BLINDAR LOS AHORROS FISCALES
En 2021, Guatemala logró mejorar notablemente sus finanzas públicas, acumulando más de Q6 millardos en recursos extraordinarios gracias a un aumento de ingresos y a la emisión estratégica de deuda. Esta situación representa una oportunidad histórica para impulsar la inversión en infraestructura, elemento crucial para el desarrollo económico. Para que sea efectiva, la inversión debe concentrarse en proyectos bien evaluados, con procesos de licitación transparentes y gestión de contratos rigurosa. Proyectos como la conectividad de frontera a frontera, ampliaciones viales y mejoras en movilidad urbana requieren gobernanza especial, asegurando que los recursos se ejecuten con eficiencia y bajo estricta fiscalización.
UN TESORO EN RIESGO
La pandemia abrió la puerta a un incremento sin precedentes del gasto público, debilitando el compromiso con la disciplina macroeconómica. En Latinoamérica, el descontento social ha sido aprovechado por populistas que promueven políticas de gasto excesivo e insostenible, debilitando instituciones y creando falsas expectativas. En Guatemala, varias iniciativas legislativas buscan transferencias y beneficios millonarios que pondrían en riesgo las finanzas públicas, desde bonos masivos hasta energía gratuita. Aunque se presenten como solidarias, estas medidas alimentan el despilfarro y la inflación. La experiencia internacional demuestra que perder la estabilidad fiscal tiene consecuencias graves y costosas para la economía y la población.
OPACIDAD EN LOS GOBIERNOS LOCALES
Las municipalidades y consejos de desarrollo administran cada año cerca de Q12 millardos, una parte significativa del presupuesto nacional, sin que exista suficiente fiscalización sobre su ejecución. Muchos gobiernos locales descuidan la rendición de cuentas, lo que genera riesgos fiscales, endeudamiento excesivo y la posibilidad de que el gobierno central deba rescatarlos, afectando sus propios recursos. Mejorar el control del gasto local es esencial para garantizar transparencia, alinear inversiones con políticas nacionales y proteger la sostenibilidad fiscal. La rendición de cuentas mediante sistemas como el SIAF, SICOIN y Guatenóminas es indispensable para asegurar un uso eficiente de los recursos públicos.
¿IGNORIACIA O IRRESPONSABILIDAD?
La iniciativa de Ley Bono de la Esperanza propone entregar transferencias de dinero a familias en pobreza y pobreza extrema mediante bonos de salud, educación y nutrición. Sin embargo, la propuesta tiene tres defectos críticos: generaría un gasto adicional cercano al 17 % del presupuesto estatal, aumentando el déficit fiscal y poniendo en riesgo la estabilidad macroeconómica; incrementaría la rigidez presupuestaria, limitando la flexibilidad financiera; y carece de mecanismos para garantizar el uso adecuado de los recursos, sin datos confiables de beneficiarios ni resultados medibles. Sus efectos reales serían más perjudiciales que beneficiosos para los sectores vulnerables.
PACTOS COLECTIVOS
Los pactos colectivos en Guatemala se han desnaturalizado, generando un crecimiento descontrolado de la masa salarial del Estado sin mejorar la calidad de los servicios públicos. Entre 1998 y 2019, la participación del Ministerio de Educación en la masa salarial pasó del 29.7% al 44.5%, y para 2022 se prevé un aumento adicional de Q2.4 millardos, parte financiado con deuda. Es urgente reglamentar la negociación colectiva, involucrando al Ministerio de Finanzas, al Ministerio de Trabajo y a la ONSEC, con transparencia sobre recursos disponibles y vínculos claros con desempeño, para evitar riesgos fiscales y proteger la sostenibilidad del Estado.
SOLUCIONES BARATAS PARA LOS PRECIOS CAROS
El aumento mundial en precios de combustibles, gas y materias primas refleja un desbalance entre oferta insuficiente y demanda en expansión tras la pandemia. Ante este fenómeno global y temporal, las propuestas políticas de exoneraciones fiscales o subsidios son riesgosas, pues distorsionan el mercado, erosionan las finanzas públicas y no resuelven el problema de fondo. La respuesta adecuada es fortalecer la política monetaria, dotando al banco central de independencia y de un IPC confiable para guiar decisiones. Así podrá aplicar restricciones cuando sea necesario y evitar que la inflación se descontrole. Sin disciplina monetaria, el costo lo asumirán los ciudadanos.
MAMAR DE LA UBRE SECA DEL FISCO
La práctica de regalar dinero desde el erario refleja la decadencia del sistema político, caracterizado por propuestas mediocres y soluciones populistas. Pactos colectivos con cláusulas insostenibles, dádivas a grupos de presión como excombatientes o adultos mayores, y apoyos improvisados a sectores afectados por crisis muestran cómo se privilegia la salida fácil en lugar de reformas estructurales. Estas medidas dañan la sostenibilidad fiscal, socavan el seguro social y distorsionan la atención de problemas de largo plazo. Aunque se venden como actos de justicia social, sus consecuencias son nefastas: minan las finanzas públicas, generan dependencia y amenazan la estabilidad económica construida con esfuerzo.
