PORCENTAJES CONSTITUCIONALES
27/agosto/2012
LAS PRE-ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS SON UN OBSTÁCULO PARA UNA POLÍTICA FISCAL EFICIENTE
Tanto el Organismo Ejecutivo como el Legislativo, en las últimas décadas, han sucumbido a la tentación de asignar porcentajes fijos del presupuesto de gastos del gobierno para financiar actividades, instituciones o programas supuestamente prioritarios. Por ello existen a nivel legal y constitucional múltiples pre-asignaciones de recursos a determinados destinos del gasto: deporte, educación universitaria, cortes de justicia, municipalidades, etcétera.
Aunque dichas pre-asignaciones pueden tener el fin loable de asegurar recursos financieros para temas de interés público, en la práctica se han convertido en una limitante para la aplicación de una política fiscal óptima, y han introducido rigideces en el manejo del presupuesto que complican la distribución del gasto y su financiamiento.
Los referidos porcentajes presupuestarios pre-asignados significan, ni más ni menos, que las prioridades de las políticas públicas se mantienen estáticas, escritas en piedra, impidiendo que las mismas se adecuen a las condiciones siempre cambiantes del entorno político, económico y social. Ello implica que el Estado queda sin margen de maniobra para atender las demandas de la población a medida que éstas evolucionan.
Una solución directa, pero drástica, al problema descrito requeriría reformar la Constitución y otras leyes para eliminar dichos porcentajes pre-asignados; demás está decir cuán difícil –casi imposible- sería negociar políticamente para quitarle los montos millonarios que actualmente reciben del presupuesto entidades como la Universidad de San Carlos, la CDAG o las municipalidades. Esta solución drástica requeriría también establecer un proceso de presupuestación, técnica y profesionalmente elaborado, que sea quien defina cuáles serían los gastos prioritarios dentro del presupuesto de la Nación.
Es imposible planificar con visión de futuro si el presupuesto está escrito en piedra
Hasta ahora, el proceso de presupuestación del gasto público no se realiza de forma sistemática, ni se orienta en función de lineamientos prioritarios enmarcados en políticas de largo plazo, lo cual redunda en que las acciones gubernamentales tengan poco impacto y que el gasto sea ineficiente. Por ello resulta necesario que, independientemente de que corrija el problema de las pre-asignaciones del presupuesto, el Ejecutivo y el Legislativo fortalezcan los mecanismos necesarios para que el proceso de presupuestación del gasto público se realice en función de las prioridades de Estado que se determinen mediante los mecanismos establecidos para la formulación de políticas públicas, tomando en cuenta el rol que la ley establece en este sentido para los Consejos de Desarrollo y la SEGEPLAN.
Una solución políticamente factible (y parcial) para el problema de los porcentajes del presupuesto pre-asignados por ley podría empezar por no aumentar los porcentajes ya existentes ni agregar otros nuevos –como, lamentablemente, se propone en algunas de las reformas constitucionales presentadas recientemente al Congreso-.
En segundo lugar, habría que obligar a las entidades que gozan del privilegio de recibir cómodamente cada año un porcentaje del presupuesto que todos los contribuyentes ayudamos a financiar, para que sean más transparentes y ordenadas en sus gastos, y a que rindan cuentas a la sociedad sobre los mismos. Esto implicaría que, sin excusa ni demora, tanto la USAC, como la CDAG, las municipalidades y las demás receptoras de porcentajes presupuestarios, utilicen plenamente los mecanismos de control financiero vigentes (como el SIAF-SAG, Guatecompras y otros), se sometan anualmente a una auditoría externa independiente, y hagan público el resultado de tales mecanismos.
En tercer término, habría que alinear el proceso de presupuestación en función de objetivos de largo plazo y de las demandas poblacionales que surjan a través del sistema de Consejos de Desarrollo. La aprobación de las reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto planteadas por el gobierno a inicios de año podría ser un buen comienzo.
En el ínterin, convendría una reflexión y un diálogo a nivel nacional para discutir la conveniencia de revisar y flexibilizar las normas legales y constitucionales que establecen porcentajes rígidos y específicos de gasto público, a fin de que los recursos presupuestarios puedan reasignarse estratégicamente en función de las prioridades de Estado.
