CORRUPCIÓN, DE NUEVO
Guatemala figura entre los países con peores calificaciones en el Índice de Percepción de Corrupción, reflejo de un deterioro sostenido. La corrupción, ligada estrechamente a la pobreza, erosiona el desarrollo y puede llevar al colapso estatal, como lo demuestran Afganistán y Líbano. Los esfuerzos aislados, ya sea la retórica presidencial o las campañas judiciales sin sustento institucional, resultan ineficaces. El combate requiere un sistema robusto: transparencia en compras públicas, control preventivo, auditorías internas coordinadas, una Contraloría independiente y un sistema judicial probo. Solo con instituciones fuertes será posible cambiar la cultura de permisividad y superar la corrupción estructural.
OPACIDAD EN LOS GOBIERNOS LOCALES
Las municipalidades y consejos de desarrollo administran cada año cerca de Q12 millardos, una parte significativa del presupuesto nacional, sin que exista suficiente fiscalización sobre su ejecución. Muchos gobiernos locales descuidan la rendición de cuentas, lo que genera riesgos fiscales, endeudamiento excesivo y la posibilidad de que el gobierno central deba rescatarlos, afectando sus propios recursos. Mejorar el control del gasto local es esencial para garantizar transparencia, alinear inversiones con políticas nacionales y proteger la sostenibilidad fiscal. La rendición de cuentas mediante sistemas como el SIAF, SICOIN y Guatenóminas es indispensable para asegurar un uso eficiente de los recursos públicos.
PRESUPUESTO 2022: LO BUENO, LO MALO Y LO FEO
El presupuesto de 2022 fue aprobado tras un debate superficial centrado en el reparto clientelar del erario. A pesar de que permite fiscalización y cierto nivel de transparencia, el déficit fiscal será mayor al de 2021 y se incorporan aumentos injustificados en sueldos y programas dudosos. Se normaliza la opacidad en la asignación de recursos a ONGs y municipalidades, se permite financiar gasto corriente con deuda y persisten problemas estructurales como el crecimiento de la masa salarial y los agujeros financieros en clases pasivas e IGSS. Todo esto limita la capacidad del Estado para ofrecer servicios públicos esenciales.
DÉBIL INSTITUCIONALIDAD FISCAL EN EL CONGRESO
El Congreso tiene la obligación de vigilar que el presupuesto no sobredimensione ingresos, que el déficit no comprometa la estabilidad y que no se financie gasto corriente con deuda. También debe fiscalizar el gasto de municipalidades y entidades públicas, así como evaluar iniciativas con impacto fiscal. Sin embargo, la Comisión de Finanzas carece de respaldo técnico suficiente, lo que limita la calidad de sus decisiones. Por ello, se plantea crear una oficina independiente similar a la Congressional Budget Office de EE. UU., capaz de proveer análisis objetivos. Este paso modernizaría la política fiscal y frenaría prácticas arbitrarias en la asignación de recursos.
GASTO PÚBLICO DE BAJA CALIDAD
El debate sobre el presupuesto 2022 evidencia que aumentar el gasto sin corregir fallas estructurales solo multiplica ineficiencias. El gasto público en Guatemala privilegia el funcionamiento sobre la inversión, impulsado por un crecimiento desmedido de la planilla estatal y compromisos financieros que comprometen la sostenibilidad fiscal. Urge revisar la legislación del servicio civil, las clases pasivas y los pactos colectivos. También debe fortalecerse la fiscalización de gobiernos locales, descentralizadas y ONGs que reciben fondos sin controles adecuados. La clave no es gastar más, sino asegurar calidad, transparencia y eficiencia en la ejecución. De lo contrario, cualquier incremento presupuestario será inútil.
UNA LEY ENGAÑOSA
La reforma a la Ley de Alimentación Escolar fue aprobada con amplio respaldo político y social, pero su diseño revela serias deficiencias. El aumento de recursos para repartir alimentos no combate la desnutrición crónica, que debe atenderse en etapas más tempranas y dentro de una política integral. Tampoco se ha evaluado si el programa mejora la asistencia o el rendimiento escolar, más aún con la pandemia interrumpiendo la presencialidad. El esquema, además, abre espacio para clientelismo y corrupción en las compras públicas. Con un costo anual de hasta mil millones de quetzales, la reforma representa un riesgo fiscal y social.
MEJORES INSTITUCIONES, MEJOR VIDA
Los estudios de Rohini Pande muestran que la calidad institucional es clave para reducir pobreza y fortalecer democracias. Guatemala enfrenta el reto de reformar su sistema electoral y de partidos, adoptando listas abiertas y recuperando la independencia del Tribunal Supremo Electoral. Más allá de votar cada cuatro años, la ciudadanía necesita información, representación y capacidad para defender sus instituciones. En corrupción, la clave no es solo sancionar, sino prevenir mediante vigilancia, auditoría y control efectivo. La Contraloría y unidades de auditoría interna requieren reformas profundas para dejar de depender únicamente de la persecución penal, que ha mostrado resultados débiles.