OPORTUNIDADES Y AMENAZAS PARA LA ECONOMÍA
Fitch Ratings reafirmó la calificación BB- de Guatemala, destacando la estabilidad macroeconómica, bajo nivel de deuda y reservas internacionales, pero señaló como debilidades la baja recaudación tributaria, la débil institucionalidad y los pobres indicadores de desarrollo humano, problemas exacerbados por la inoperancia política. Las amenazas incluyen déficit fiscal creciente, disfuncionalidad parlamentaria y riesgos de eventos políticos internos y externos que podrían frenar la recuperación económica. Entre las oportunidades destacan reformas fiscales, incremento de inversión y cierre de brechas de infraestructura, así como mejoras en gobernanza y desarrollo humano mediante reformas profundas a las instituciones estatales.
BLINDAR EL PRESUPUESTO
El presidente Giammattei anunció la reducción del techo presupuestario de Q107.7 a Q94.3 millardos, medida positiva para recuperar disciplina fiscal y mantener la confianza en los mercados internacionales. Sin embargo, el gobierno decidió no enviar esta readecuación al Congreso, lo que genera incertidumbre y debilita la señal de compromiso fiscal. La falta de aprobación legislativa abre riesgos: la posible repetición indefinida del presupuesto inflado, la permanencia de normas inadecuadas y una menor transparencia en el gasto público. Aunque la reducción es un paso correcto, solo una readecuación avalada por el Congreso brindaría certeza y estabilidad macroeconómica sostenida.
EL AGUJERO NEGRO
El régimen de jubilaciones de los empleados públicos en Guatemala se ha convertido en una grave amenaza para la sostenibilidad fiscal. Su quiebra de facto se refleja en reservas negativas, dependencia crítica y prácticas irregulares como pagos a fallecidos o beneficios indebidos. A esto se suma la incorporación de otros sistemas deficitarios y los reclamos judiciales de contratados bajo renglón 029. Aunque el Presupuesto 2023 advierte del riesgo, también incluye un aumento de Q600 millones para jubilaciones sin respaldo técnico, agravando el problema. Urge una revisión integral del servicio civil y un estudio actuarial que permita reformas antes de que la crisis explote.
TIEMPO DE REGLAS FISCALES
La pandemia obligó a Guatemala a expandir el gasto público de manera histórica, llevando el déficit fiscal al 6% del PIB en 2020 y proyectando niveles aún elevados para 2021. Aunque estas medidas fueron necesarias, la creciente deuda ya supera el 350% de los ingresos tributarios, lo que compromete la sostenibilidad fiscal. El pago de intereses absorbe cada vez más recursos, reduciendo el margen para inversión social y productiva. Si bien las condiciones financieras actuales permiten endeudarse con relativa facilidad, los riesgos de una crisis futura son altos. Se requiere un plan creíble de consolidación fiscal y discutir la adopción de una ley de responsabilidad fiscal.
OTRO ENORME AGUJERO FISCAL
El sistema de pensiones de los jubilados estatales, conocido como Régimen de Clases Pasivas, se ha convertido en una carga insostenible para las finanzas públicas. Funciona como un esquema de reparto simple donde las cuotas de los trabajadores activos no alcanzan para cubrir los pagos, obligando a financiar más del 50% del gasto con impuestos. En 2023 superó los Q5.1 millardos, un monto mayor al presupuesto de ministerios clave, y sigue creciendo. La falta de un fondo de reserva, la mala gobernanza y prácticas abusivas han profundizado el déficit. Urge una reforma que ponga orden, garantice sostenibilidad y transparente la administración.
REPARTIENDO EL PRESUPUESTO ESTATAL
La práctica de establecer asignaciones fijas de ingresos fiscales, como el 5% destinado a la USAC o al deporte, genera una rigidez que vuelve insostenibles las finanzas públicas. Un ejercicio hipotético de asignar porcentajes a múltiples áreas prioritarias —educación, salud, infraestructura, seguridad, programas sociales, medio ambiente, entre otras— demuestra que las demandas fácilmente superarían el 115% de los ingresos estatales, lo que resulta inviable. El problema central es que las prioridades nacionales cambian con el tiempo y no deben quedar atadas a la Constitución. Un presupuesto responsable exige flexibilidad para ajustar el gasto a las necesidades sociales y políticas emergentes.
