SOLUCIONES SIN PROBLEMAS
09/julio/2012
LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES DEBEN CENTRARSE EN LO ESENCIAL Y NO SUSTITUIR A LAS LEYES ORDINARIAS
Algunas de las reformas constitucionales planteadas por el Ejecutivo tienen implicaciones económicas y fiscales, sobre las cuales me ha parecido interesante reflexionar. Habría sido muy útil, eso sí, si los redactores de las reformas hubiesen acompañado su propuesta de una exposición de motivos que explicase cuáles son los objetivos concretos de cada reforma. Sin esa pieza de información (por demás elemental tratándose de modificaciones a la Constitución Política de la República) uno sólo puede elucubrar sobre la idoneidad de las reformas.
Es por ello que al hacer un análisis somero de las reformas propuestas puede quedar la sensación de que se están proponiendo soluciones a problemas que no han sido previamente planteados explícitamente, por lo que surge una serie de dudas razonables: ¿Cuáles son los objetivos prioritarios de las reformas, en materia fiscal? ¿Reducir las rigideces? ¿Aumentar la transparencia? ¿Fortalecer las instituciones de control? ¿Todo lo anterior?
Otra duda que surge al ver las reformas, y que es igualmente relevante, es si esos objetivos requieren necesariamente de cambios constitucionales o si, por el contrario, podrían conseguirse mediante reformas a las leyes ordinarias. Asimismo, en términos prácticos, se pregunta uno si es razonable esperar que el Congreso actual logre superar el impasse que ha dificultado el desarrollo normal de las sesiones plenarias durante varios meses y ponerse de acuerdo tan siquiera en empezar a discutir las más de cincuenta reformas a la Carta Magna.
Entrando en materia, algunas de las reformas propuestas sobre temas fiscales y de transparencia son meritorias. Las que me parecen más trascendentes son las que buscan fortalecer a la Contraloría General de Cuentas, objetivo que es fundamental para lograr la verdadera eficiencia y transparencia del gasto público; de manera que fortalecer la independencia funcional de la Contraloría, mejorar los requisitos y forma de elegir al Contralor, y establecer un Consejo para que dé seguimiento al trabajo de la Contraloría, son todas reformas que, aunque perfectibles en la forma en que fueron planteadas, bien ameritan el esfuerzo de modificar la Constitución.
Acudir a cambios constitucionales para atender estos aspectos es como usar cartuchos de dinamita para espantar mosquitos
Por otro lado, se plantean reformas que establecen principios y orientaciones respecto del gasto público, como por ejemplo la que busca definir qué implica la rendición de cuentas para los funcionarios, o la que menciona que debe existir “auditoría social”, o la que lista los principios (“moralidad”, “eficiencia”, “publicidad”, etcétera) que deben orientar las contrataciones del Estado, o la que habla de instituir un sistema de carrera de servicio civil.
También se introducen otras reformas para atacar problemas puntuales de la administración del gasto, como por ejemplo la prohibición de indemnizar a funcionarios electos, o la prohibición de delegar funciones propias del Ejecutivo a ONGs o fideicomisos. Tanto este tipo de reformas, como las comentadas en el párrafo anterior, se refieren a aspectos que conviene atender con urgencia, pero que podrían solventarse mediante reformas a las leyes ordinarias vigentes. Acudir a cambios constitucionales para atender estos aspectos es como usar cartuchos de dinamita para espantar mosquitos.
Hay, asimismo, temas importantes que debieron incorporarse en las reformas pero que no se incluyeron. Por ejemplo, existen en la Constitución varias pre-asignaciones de recursos a determinados gastos (porcentajes fijos del presupuesto para el deporte, las municipalidades, la universidad, las cortes de justicia, etcétera) que limitan la aplicación de una política fiscal óptima. Una flexibilización de estas asignaciones fortalecería sustancialmente la política fiscal. En todo caso, si políticamente resultase muy difícil tal flexibilización, al menos se debió –en aras de la transparencia- aprovechar para obligar a esas entidades a someterse periódicamente a una auditoría externa y a hacer públicos los resultados.
Resulta evidente, pues, la complejidad de una reforma constitucional, de manera que es necesario focalizarla en los temas verdaderamente trascendentales y prioritarios, en un proceso que debe hacerse con seriedad, sin prisas ni improvisaciones, y sin descuidar las reformas que pueden lograrse más eficientemente mediante cambios a leyes ordinarias.
