EL CÁNCER DE LA CORRUPCIÓN
01/agosto/2011
LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN ES CLAVE PARA SALVAR EL FUTURO DE GUATEMALA
Orden y progreso son características fundamentales de un país funcional. Lamentablemente, en los últimos cien años –para no retroceder mucho- rara vez ha vivido Guatemala un periodo en el que converjan ambas circunstancias. En tiempo de Ubico hubo orden pero, a la vez, un grave retroceso respecto de otras naciones que progresaron más rápidamente. En las décadas de 1960 y 1970 se registró, en contraste, un período de rápido crecimiento económico, pero en medio de un conflicto social creciente. En los ochentas se configuró la peor de las combinaciones: desorden y retroceso económico-social.
A partir de los años noventa se fue estableciendo un orden precario y una muy modesta prosperidad. Hoy día se asoma la amenaza de que una serie de circunstancias adversas nos pueda precipitar de nuevo al desorden y el retroceso como en los años ochenta. Entre esas circunstancias –además del embate del crimen organizado, la falta de políticas públicas y la debilidad institucional- destaca la rampante corrupción que, como un cáncer maligno, descompone silenciosa pero mortalmente las entrañas del Estado.
La corrupción, como un cáncer maligno, descompone silenciosa pero mortalmente las entrañas del Estado
Los desafíos que enfrenta hoy Guatemala son tanto de orden moral, como político, económico y social. Las manifestaciones de corrupción son tan abundantes y comunes que ya casi ni las percibimos como algo malo. Unos botones de muestra: la miríada de oenegés relacionadas con diputados y alcaldes que se auto-recetan la construcción de obras; la contratación y compra de servicios públicos sin que estén presupuestados (que engendran la injustificable “deuda flotante”); las obscuras compras de medicamentos; los múltiples fideicomisos constituidos para evadir la ley de contrataciones; la falta de rendición de cuentas por parte de entidades descentralizadas y autónomas; y, la concesión obscura de explotación de recursos naturales en áreas protegidas.
La corrupción no es nueva en nuestro país, pero su proporción y ubicuidad actual no tiene precedentes. Su nefasta práctica cruza transversalmente amplios segmentos del espectro político a nivel nacional y local, lo mismo que del sector empresarial, de la prensa y de la sociedad civil. Su origen yace, quizá, en el paulatino deterioro de la clase política y en el gradual desprecio de las élites hacia la cosa pública y el servicio civil. Los políticos preclaros que debatían ideas y los burócratas probos que servían al público con orgullo eran mayoría a mediados del siglo pasado; hoy, son perlas escasas en el mar de la amoralidad.
La reversión de esta lamentable situación es, sin embargo, aún posible. Así como se han logrado impulsar algunas reformas en materia política y económica, ahora hay que poner todos los esfuerzos en rescatar y renovar las instituciones públicas si es que queremos detener la corrosión sostenida del Estado, moderar las inequidades, manejar los conflictos sociales y mejorar la eficiencia gubernamental.
El rescate de las instituciones es esencial para asegurar que funcionarios y jueces gocen de independencia frente a los caprichos políticos; evitar que criminales puedan ser candidatos a puestos de elección; limitar el abuso de poder de las autoridades; facilitar la inversión privada en las distintas comunidades, pero asegurando los justos beneficios a los pobladores; y, hacer más eficiente la provisión de servicios de salud y educación a cargo del gobierno, entre otros.
Pero para ello debemos elevar el nivel de conciencia social respecto de cuán perniciosa es la corrupción: el enorme grado de tolerancia que ahora exhibe la sociedad guatemalteca debe ser revertido. De lo contrario, la marea de actos de corrupción que nos ahoga va a impedir que el orden y el progreso se instalen en nuestra patria.
El combate a la corrupción no es tarea fácil. Desde el rescate y fortalecimiento de la Contraloría General de Cuentas (que debiese tener la misma prioridad que hasta ahora está teniendo el rescate del Ministerio Público), hasta la reconstrucción moral de la estructura de valores con que se forman los niños y jóvenes guatemaltecos, el desafío es descomunal. Pero es imprescindible comenzar, cuanto antes, pues no podemos seguir enfrentando las prácticas de corrupción, cada vez más sofisticadas y perversas, con herramientas jurídicas obsoletas, instituciones disfuncionales y valores trastocados.
