La práctica de fijar porcentajes rígidos del presupuesto para financiar instituciones y programas, aunque concebida para proteger prioridades nacionales, ha terminado por restringir la capacidad del Estado para adaptarse a nuevas demandas sociales y económicas. Reformar este esquema es complejo, pero se podrían tomar medidas parciales como frenar nuevas pre-asignaciones, exigir transparencia y rendición de cuentas a los beneficiarios actuales, y fortalecer el proceso de presupuestación con base en prioridades de Estado y planificación a largo plazo. Un diálogo nacional sobre la flexibilidad del gasto público es urgente para modernizar la política fiscal guatemalteca.