PROCESO ELECTORAL: ¿NUESTRA FORTALEZA?
El Índice de Democracia de The Economist sitúa a Guatemala como un “régimen híbrido” con 4.98 puntos, reflejo del deterioro democrático que afecta a gran parte de Latinoamérica. Los aspectos más débiles son la cultura política y la participación ciudadana, ambas marcadas por la desconfianza en las instituciones y el desencanto con la política. Sin embargo, el proceso electoral y su nivel de pluralismo se mantienen como los pilares más sólidos del sistema. En este contexto, el Tribunal Supremo Electoral enfrenta el reto de garantizar elecciones transparentes, eficaces y creíbles, evitando los errores del pasado. Solo fortaleciendo la institucionalidad democrática podrá evitarse un nuevo retroceso en el índice y recuperar la legitimidad del sistema político.
¿ALGUIEN SABE CUÁNTOS SON?
El gasto en remuneraciones representa más del 28% del presupuesto nacional, pero el Estado carece de datos exactos sobre cuántos empleados públicos tiene, en qué renglón se encuentran o en qué instituciones laboran. Esta falta de control convierte la gestión del recurso humano en un caos administrativo y un riesgo financiero latente. Los intentos de censos anteriores resultaron ineficaces y obsoletos. La solución pasa por modernizar los sistemas de registro, imponiendo el uso obligatorio y público de GUATENÓMINAS bajo estándares internacionales. Además, las entidades fiscalizadoras deben exigir datos actualizados sobre salarios y personal. Sin información confiable, el Estado seguirá operando con opacidad e ineficiencia estructural.
EL AGUJERO NEGRO
El régimen de jubilaciones de los empleados públicos representa un grave riesgo para las finanzas nacionales debido a su déficit estructural, falta de control y opacidad en la gestión. El sistema de Clases Pasivas Civiles opera con reservas negativas y depende del presupuesto estatal para cubrir pagos, agravado por registros inexactos, pensiones indebidas y absorción de otros regímenes. Aunque el proyecto de Presupuesto 2023 reconoce este riesgo, contradice su propio diagnóstico al incluir un aumento de Q600 millones en jubilaciones sin estudios técnicos. Urge una auditoría integral del número real de empleados públicos, un estudio actuarial del sistema y reformas legales que garanticen su sostenibilidad fiscal a largo plazo.
REGALAR DINERO: UNA POLÍTICA INSOSTENIBLE
El uso de fondos públicos con fines políticos ha generado serias presiones fiscales en Guatemala. Bonos, subsidios y leyes como la de veteranos —que costará Q9.6 millardos en tres años— ejemplifican una práctica recurrente que pone en peligro la estabilidad macroeconómica. Aunque presentadas como políticas sociales, estas medidas suelen ser improvisadas y electoralistas, sin análisis técnico ni sostenibilidad. Para evitar repetir errores y proteger las finanzas públicas, se requiere crear una instancia técnica en el Congreso que evalúe el impacto fiscal y macroeconómico de toda iniciativa que implique gasto estatal. Sin una regulación responsable, el país se arriesga a futuras crisis o a mayores impuestos.
REGALAR DINERO: UNA POLÍTICA INSOSTENIBLE
La costumbre de usar fondos públicos para fines electoreros ha generado graves consecuencias fiscales en Guatemala. Subsidios, bonos y transferencias —como la reciente ley de veteranos, que costará Q9.6 millardos en tres años— ponen en riesgo la estabilidad macroeconómica del país. Estas medidas, presentadas como apoyo social, aumentan el gasto sin respaldo técnico ni sostenibilidad, repitiendo patrones que solo benefician a corto plazo. Se necesitan mecanismos institucionales dentro del Congreso que analicen el impacto fiscal de cada iniciativa que use recursos públicos, tal como ocurre en otros países. Sin una gestión ordenada y técnica, estas políticas populistas pueden conducir a crisis fiscales inevitables.
¿GASTAR MÁS O GASTAR MEJOR?
El Congreso impulsa una nueva Ley de Adquisiciones del Estado con un proceso acelerado que amenaza con debilitar los mecanismos de transparencia. Aunque las reformas buscan mayor agilidad en las contrataciones públicas, también eliminan controles clave como los certificados de disponibilidad presupuestaria y amplían las excepciones para compras directas municipales. Esta tendencia, sumada al incremento del gasto destinado a alcaldías y Consejos de Desarrollo, plantea riesgos de corrupción y uso ineficiente de los recursos. Aprobar una ley tan trascendental sin el debate técnico y ciudadano adecuado podría generar más opacidad que eficiencia. La urgencia política no debe sustituir la responsabilidad legislativa.
