La crisis provocada por la pandemia puso en evidencia las graves limitaciones institucionales del Estado para ejecutar recursos y sostener la recuperación económica. Aunque se movilizaron más de Q20 mil millones para atender la emergencia, la falta de capacidad técnica y de gobernanza eficiente amenaza con desperdiciar gran parte de los fondos. La reactivación requiere más que gasto: se necesitan reformas estructurales en justicia, seguridad, salud, educación e infraestructura que fortalezcan la seguridad jurídica y la confianza ciudadana. Sin instituciones sólidas, el presupuesto seguirá diluyéndose en corrupción y el país perderá la oportunidad histórica de cimentar un desarrollo sostenible.