ENORME RETROCESO
El Congreso aprobó reformas a la Ley de Contrataciones que elevan drásticamente los montos permitidos para compras sin licitación: de Q25 mil a Q75 mil en adquisiciones de baja cuantía y de Q90 mil a Q175 mil en compras directas. Estos incrementos, muy por encima de la inflación acumulada, carecen de sustento técnico y debilitan gravemente los controles de calidad y transparencia. Con la nueva normativa, más del 90% de adquisiciones municipales quedarán fuera de mecanismos de competencia y fiscalización. Las verdaderas causas de ineficiencia radican en la mala planificación, el débil servicio civil y la ineficaz supervisión de la Contraloría.
REFORMAR EL SERVICIO CIVIL
Un foro auspiciado por el G-13 destacó la urgencia de modernizar el sistema de servicio civil en Guatemala, subrayando dos buenas noticias: el diagnóstico y propuestas del Ministerio de Trabajo, y el interés de la comunidad internacional en apoyar la reforma. Se señaló que modificar la Ley del Servicio Civil es necesario, pero insuficiente, ya que la transformación debe abarcar normas, estructuras y prácticas que impulsen una administración pública profesional y eficaz. Los objetivos esenciales incluyen fortalecer la ONSEC, privilegiar el mérito, profesionalizar la carrera administrativa y regular negociaciones colectivas. El desafío mayor recae en el Congreso, llamado a legislar con responsabilidad.
MODIFICAR EL PRESUPUESTO
El presupuesto 2021 enfrentará retos significativos debido a la ausencia de nuevos recursos extraordinarios como los otorgados en 2020. Se requiere limitar el déficit fiscal a un máximo de 4% del PIB y trazar un camino para reducirlo gradualmente al 2% en tres años, evitando riesgos de endeudamiento insostenible. A la par, es imprescindible fortalecer la calidad del gasto, asegurando que los fondos destinados a salud, nutrición, infraestructura y reactivación económica no se desvíen a otros fines. Finalmente, la transparencia y el control de la corrupción deben reforzarse con mayores exigencias de rendición de cuentas y estricta vigilancia institucional.
LAS TRES OPCIONES DEL CONGRESO
El proyecto de presupuesto 2021 del Ejecutivo mantiene un déficit fiscal elevado y un techo de gasto que podría comprometer la sostenibilidad fiscal del país. El Congreso tiene tres opciones: no aprobarlo, aprobarlo sin cambios, o introducir enmiendas para corregir debilidades. La mejor opción es ajustar los gastos de funcionamiento, limitar el uso de deuda para gasto corriente, proteger recursos para infraestructura, generar información sobre la plantilla pública y fortalecer la rendición de cuentas. Solo así se podrá garantizar un presupuesto responsable, preservar la reputación financiera de Guatemala y asegurar la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos.
EL DÉFICIT DE LA USAC
La USAC ha solicitado modificar el destino de un crédito multimillonario alegando déficit financiero, pero el problema central no es el dinero, sino la falta de transparencia. Comparada con la UNAM, la USAC carece de información pública estratégica sobre sus metas, resultados, gasto por alumno, actas de comités, declaraciones patrimoniales y auditorías externas. La universidad estatal debería rendir cuentas completas a los ciudadanos que financian su operación antes de exigir más recursos, asegurando eficiencia y transparencia en la gestión de fondos públicos. Solo así podrá justificar nuevas asignaciones sin cuestionar su opacidad.
OTRA VEZ LA LEY DE COMPRAS
La lentitud en las adquisiciones públicas durante la pandemia no se debe a la Ley de Contrataciones, sino a tres factores estructurales: la falta de capacidades del funcionariado, la incompetencia de la Contraloría de Cuentas y la precariedad del proceso de presupuestación. La normativa vigente, similar a la de otros países, exige funcionarios preparados y probos, pero la administración carece de ellos. A ello se suma la arbitrariedad de los auditores y la ausencia de previsión presupuestaria para emergencias. Reformar la ley de forma apresurada, como propone el Congreso, no resolverá estas fallas y puede poner en riesgo transparencia y calidad del gasto.
EL ROL CLAVE DE LAS ESTADÍSTICAS
La pandemia evidenció la urgencia de contar con estadísticas confiables y oportunas, no solo en salud, sino también en empleo, ingresos, pobreza y actividad económica. Sin datos sólidos, el gobierno improvisa políticas, los inversionistas toman decisiones erradas y la ciudadanía carece de herramientas para exigir rendición de cuentas. El sistema estadístico nacional ha sido históricamente débil y opaco, favoreciendo a quienes lucran del desorden institucional. Fortalecer al Instituto Nacional de Estadística exige presupuesto adecuado, autonomía y resistencia a presiones políticas, para garantizar cifras técnicas y creíbles. Una reforma legal que asegure independencia y modernización del INE resulta impostergable.
