BONOS O PRÉSTAMOS
21/julio/2013
LA EMISIÓN DE BONOS SIN TRANSPARENCIA PUEDE DAÑAR LA ESTABILIDAD FISCAL Y LA IMAGEN INTERNACIONAL DEL PAÍS
La sospechosa insistencia e injustificable prisa con la que el gobierno busca que el Congreso le apruebe endeudarse en Q3.5 millardos mediante la emisión de bonos del tesoro, coloca al Legislativo ante un difícil dilema. Resulta que el dictamen (no vinculante) que emitió la Junta Monetaria, recomienda al Congreso aprobar tales bonos sólo si se cumple una restricción clave: que el déficit fiscal resultante del nuevo endeudamiento no exceda de un monto equivalente a 2.3% del PIB, que es el nivel originalmente contemplado en el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Estado para 2013, que el propio Congreso aprobó y que no incluía tales bonos.
En otras palabras, la Junta Monetaria, emulando a Pilatos, le indica al Legislativo que la única manera en que la aprobación de los tales bonos no cause daños macroeconómicos sería que estos se emitan en sustitución del endeudamiento previsto en el Presupuesto vigente, consistente en dos préstamos (uno del BID y otro del BIRF) que ya están negociados y cuyos recursos tienen como destino la inversión social y productiva. Menudo consejo.
Lo correcto sería hacer lo contrario: aprobar los préstamos y no los bonos. Desde un punto de vista macroeconómico los préstamos están ya previstos como parte del financiamiento del déficit fiscal para 2013, por lo que no alteran las condiciones de estabilidad previstas en el mismo y en la política monetaria. Desde el punto de vista financiero, los préstamos del BID y del BIRF son más convenientes pues han sido negociados a una tasa de interés relativamente baja. Desde el punto de vista de la eficiencia del gasto, los préstamos también son más convenientes que los bonos pues ya tienen especificado su destino hacia fines de desarrollo económico y social.
La opacidad en el proceso de emisión de bonos genera dudas sobre la sostenibilidad fiscal y puede afectar gravemente la calificación de riesgo-país de Guatemala
Y lo más importante, desde el punto de vista de la transparencia y la credibilidad del gobierno, los préstamos no levantan los múltiples cuestionamientos que surgen alrededor de los bonos. Desde el origen espurio de la “deuda flotante” que se pretende pagar con los bonos (la cual tiene su origen en obras que fueron contratadas “de palabra” y sin respaldo presupuestario), hasta el dudoso listado de destinatarios de dichos pagos (auto-elaborado por el Ministerio de Comunicaciones, sin el aval de la Contraloría), todo el proceso alrededor de los tales bonos ha sido sumamente opaco.
Esta opacidad hace que, de ser aprobados, los bonos levantarán serias dudas a nivel internacional sobre la transparencia y eficacia del gasto público, sobre la certeza jurídica de las normas presupuestarias y, lo que es peor, sobre la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo, todo lo cual puede afectar gravemente la calificación de riesgo-país de Guatemala cuya perspectiva, a manera de advertencia, ya fue recientemente revisada hacia la baja por Fitch Ratings, una de las calificadoras más importantes.
De manera que un escenario aconsejable es uno en que el Congreso aprueba los préstamos, pero no los bonos. Un escenario negativo es uno en que se aprueban los bonos, pero no los préstamos. Y un escenario intermedio es uno en que no se aprueban ni los unos ni los otros. En este último, aunque se evitarían las consecuencias de los cuestionados bonos, el presupuesto de 2013 quedaría desfinanciado y ello podría paralizar el funcionamiento del gobierno en el último tramo del año, lo cual acarrearía consecuencias indeseables en materia de gobernabilidad puesto que serían desatendidas a las ingentes demandas ciudadanas de seguridad, educación, salud e infraestructura.
Hay un cuarto escenario, el más negativo de todos: que el Congreso apruebe tanto los préstamos como la emisión de los tales bonos. En este escenario se incumpliría, evidentemente, la condición de estabilidad sugerida por la Junta Monetaria, pues el déficit fiscal superaría el equivalente al 3% del PIB, lo cual significaría un enorme retroceso en materia de disciplina macroeconómica y pondría en riesgo la sostenibilidad fiscal del país. Ello, aunado a las dudas que la aprobación de los bonos generaría en cuanto a la calidad, transparencia e institucionalidad del gasto público, plantearía una grave amenaza para la calificación e imagen del país a nivel internacional, con consecuencias muy negativas para las posibilidades de financiamiento externo hacia los sectores público y privado.
