UN GRAN DEBATE NACIONAL: ¿LA SOLUCIÓN?
El Presidente de Francia, electo como un outsider, enfrentó rápidamente la complejidad de la política y la presión de distintos grupos sociales que obstaculizaron las reformas que buscaba implementar. Ante la escalada del descontento y la polarización, decidió convocar un Gran Debate Nacional, con cabildos abiertos para consultar a los ciudadanos sobre ingresos y gastos estatales, servicios públicos, medio ambiente y democracia. Esta estrategia busca transformar la protesta en soluciones, equilibrando la participación ciudadana con la preservación de las instituciones republicanas. El caso francés ofrece una lección que podría aplicarse en contextos con crisis políticas profundas, sugiriendo que el diálogo amplio y estructurado puede fortalecer la gobernabilidad y la cohesión social.
EL PODER DE LA CIUDADANÍA
El Índice ACE 2018 ubica a Guatemala en el último lugar de empoderamiento cívico entre seis países latinoamericanos evaluados, reflejando bajos niveles de confianza institucional, alta percepción de corrupción y débil participación social. Sin embargo, la libertad de organización y elecciones limpias ofrecen una base para que la ciudadanía impulse cambios en la transición política.
EL FANGO DE LA POLÍTICA
La política en Guatemala enfrenta un profundo desprestigio y desconfianza popular, asociada a intereses personales y corrupción. Sin embargo, su fundamento ético y su función para lograr el bien común deben ser revalorizados. La participación política trasciende el partido y requiere del compromiso ciudadano en diversas formas. La política honesta y ética es posible si se orienta a valores universales que sostengan la convivencia social, evitando que se convierta en un instrumento de control o corrupción.
LA NECESARIA REFORMA POLÍTICA
La democracia guatemalteca, aún joven y frágil, enfrenta riesgos estructurales por la baja identificación ciudadana con sus beneficios y la instrumentalización del sistema político por intereses particulares. El fortalecimiento democrático no solo es deseable en sí mismo por las garantías de libertad e igualdad que ofrece, sino también porque permite la existencia de instituciones esenciales para el desarrollo económico. En este contexto, las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos deben aprovecharse como una oportunidad para mejorar la representatividad y la transparencia, sin esperar transformaciones radicales. La clave está en consolidar el marco institucional, educar a la ciudadanía y establecer mecanismos efectivos de control y contrapeso.