TRANSPARENCIA Y CLIMA DE NEGOCIOS
Las decisiones de inversión ya no dependen solo de factores económicos, sino de la calidad de la gobernanza, la sostenibilidad social y la transparencia institucional. Según Eric Farnsworth, Guatemala enfrenta una oportunidad histórica con el nearshoring y friendshoring, pero solo podrá aprovecharla si fortalece el Estado de Derecho, la certeza jurídica, la infraestructura y el capital humano. Los inversionistas buscan entornos confiables y éticos, por lo que la corrupción y la debilidad institucional son barreras críticas. Farnsworth propuso medidas audaces como impulsar la digitalización del Estado, financiar la seguridad y avanzar hacia la incorporación al USMCA. La ventana de oportunidad es corta, y aprovecharla exige liderazgo, integridad y acción inmediata.
EL PROCESO PRESUPUESTARIO
El seguimiento del presupuesto estatal debe ser un proceso permanente que involucre tanto al Congreso como a la ciudadanía. Más allá de la aprobación anual, el control presupuestario incluye la evaluación continua del gasto y la liquidación final del ejercicio fiscal. El Congreso tiene la obligación de evitar ingresos sobrestimados, controlar el déficit y asegurar que no se financie gasto corriente con deuda. Asimismo, debe exigir información clara sobre el personal público y el gasto municipal, garantizando que la Contraloría cumpla su función de fiscalización con eficiencia y recursos adecuados. La transparencia, la vigilancia técnica y la participación social son esenciales para garantizar un uso responsable de los recursos públicos.
CORRUPCIÓN, DE NUEVO
Guatemala figura entre los países con peores calificaciones en el Índice de Percepción de Corrupción, reflejo de un deterioro sostenido. La corrupción, ligada estrechamente a la pobreza, erosiona el desarrollo y puede llevar al colapso estatal, como lo demuestran Afganistán y Líbano. Los esfuerzos aislados, ya sea la retórica presidencial o las campañas judiciales sin sustento institucional, resultan ineficaces. El combate requiere un sistema robusto: transparencia en compras públicas, control preventivo, auditorías internas coordinadas, una Contraloría independiente y un sistema judicial probo. Solo con instituciones fuertes será posible cambiar la cultura de permisividad y superar la corrupción estructural.
OPACIDAD EN LOS GOBIERNOS LOCALES
Las municipalidades y consejos de desarrollo administran cada año cerca de Q12 millardos, una parte significativa del presupuesto nacional, sin que exista suficiente fiscalización sobre su ejecución. Muchos gobiernos locales descuidan la rendición de cuentas, lo que genera riesgos fiscales, endeudamiento excesivo y la posibilidad de que el gobierno central deba rescatarlos, afectando sus propios recursos. Mejorar el control del gasto local es esencial para garantizar transparencia, alinear inversiones con políticas nacionales y proteger la sostenibilidad fiscal. La rendición de cuentas mediante sistemas como el SIAF, SICOIN y Guatenóminas es indispensable para asegurar un uso eficiente de los recursos públicos.
PRESUPUESTO 2022: LO BUENO, LO MALO Y LO FEO
El presupuesto de 2022 fue aprobado tras un debate superficial centrado en el reparto clientelar del erario. A pesar de que permite fiscalización y cierto nivel de transparencia, el déficit fiscal será mayor al de 2021 y se incorporan aumentos injustificados en sueldos y programas dudosos. Se normaliza la opacidad en la asignación de recursos a ONGs y municipalidades, se permite financiar gasto corriente con deuda y persisten problemas estructurales como el crecimiento de la masa salarial y los agujeros financieros en clases pasivas e IGSS. Todo esto limita la capacidad del Estado para ofrecer servicios públicos esenciales.
DÉBIL INSTITUCIONALIDAD FISCAL EN EL CONGRESO
El Congreso tiene la obligación de vigilar que el presupuesto no sobredimensione ingresos, que el déficit no comprometa la estabilidad y que no se financie gasto corriente con deuda. También debe fiscalizar el gasto de municipalidades y entidades públicas, así como evaluar iniciativas con impacto fiscal. Sin embargo, la Comisión de Finanzas carece de respaldo técnico suficiente, lo que limita la calidad de sus decisiones. Por ello, se plantea crear una oficina independiente similar a la Congressional Budget Office de EE. UU., capaz de proveer análisis objetivos. Este paso modernizaría la política fiscal y frenaría prácticas arbitrarias en la asignación de recursos.
GASTO PÚBLICO DE BAJA CALIDAD
El debate sobre el presupuesto 2022 evidencia que aumentar el gasto sin corregir fallas estructurales solo multiplica ineficiencias. El gasto público en Guatemala privilegia el funcionamiento sobre la inversión, impulsado por un crecimiento desmedido de la planilla estatal y compromisos financieros que comprometen la sostenibilidad fiscal. Urge revisar la legislación del servicio civil, las clases pasivas y los pactos colectivos. También debe fortalecerse la fiscalización de gobiernos locales, descentralizadas y ONGs que reciben fondos sin controles adecuados. La clave no es gastar más, sino asegurar calidad, transparencia y eficiencia en la ejecución. De lo contrario, cualquier incremento presupuestario será inútil.
