¿SERÁ APROBADO EL PRESUPUESTO 2015?
A poco del vencimiento del plazo para aprobar el Presupuesto 2015, Guatemala enfrenta una nueva crisis parlamentaria que amenaza con paralizar el proceso. El G40 advierte que no aprobarlo agravaría la opacidad y la rigidez en el gasto público, afectando compromisos salariales y el financiamiento del proceso electoral. También señala graves deficiencias: crecimiento insostenible del gasto corriente, normas contrarias a la ley y baja inversión. Pese a estas falencias, el proyecto contiene elementos positivos que deben rescatarse mediante ajustes. Solo una negociación responsable entre oficialismo y oposición podrá evitar mayores daños a la gobernabilidad.
CONVIENE TOMAR NOTA
Guatemala mantiene una relativa estabilidad macroeconómica y una reputación positiva en el cumplimiento de sus deudas, lo que le permite acceso a los mercados financieros internacionales. Sin embargo, sus calificaciones de riesgo-país permanecen en el nivel de “no inversión” debido a una baja carga tributaria, debilidades institucionales, crecimiento económico limitado y problemas estructurales persistentes. Las agencias Moody’s, Fitch y Standard & Poor’s coinciden en reconocer la estabilidad fiscal y monetaria, pero advierten que la falta de reformas y de fortalecimiento institucional obstaculiza el desarrollo y frena el avance hacia mejores calificaciones.
LA MÁGNITUD DEL DÉFICIT FISCAL
La reciente ampliación presupuestaria de Q1.5 millardos para aumentos salariales en Educación y Salud se aprobó sin especificar una fuente clara de financiamiento. Se confía en una mejora de la recaudación tributaria, pero los datos muestran ineficiencias en las aduanas y estancamiento en ingresos clave como el IVA de importaciones. Esto podría elevar el déficit fiscal hasta un preocupante 2.4% del PIB, revirtiendo los avances previos en su contención. Tal deterioro enviaría señales negativas a los mercados internacionales, incrementando el costo del financiamiento y poniendo en riesgo la estabilidad macroeconómica del país. Es urgente retomar una gestión prudente del gasto.
EL FMI NOS SUPERVISA
El reporte anual del FMI sobre Guatemala destaca un desempeño económico sólido y control inflacionario, aunque alerta sobre limitaciones estructurales como baja inversión, inseguridad y debilidad institucional. Señala que el principal desafío es lograr sostenibilidad fiscal mediante un ajuste presupuestario centrado en aumentar ingresos. Se mencionan riesgos por incertidumbre en reformas tributarias, incentivos fiscales y la problemática deuda flotante. Además, el FMI aconseja mejorar la política monetaria, fortalecer el sistema financiero y avanzar en reformas estructurales para fomentar un crecimiento inclusivo a largo plazo.
BONOS O PRÉSTAMOS
El gobierno busca que el Congreso apruebe Q3.5 millardos en bonos del tesoro en medio de dudas sobre la legalidad y transparencia del proceso, ya que dichos bonos pretenden cubrir deuda flotante originada en contratos sin respaldo presupuestario. La Junta Monetaria advierte que solo debe aprobarse si no se excede el déficit fiscal previsto. La alternativa más sólida serían préstamos negociados a tasas bajas para inversión social y productiva. Aprobar bonos sin garantías claras podría dañar la estabilidad macroeconómica, afectar la calificación crediticia internacional y generar un grave retroceso fiscal.
EL TAMAÑO DEL DÉFICIT ES LA CLAVE
El gobierno guatemalteco colocó US$700 millones en bonos del tesoro con una tasa de 5.88% y plazo a 10 años, superando expectativas de demanda internacional. Aunque se celebra como un logro financiero, el endeudamiento refleja el déficit fiscal estructural que enfrenta el país. La preocupación no radica en el acto de endeudarse en sí, sino en que el déficit fiscal se mantenga controlado para que la deuda no crezca más rápido que el PIB. Con una carga de deuda del 25% del PIB —la más baja de Centroamérica— Guatemala ha gozado de estabilidad financiera y buena reputación internacional. Sin embargo, esta posición depende de seguir gestionando prudentemente el gasto público y el ingreso fiscal, elementos que deben guiar las decisiones del Congreso y del Ejecutivo para asegurar la sostenibilidad económica.
EFECTO DESPLAZAMIENTO A LA VISTA
La política fiscal expansiva adoptada en 2009 para enfrentar la crisis económica mundial ha dejado de ser una medida temporal y ha mantenido un déficit superior al 3% del PIB. Esto ha obligado al gobierno a endeudarse internamente, desviando recursos que podrían haberse destinado al crédito productivo. La creciente deuda pública, junto con la política antiinflacionaria del Banco Central, ha incrementado las tasas de interés, especialmente en el crédito al consumo. Lejos de estimular la economía, el gasto fiscal ahora dificulta la inversión privada, planteando un complejo dilema entre aumentar impuestos o reducir gasto público.
INTOLERANCIA A LA DEUDA
Aunque Guatemala mantiene niveles de deuda pública aparentemente bajos, su fragilidad institucional, rigidez fiscal y vulnerabilidad a shocks externos la hacen propensa a crisis de deuda. Esta “intolerancia a la deuda” exige políticas fiscales más prudentes, mejoras estructurales y una reducción del endeudamiento si se quiere aspirar a una mejor calificación de riesgo soberano. Estudios recientes del FMI advierten que el país necesitaría reducir su deuda al 11.5% del PIB para alcanzar el grado de inversión, lo que implica decisiones difíciles pero urgentes en materia de gasto público e ingresos fiscales.