REPARTIENDO EL PRESUPUESTO
El texto denuncia, con tono irónico, la proliferación de asignaciones presupuestarias fijas a instituciones públicas a través de leyes y reformas constitucionales, evidenciando el sinsentido de esta práctica. En vez de responder a una planificación estratégica y flexible, el presupuesto se reparte según prioridades políticas de moda, debilitando la capacidad del Estado para atender necesidades fundamentales como salud, educación e infraestructura. El artículo expone el riesgo de convertir el presupuesto en un botín estático, donde las demandas sociales reales quedan subordinadas a la rentabilidad política de turno.
SOLUCIONES SIN PROBLEMAS
Las reformas constitucionales propuestas por el Ejecutivo incluyen cambios fiscales y de transparencia que, sin una exposición de motivos clara, generan más dudas que certezas. Aunque algunas propuestas —como el fortalecimiento de la Contraloría General de Cuentas— resultan pertinentes, muchas otras podrían abordarse eficazmente a través de legislación ordinaria. El intento de plasmar principios generales como la rendición de cuentas o la prohibición de delegar funciones a ONGs no justifica una reforma constitucional tan amplia. Además, se ha desaprovechado la oportunidad de revisar asignaciones presupuestarias rígidas que dificultan una política fiscal eficiente. En suma, modificar la Carta Magna requiere enfoque, consenso y responsabilidad, priorizando solo aquello que verdaderamente necesita rango constitucional.