni capacidad técnica. Lo que alguna vez fue una de las instituciones más confiables del Estado hoy enfrenta una crisis de credibilidad y prestigio, alimentando la incertidumbre y beneficiando a intereses oscuros, incluido el crimen organizado. La solución no pasa por repetir elecciones ni por simples renuncias, sino por una reforma seria que garantice magistrados independientes y un TSE eficiente. Separar funciones jurisdiccionales de las administrativas permitiría mejorar su desempeño y blindarlo contra presiones políticas y tentaciones de corrupción. Sin estas reformas, la democracia guatemalteca permanecerá en riesgo.
LA BÚSQUEDA (INFRUCTUOSA) DEL SALVADOR
El populismo ha proliferado en América Latina gracias a votantes desesperados que buscan soluciones rápidas a problemas estructurales. Guatemala no es la excepción: la mayoría de candidatos pide confianza en sus personalidades y no en instituciones sólidas ni en programas de gobierno. Ejemplos recientes en México y Brasil, así como en el pasado en Perú y Venezuela, muestran cómo la elección de “salvadores” populistas conduce a polarización, deterioro institucional y crisis prolongadas. El gran desafío para Guatemala es evitar caer en la misma trampa en las próximas elecciones, apostando en cambio por liderazgos con visión y compromiso de fortalecer las instituciones y emprender una verdadera reforma política.
COMO SI TODO ESTUVIERA “NORMAL”
Los candidatos presidenciales han comenzado a presentar sus propuestas, aunque la mayoría se reduce a prometer una mejor administración o rescatar políticas pasadas. Este discurso de normalidad contrasta con una crisis institucional devastadora, evidenciada en la infiltración del narcotráfico en el sistema político, la corrupción de los partidos y el deterioro de la justicia y la burocracia estatal. La mediocridad y la improvisación han debilitado la confianza ciudadana y frenan el progreso del país. Frente a esta realidad, el reto no es simplemente gestionar mejor lo existente, sino emprender reformas de fondo en los sistemas electoral, de justicia, de servicio civil y de control del gasto público. Alcanzarlas exige un gran acuerdo nacional que los candidatos deberían comprometerse a impulsar, gane quien gane, para rescatar la institucionalidad y devolver la esperanza.
PENSIONES DEMAGÓGICAS
La demagogia política recurre a promesas atractivas pero inviables, y entre ellas destacan las propuestas de incrementar las pensiones de los jubilados del Estado. En el contexto electoral actual, varias iniciativas en el Congreso ofrecen aumentos sustanciales sin estudios técnicos ni respaldo financiero, lo que implicaría un costo superior a Q2 mil millones anuales. Este gasto superaría los presupuestos de varios ministerios juntos, comprometiendo la inversión pública, generando mayor déficit y elevando el endeudamiento. Además, contradice advertencias previas del propio Congreso sobre la fragilidad del sistema de clases pasivas. Estas propuestas, más que buscar soluciones reales, explotan emociones y votos fáciles a costa de la estabilidad fiscal y del futuro del país.
¿ES SANO QUE HAYA MUCHOS CANDIDATOS?
La reforma electoral de 2016 introdujo cambios cosméticos pero dejó intactos los problemas de fondo: los políticos tradicionales mantienen el control, el Tribunal Supremo Electoral enfrenta sobrecarga y los ciudadanos sienten que su representación es insuficiente. La limitación en el financiamiento ha incentivado la proliferación de candidatos presidenciales, complicando la labor administrativa del TSE y generando desafíos para los votantes. Sin embargo, un alto número de candidatos también indica participación ciudadana y disposición a involucrarse en política. El verdadero problema del sistema electoral radica en las barreras a la organización ciudadana, la escasa representatividad de los funcionarios electos y la debilidad institucional de la autoridad electoral, factores que deberían concentrar la atención de los ciudadanos y las reformas futuras.
EL TSE ANTE LA INCERTIDUMBRE
El proceso electoral próximo en Guatemala se encuentra lleno de incertidumbres debido a la necesidad de aplicar reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que fueron mal concebidas y redactadas. El TSE debe enfrentar desafíos críticos como diferenciar proselitismo de campaña electoral, regular la publicidad de los candidatos en medios tradicionales y redes sociales, distribuir de manera equitativa la propaganda electoral y establecer reglas claras sobre financiamiento, incluso para aportes menores. La falta de claridad en estos temas puede provocar judicialización, conflictos y pérdida de legitimidad en un sistema que hasta ahora contaba con cierto prestigio ante la ciudadanía.
RETROCESOS ELECTORALES
Guatemala enfrenta un sistema político ineficaz, con partidos debilitados y liderazgos ausentes. Las reformas a la Ley Electoral aprobadas en 2015 y 2017 se quedaron cortas y, en algunos casos, significaron retrocesos. La Corte de Constitucionalidad, al pronunciarse sobre estas reformas, introdujo criterios políticos fuera de su ámbito y avaló medidas que dificultan la creación de nuevos partidos, limitando la participación ciudadana. Además, frenó cambios importantes como los subdistritos electorales y el voto preferente, manteniendo un sistema poco representativo. Las próximas elecciones se anticipan inciertas, con escasas posibilidades de transformación real si no se impulsan reformas profundas.
¿CUÁL REFORMA ELECTORAL? (II)
Frente a la complejidad y falta de consenso sobre una reforma electoral integral, se propone avanzar con una reforma mínima que garantice un proceso electoral funcional y justo. Esta estrategia gradual busca corregir problemas urgentes como la judicialización, los vacíos en los tiempos de campaña y la debilidad del TSE. La propuesta prioriza acuerdos alcanzables en temas como tiempos del proceso electoral, control del proselitismo y fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral, dejando los temas más controversiales para una segunda etapa que deberá resolverse con criterio técnico y prudencia política.
LOS TEMAS PRINCIPALES: AUSENTES
La campaña electoral guatemalteca ha ignorado los problemas estructurales más graves del país, como la debilidad institucional, la pobreza, la desigualdad y el deterioro de los servicios públicos, mientras que el verdadero reto del próximo gobierno será impulsar políticas públicas centradas en capital humano, infraestructura e institucionalidad para lograr un desarrollo integral y sostenido.