LAS TRES EMERGENCIAS
La pandemia ha abierto tres frentes de crisis en Guatemala. La emergencia sanitaria demanda ampliar camas, UCI, equipos médicos y personal, esfuerzo en el que el gobierno ha actuado con cierta eficacia inicial al ganar tiempo con el confinamiento. La emergencia humanitaria afecta a millones de trabajadores informales y desempleados; aunque existen programas de ayuda, su ejecución es mínima y el Bono Familia, pieza clave con Q6 millardos, sigue sin implementarse plenamente. La emergencia económica amenaza la viabilidad de empresas, pero los fondos para empleo y crédito aún no han desembolsado nada. Urge rediseñar y ejecutar con eficiencia y transparencia para evitar un colapso social y productivo.
LOS ELEVADOS PRECIOS DE LAS MEDICINAS
El incremento sostenido en el precio de los medicamentos, tanto en Guatemala como a nivel mundial, ha generado serias consecuencias sociales y económicas, al punto de empujar a millones de personas a la pobreza. Si bien el envejecimiento poblacional y el aumento de la demanda explican parte del fenómeno, la corrupción y la ineficiencia en los sistemas de adquisiciones inflan artificialmente los costos. En Guatemala, las farmacéuticas han aprovechado su poder económico para imponer precios desproporcionados. Frente a ello, es necesario reforzar mecanismos de transparencia, promover la competencia y recurrir a organismos internacionales que garanticen procesos de compra más eficientes y justos.
LA VERDADERA OFICINA ANTI-CORRUPCIÓN
El índice de percepción de corrupción confirma un deterioro preocupante con graves consecuencias fiscales, sociales e institucionales. La corrupción erosiona los ingresos tributarios, incrementa costos en adquisiciones y obras públicas, y desvía recursos esenciales para salud, educación e infraestructura, debilitando la productividad y la calidad de vida. También deteriora la confianza ciudadana y la moral tributaria, afectando la gobernabilidad democrática. Aunque el gobierno ha anunciado acciones, la nueva comisión presidencial anticorrupción carece de una estrategia clara y enfrenta riesgos de politización. La vía más efectiva sería fortalecer la Contraloría de Cuentas y las auditorías internas, junto a reformas en servicio civil y contrataciones públicas.
FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO
El buen funcionamiento del Estado depende de que el gasto público se ejecute con eficiencia y transparencia, lo que requiere un sistema de fiscalización sólido y preventivo. En Guatemala, dicho sistema debería sostenerse en tres pilares: la Contraloría General de Cuentas, las Unidades de Auditoría Interna (UDAIs) y el Congreso de la República, cada uno con responsabilidades específicas que hoy se cumplen de manera deficiente. La ausencia de controles efectivos ha dejado a la vía penal como único mecanismo para frenar la corrupción, en lugar de prevenirla desde la gestión administrativa. Fortalecer a la Contraloría, empoderar a las UDAIs y exigir al Congreso el cumplimiento de su rol fiscalizador son pasos urgentes. Las reformas legales, incluyendo mayor independencia del contralor y regulación de conflictos de interés, son imprescindibles.
NO ES (SOLO) LA LEY DE CONTRATACIONES
Aunque una buena ley de contrataciones es importante, su existencia por sí sola no garantiza un gasto público eficiente ni la eliminación de clientelismo y corrupción. Lo realmente decisivo es fortalecer la planificación, ejecución y control de las adquisiciones, asegurando que los funcionarios estatales sean competentes y que las instituciones fiscalizadoras cumplan con su mandato. Reformar únicamente el marco legal puede ser contraproducente si se descuidan estas áreas clave. Las mejoras de fondo deben centrarse en elevar la calidad del servicio civil y garantizar la eficacia de la auditoría y supervisión, para que los recursos públicos se utilicen con transparencia y efectividad.
EL TSE ANTE LA INCERTIDUMBRE
El proceso electoral próximo en Guatemala se encuentra lleno de incertidumbres debido a la necesidad de aplicar reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que fueron mal concebidas y redactadas. El TSE debe enfrentar desafíos críticos como diferenciar proselitismo de campaña electoral, regular la publicidad de los candidatos en medios tradicionales y redes sociales, distribuir de manera equitativa la propaganda electoral y establecer reglas claras sobre financiamiento, incluso para aportes menores. La falta de claridad en estos temas puede provocar judicialización, conflictos y pérdida de legitimidad en un sistema que hasta ahora contaba con cierto prestigio ante la ciudadanía.