El sistema de pensiones del IGSS en Guatemala se enfrenta a una amenaza crítica tras la anulación parcial del Acuerdo 1257, que buscaba ajustar los parámetros de jubilación conforme a proyecciones actuariales. La intervención de la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Corte de Constitucionalidad, sin sustento técnico riguroso, compromete la sostenibilidad del programa IVS y debilita la autonomía del IGSS. Mientras organismos internacionales y países de la región avanzan hacia reformas para enfrentar el envejecimiento poblacional, Guatemala sigue anclada en condiciones insostenibles. Si no se toman medidas responsables y con visión de largo plazo, el sistema podría enfrentar una quiebra técnica que afectará a millones de trabajadores y al equilibrio macroeconómico del país.