El rezago en infraestructura limita la competitividad de Guatemala más por ineficiencia institucional que por falta de financiamiento. Aunque el presupuesto estatal ha crecido con ampliaciones millonarias desde 2020, los recursos no se han traducido en obras concretas. La baja ejecución refleja debilidad en las tres fases del ciclo de inversión pública: planificación, asignación e implementación. La solución no depende solo de reformas estructurales de largo plazo, sino también de medidas inmediatas como crear un fondo fiduciario exclusivo para infraestructura, gestionado con reglas claras y transparencia. Aprovechar los excedentes fiscales de forma estratégica permitiría iniciar proyectos clave y avanzar hacia un modelo más eficiente y sostenible de inversión pública.