REPARTIENDO EL PRESUPUESTO

26/agosto/2012

LAS ASIGNACIONES FIJAS DEL PRESUPUESTO TRANSFORMAN LA PLANIFICACIÓN EN UNA PARODIA

Ante la incapacidad histórica del Estado de asignar sus recursos presupuestarios con base en una adecuada planificación y en función de objetivos de largo plazo, una salida fácil ha sido asignar porcentajes fijos del presupuesto a supuestos gastos prioritarios. Así, en las últimas décadas, se han repartido –cual si fuese un pastel inagotable- los gastos del presupuesto a través de asignaciones establecidas en leyes o en la propia Constitución. Puestos a repartir el presupuesto del Estado, puede resultar interesante hacer un ejercicio de asignación de porcentajes según las prioridades de moda.

El Organismo Judicial tiene asignado actualmente, por disposición constitucional, un 2% del presupuesto del Estado; las reformas constitucionales planteadas por el Organismo Ejecutivo duplican dicho porcentaje; empero, siendo tan fundamental la aplicación de la justicia para el funcionamiento de la República, supongamos que el Congreso deciden elevar dicho presupuesto, ¿por qué no?, al 5% y, así, hacer un aporte políticamente redituable al  atribulado sistema de justicia.

El Tribunal Supremo Electoral, por su parte, tiene actualmente asignado el 0.5% del presupuesto del Estado, y las reformas a la Ley Electoral que se están planteando en el Congreso proponen duplicar dicho porcentaje; pero, dado el rol trascendental del TSE para la sobrevivencia de la democracia y la conveniencia de que el financiamiento de las campañas electorales sea con dineros públicos, bien podría subírsele quizá a 2%.

La educación pública superior, personificada por la Universidad de San Carlos, tiene el 5% del presupuesto estatal asignado en la Constitución; ante los próximos cambios al texto constitucional, quizá resulte políticamente rentable seguir apoyando la prolífica producción científica, técnica y profesional a que nos tiene acostumbrados la USAC y se aumente dicho porcentaje a, digamos, 7%.

Puestos a repartir, ¿por qué no asignarle también un porcentaje al arte, al turismo y a la filantropía?

El deporte es otra prioridad política de primer orden, que tiene para sí el 3% del presupuesto del Estado; en los 25 años de vigencia de esta asignación constitucional hemos ganado una medalla olímpica, por lo que las próximas reformas constitucionales podrían duplicar a 6% dicho aporte a fin de reducir a 12 años la obtención de nuestra próxima medalla plateada.

Hasta aquí llevamos repartido apenas el 20% del presupuesto, así que podemos continuar, tal como lo está proponiendo el Ejecutivo en su propuesta de reformas constitucionales, al subir de 10% a 11% el aporte del presupuesto a las municipalidades lo cual, como no tiene más intención que seguir apoyando la transparente ejecución del gasto municipal, bien podría elevar el Congreso, ¿por qué no? a un 15%.

El Gobierno también propone en sus reformas constitucionales asignar un 1% del presupuesto a la Contraloría; vamos, subámosle a 2% para poder combatir mejor la corrupción. También plantea el Ejecutivo asignarle constitucionalmente un 2% del presupuesto al Ministerio Público; quizá el Congreso estime que para combatir el crimen organizado se pueda duplicar dicho porcentaje: 4%.

Con estos cambios habríamos asignado sólo el 41% del presupuesto, de manera que podemos proseguir. La actual asignación constitucional del 1% del presupuesto para alfabetización, bien podría elevarse a un 3% --¿qué más importante que eliminar el analfabetismo?-. Y a la Escuela Nacional Central de Agricultura, que tan crucial ha sido para el desarrollo rural del país, podría subírsele su actual asignación constitucional y dotarla del 1% del presupuesto nacional.

Todavía quedaría un 55% del presupuesto por repartir, lo cual podría hacerse a nivel constitucional aprovechando las próximas reformas: 5% para promover la identidad de los pueblos indígenas; 5% para subsidiar a los adultos mayores; 5% para combatir la desnutrición; 5% para fortalecer los Consejos de Desarrollo; 5% para fomentar el turismo; 5% para el arte; y, un 10% para complementar el altruismo de la sociedad civil (bomberos, fundaciones, hogares de ancianos, etcétera). ¿Quién se puede oponer a tan loables fines?

El restante 15% del presupuesto habrá de usarse para pagar salarios de la burocracia y para servir la deuda pública. Ya no quedaría nada para salud, educación ni infraestructura; pero estos gastos básicos para el desarrollo no parecen ser parte de las prioridades de moda.