UNA LEY ENGAÑOSA
La reforma a la Ley de Alimentación Escolar fue aprobada con amplio respaldo político y social, pero su diseño revela serias deficiencias. El aumento de recursos para repartir alimentos no combate la desnutrición crónica, que debe atenderse en etapas más tempranas y dentro de una política integral. Tampoco se ha evaluado si el programa mejora la asistencia o el rendimiento escolar, más aún con la pandemia interrumpiendo la presencialidad. El esquema, además, abre espacio para clientelismo y corrupción en las compras públicas. Con un costo anual de hasta mil millones de quetzales, la reforma representa un riesgo fiscal y social.
MEJORES INSTITUCIONES, MEJOR VIDA
Los estudios de Rohini Pande muestran que la calidad institucional es clave para reducir pobreza y fortalecer democracias. Guatemala enfrenta el reto de reformar su sistema electoral y de partidos, adoptando listas abiertas y recuperando la independencia del Tribunal Supremo Electoral. Más allá de votar cada cuatro años, la ciudadanía necesita información, representación y capacidad para defender sus instituciones. En corrupción, la clave no es solo sancionar, sino prevenir mediante vigilancia, auditoría y control efectivo. La Contraloría y unidades de auditoría interna requieren reformas profundas para dejar de depender únicamente de la persecución penal, que ha mostrado resultados débiles.
ENORME RETROCESO
El Congreso aprobó reformas a la Ley de Contrataciones que elevan drásticamente los montos permitidos para compras sin licitación: de Q25 mil a Q75 mil en adquisiciones de baja cuantía y de Q90 mil a Q175 mil en compras directas. Estos incrementos, muy por encima de la inflación acumulada, carecen de sustento técnico y debilitan gravemente los controles de calidad y transparencia. Con la nueva normativa, más del 90% de adquisiciones municipales quedarán fuera de mecanismos de competencia y fiscalización. Las verdaderas causas de ineficiencia radican en la mala planificación, el débil servicio civil y la ineficaz supervisión de la Contraloría.
REFORMAR EL SERVICIO CIVIL
Un foro auspiciado por el G-13 destacó la urgencia de modernizar el sistema de servicio civil en Guatemala, subrayando dos buenas noticias: el diagnóstico y propuestas del Ministerio de Trabajo, y el interés de la comunidad internacional en apoyar la reforma. Se señaló que modificar la Ley del Servicio Civil es necesario, pero insuficiente, ya que la transformación debe abarcar normas, estructuras y prácticas que impulsen una administración pública profesional y eficaz. Los objetivos esenciales incluyen fortalecer la ONSEC, privilegiar el mérito, profesionalizar la carrera administrativa y regular negociaciones colectivas. El desafío mayor recae en el Congreso, llamado a legislar con responsabilidad.
MODIFICAR EL PRESUPUESTO
El presupuesto 2021 enfrentará retos significativos debido a la ausencia de nuevos recursos extraordinarios como los otorgados en 2020. Se requiere limitar el déficit fiscal a un máximo de 4% del PIB y trazar un camino para reducirlo gradualmente al 2% en tres años, evitando riesgos de endeudamiento insostenible. A la par, es imprescindible fortalecer la calidad del gasto, asegurando que los fondos destinados a salud, nutrición, infraestructura y reactivación económica no se desvíen a otros fines. Finalmente, la transparencia y el control de la corrupción deben reforzarse con mayores exigencias de rendición de cuentas y estricta vigilancia institucional.
LAS TRES OPCIONES DEL CONGRESO
El proyecto de presupuesto 2021 del Ejecutivo mantiene un déficit fiscal elevado y un techo de gasto que podría comprometer la sostenibilidad fiscal del país. El Congreso tiene tres opciones: no aprobarlo, aprobarlo sin cambios, o introducir enmiendas para corregir debilidades. La mejor opción es ajustar los gastos de funcionamiento, limitar el uso de deuda para gasto corriente, proteger recursos para infraestructura, generar información sobre la plantilla pública y fortalecer la rendición de cuentas. Solo así se podrá garantizar un presupuesto responsable, preservar la reputación financiera de Guatemala y asegurar la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos.
EL DÉFICIT DE LA USAC
La USAC ha solicitado modificar el destino de un crédito multimillonario alegando déficit financiero, pero el problema central no es el dinero, sino la falta de transparencia. Comparada con la UNAM, la USAC carece de información pública estratégica sobre sus metas, resultados, gasto por alumno, actas de comités, declaraciones patrimoniales y auditorías externas. La universidad estatal debería rendir cuentas completas a los ciudadanos que financian su operación antes de exigir más recursos, asegurando eficiencia y transparencia en la gestión de fondos públicos. Solo así podrá justificar nuevas asignaciones sin cuestionar su opacidad.