Las reformas constitucionales propuestas por el Ejecutivo incluyen cambios fiscales y de transparencia que, sin una exposición de motivos clara, generan más dudas que certezas. Aunque algunas propuestas —como el fortalecimiento de la Contraloría General de Cuentas— resultan pertinentes, muchas otras podrían abordarse eficazmente a través de legislación ordinaria. El intento de plasmar principios generales como la rendición de cuentas o la prohibición de delegar funciones a ONGs no justifica una reforma constitucional tan amplia. Además, se ha desaprovechado la oportunidad de revisar asignaciones presupuestarias rígidas que dificultan una política fiscal eficiente. En suma, modificar la Carta Magna requiere enfoque, consenso y responsabilidad, priorizando solo aquello que verdaderamente necesita rango constitucional.