¿DEUDA PARA QUÉ?

21/julio/2025

No basta con discutir si el endeudamiento fue oportuno. Lo crucial es para qué se usará el dinero

En los últimos días ha cobrado notoriedad mediática una polémica sobre si fue o no adecuada la reciente colocación de bonos del Tesoro por parte del gobierno guatemalteco. Unos alegan que fue inoportuna: ¿para qué endeudarse —y en condiciones no precisamente favorables— si hay una baja ejecución del presupuesto y miles de millones guardados en caja? Otros, en cambio, argumentan que la colocación cumple con lo aprobado por el Congreso y que es sensato aprovechar la buena reputación del país en los mercados internacionales para financiar el déficit a tiempo.

El problema no es solo cuándo se colocan los bonos, sino en qué se gasta lo que se percibe

Pero, aunque interesante, este debate es apenas un espejismo que desvía la atención de la pregunta realmente importante: ¿para qué quiere el gobierno un presupuesto tan grande y en qué lo está gastando? La enorme magnitud del endeudamiento público que ahora está en proceso de colocación (y que fue previamente aprobado por el Congreso), solo tendría sentido si el destino del gasto público estuviera alineado con un conjunto de prioridades estratégicas y si su ejecución fuera eficaz, transparente y transformadora.

Desafortunadamente, no es ese el caso. El presupuesto vigente repite los vicios de siempre: excesivas asignaciones para consejos de desarrollo y municipalidades —históricamente opacos y poco eficientes—, transferencias millonarias a entidades como la Universidad de San Carlos sin mecanismos de rendición de cuentas, y una constelación de ONGs beneficiadas con recursos públicos sin una clara justificación ni seguimiento. Más que una hoja de ruta para el desarrollo, el presupuesto parece una herramienta para apaciguar alianzas políticas y repartir favores clientelares.

Lo paradójico es que, pese a tener dinero suficiente, el gobierno lo está ejecutando con una lentitud desesperante: a junio de 2025 el porcentaje de ejecución era incluso más bajo que al mismo mes del año anterior, por lo que el gobierno acumula varios miles de millones “guardados” como saldo de caja sin ejecutar. Y es allí donde, contra toda lógica usual, podría abrirse una ventana de oportunidad: si ya se están colocando los bonos del Tesoro, si se acumulan ingentes saldos de caja, y si el gasto regular avanza a paso de tortuga, podría aprovecharse este impasse para redirigir esos recursos hacia fines verdaderamente productivos, mediante Vehículos Financieros de Propósito Especial -VFPE-.

Estos fondos específicos -VFPE- podrían crearse por ley y ser dotados de un mandato y una gobernanza que les permitiría ejecutar los recursos de una manera eficaz y transparente, alejándolos de los mecanismos tradicionales burocráticos y clientelares del Estado, y destinarlos a programas estratégicos y de impacto en el desarrollo del país, con reglas claras de ejecución y de rendición de cuentas. La experiencia internacional y los propios estudios del FMI señalan que los déficits fiscales son aceptables, únicamente si son temporales, focalizados en inversión estratégica y ejecutados con transparencia. El problema no es, pues, solo cuándo o cómo se colocan los bonos, sino en qué se gasta lo que se percibe.

Guatemala tiene la posibilidad, hoy, de crear estos instrumentos -VFPE- para atender con urgencia al menos tres prioridades de alto impacto económico y social: inversión en infraestructura vial, combate a la desnutrición infantil e inversión en generación y distribución de energía. Esos tres son los frentes donde el dinero público, si se usa bien, puede mover la aguja del desarrollo. Pero si no se aprovecha esta coyuntura, corremos el riesgo de que el endeudamiento termine siendo más de lo mismo: deuda cara para un gasto mediocre.