¿DEUDA PARA QUÉ?
En lugar de seguir enfrascados en debates técnicos sobre el momento o las tasas de interés de los bonos del Tesoro, deberíamos preguntarnos si el endeudamiento público está sirviendo para impulsar el desarrollo o para mantener viejas estructuras clientelares.
En mi columna en Prensa Libre reflexiono sobre esta paradoja y propongo una alternativa: la creación de vehículos financieros especializados, blindados y eficientes, para canalizar los recursos hacia proyectos transformadores.
¿IGNORIACIA O IRRESPONSABILIDAD?
La iniciativa de Ley Bono de la Esperanza propone entregar transferencias de dinero a familias en pobreza y pobreza extrema mediante bonos de salud, educación y nutrición. Sin embargo, la propuesta tiene tres defectos críticos: generaría un gasto adicional cercano al 17 % del presupuesto estatal, aumentando el déficit fiscal y poniendo en riesgo la estabilidad macroeconómica; incrementaría la rigidez presupuestaria, limitando la flexibilidad financiera; y carece de mecanismos para garantizar el uso adecuado de los recursos, sin datos confiables de beneficiarios ni resultados medibles. Sus efectos reales serían más perjudiciales que beneficiosos para los sectores vulnerables.
PORCENTAJES CONSTITUCIONALES
La práctica de fijar porcentajes rígidos del presupuesto para financiar instituciones y programas, aunque concebida para proteger prioridades nacionales, ha terminado por restringir la capacidad del Estado para adaptarse a nuevas demandas sociales y económicas. Reformar este esquema es complejo, pero se podrían tomar medidas parciales como frenar nuevas pre-asignaciones, exigir transparencia y rendición de cuentas a los beneficiarios actuales, y fortalecer el proceso de presupuestación con base en prioridades de Estado y planificación a largo plazo. Un diálogo nacional sobre la flexibilidad del gasto público es urgente para modernizar la política fiscal guatemalteca.