EL PRESUPUESTO DE UBICO
El presupuesto de 1932, durante el gobierno de Jorge Ubico, ascendió a Q12.3 millones y reflejó una estricta austeridad en medio de la crisis económica y bancaria. Gran parte se destinó a pagar deuda pública (27.6%) y seguridad ciudadana (24.7%), mientras que educación recibió 13.7% y la inversión alcanzó 11.4%. Comparado con el presupuesto planteado para 2020, las prioridades han cambiado: educación supera el 19%, seguridad apenas llega al 6.7%, el gasto social crece a 33.7% y la deuda se reduce a 16%. Aunque la inflación acumulada hace difícil una comparación lineal, los datos revelan que el presupuesto actual multiplica con creces el gasto per cápita de la época de Ubico. El contraste evidencia la necesidad de explorar medidas de austeridad en el aparato estatal.
LOS DESAFÍOS DEL PRESUPUESTO 2020 (II)
El proyecto de presupuesto 2020 presenta ingresos tributarios claramente sobrestimados, lo que, combinado con un techo de gasto de Q91.9 millardos, generaría un déficit superior a Q17.7 millardos, equivalente al 2.6% del PIB. Este desbalance incrementaría la deuda pública a niveles de riesgo, superando el 166% de los ingresos tributarios y comprometiendo la sostenibilidad fiscal. Aún más preocupante, las normas presupuestarias incluyen disposiciones para aprobar endeudamiento adicional de hasta Q8 millardos sin que aparezca reflejado en las cifras oficiales, lo que podría elevar el déficit al 3.6% del PIB. Aunque algunos proyectos son necesarios, el mecanismo propuesto resulta anómalo y peligroso. El Congreso debe recortar el gasto previsto y rechazar tales “pre-ampliaciones”, garantizando que toda deuda sea explícita y transparente en el presupuesto.
LOS DESAFÍOS DEL PRESUPUESTO 2020 (I)
El análisis del presupuesto 2020 evidencia problemas estructurales que limitan la capacidad del Estado para atender las necesidades del país. Debido a las asignaciones fijas establecidas por la Constitución y otras leyes, el 84.4% del gasto ya está comprometido, dejando solo un 15.6% disponible para políticas públicas e inversión. Esta rigidez ha reducido drásticamente la inversión en obra pública, que pasó del 28% hace diez años al 17% actual. Además, los salarios absorberán el 39% del presupuesto, sin mecanismos claros para evaluar la calidad de ese gasto. La falta de control sobre municipalidades, consejos de desarrollo y ONGs contratadas con fondos públicos agrava la ineficiencia. Aunque no todas las deficiencias pueden resolverse en un año, el Congreso sí puede corregir algunas durante la actual discusión presupuestaria.
MÁS ALLÁ DEL PRESUPUESTO ANUAL
El presupuesto del Estado 2017 en Guatemala refleja graves problemas estructurales, como la rigidez del gasto, el uso indebido del endeudamiento para gastos corrientes y la baja inversión en infraestructura. Sin embargo, rechazar su aprobación solo agravaría la crisis de gobernabilidad. Se necesita un diálogo fiscal serio para abordar las raíces del problema: mejorar ingresos, priorizar inversiones y aumentar la transparencia.
EL TECHO DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO
El presupuesto del Estado debe equilibrar necesidades sociales con recursos reales. Un déficit fiscal del 2.3% del PIB, como el propuesto por el Ejecutivo, excede el máximo tolerable sugerido por el FMI y se basa en proyecciones de ingresos demasiado optimistas. Para garantizar la sostenibilidad económica, es crucial reducir el techo presupuestario al menos en Q2.8 millardos, eliminando rubros ineficientes o poco transparentes, como subsidios y programas clientelares. El Congreso debe aprobar un presupuesto ajustado a la realidad fiscal del país, priorizando la prudencia, eficiencia y transparencia.
POCA SOLIDARIDAD, POCA RESPONSABILIDAD
El Congreso cedió ante las exigencias del magisterio al eliminar la obligación de los empleados públicos de aportar a sus propias pensiones, generando un fuerte impacto fiscal. Esta medida, tomada sin debate ni justificación técnica, desvía fondos que podrían usarse para atender urgencias como la desnutrición infantil o la crisis hospitalaria, poniendo en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas.
EL NUMERITO CLAVE
El déficit fiscal, la diferencia entre ingresos y gastos del gobierno, es el núcleo del debate sobre la salud financiera del Estado. Propuestas recientes para permitir que el Banco de Guatemala financie directamente al gobierno ignoran este punto crucial. Argumentar que dicha prohibición genera un “monopolio” para los bancos privados es erróneo: la raíz del problema está en la baja recaudación tributaria, no en quién otorga el crédito. Además, permitir que el banco central emita dinero para cubrir el déficit socavaría la estabilidad económica lograda con esfuerzo. Por otra parte, la deuda flotante por obras públicas no presupuestadas refleja el mismo problema: un déficit encubierto que, al reconocerse, eleva peligrosamente el nivel de endeudamiento del país. Mantener el enfoque en el déficit fiscal es esencial para evitar medidas improvisadas que comprometan la sostenibilidad económica a largo plazo.