EL REPARTO DEL PRESUPUESTO
Las discusiones en torno al Presupuesto 2019 en el Congreso han degenerado en un regateo entre grupos de presión que buscan más recursos, sin relación con los objetivos de política pública. La debilidad institucional y la politización del servicio civil han convertido al Estado en una agencia de empleos para correligionarios. Según el BID, gran parte del gasto público en la región se desperdicia por corrupción, ineficiencia y altos salarios burocráticos. En Guatemala, el elevado peso de las remuneraciones limita la inversión en infraestructura y servicios básicos. Rescatar el presupuesto este año es improbable, pero urge replantear prioridades para que el gasto público se dirija a educación, salud, seguridad, justicia y obras esenciales, en lugar de responder a presiones sindicales o intereses particulares.
PORCENTAJES CONSTITUCIONALES
La práctica de fijar porcentajes rígidos del presupuesto para financiar instituciones y programas, aunque concebida para proteger prioridades nacionales, ha terminado por restringir la capacidad del Estado para adaptarse a nuevas demandas sociales y económicas. Reformar este esquema es complejo, pero se podrían tomar medidas parciales como frenar nuevas pre-asignaciones, exigir transparencia y rendición de cuentas a los beneficiarios actuales, y fortalecer el proceso de presupuestación con base en prioridades de Estado y planificación a largo plazo. Un diálogo nacional sobre la flexibilidad del gasto público es urgente para modernizar la política fiscal guatemalteca.
UNA HERRAMIENTA CONTRA LA CORRUPCIÓN
El presupuesto nacional es el instrumento clave de la política fiscal y refleja los planes del Estado en el marco del desarrollo económico y social. Sin embargo, su eficacia se ve gravemente limitada por la corrupción, la falta de transparencia y la debilidad institucional. Pese a ciertos avances recientes, Guatemala enfrenta rigideces y una alarmante deuda flotante. La reforma de la Ley Orgánica del Presupuesto es urgente para institucionalizar normas anuales ya implementadas, mejorar el control del gasto, fortalecer los sistemas electrónicos de gestión y garantizar que todas las entidades cumplan con reglas fiscales claras. La discusión legislativa es lenta, pero crítica: el Congreso tiene una oportunidad única de consolidar avances y prevenir retrocesos antes de discutir el presupuesto de 2013.