BLINDAR EL PRESUPUESTO
El presidente Giammattei anunció la reducción del techo presupuestario de Q107.7 a Q94.3 millardos, medida positiva para recuperar disciplina fiscal y mantener la confianza en los mercados internacionales. Sin embargo, el gobierno decidió no enviar esta readecuación al Congreso, lo que genera incertidumbre y debilita la señal de compromiso fiscal. La falta de aprobación legislativa abre riesgos: la posible repetición indefinida del presupuesto inflado, la permanencia de normas inadecuadas y una menor transparencia en el gasto público. Aunque la reducción es un paso correcto, solo una readecuación avalada por el Congreso brindaría certeza y estabilidad macroeconómica sostenida.
¿QUÉ PASÓ CON EL PRESUPUESTO?
El presupuesto de Q107 millardos heredado de 2020 genera incertidumbre y riesgo fiscal, pues no responde a la realidad actual ni a la capacidad de financiamiento del Estado. Sin readecuación, se afectan la inversión y el consumo, se retrasa la generación de empleo y se eleva la desconfianza de organismos internacionales, limitando el acceso a crédito favorable. Urge reducir el techo presupuestario, eliminar gastos superfluos y deducir recursos extraordinarios ya agotados. También es esencial comprometerse a bajar gradualmente el déficit fiscal al 2% del PIB, asegurando estabilidad, confianza en los mercados y sostenibilidad para la recuperación económica.
¿GASTO PÚBLICO PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA?
El presupuesto 2021 destina más de Q4.5 millardos a reactivación económica, principalmente en infraestructura, pero su eficacia corre un alto riesgo debido a la ineficiencia y corrupción histórica del gasto público en Guatemala. El FMI estima que en países en desarrollo hasta un 40% de la inversión pública se pierde por estos factores. Para garantizar el impacto de los recursos, se recomienda crear fondos de inversión blindados con gobernanza transparente, priorizando salud, nutrición infantil e infraestructura estratégica. Además, el Estado debe incentivar la inversión privada y el consumo mediante fondos de garantía, aprovechando recursos líquidos retenidos por la incertidumbre económica.
LAS TRES OPCIONES DEL CONGRESO
El proyecto de presupuesto 2021 del Ejecutivo mantiene un déficit fiscal elevado y un techo de gasto que podría comprometer la sostenibilidad fiscal del país. El Congreso tiene tres opciones: no aprobarlo, aprobarlo sin cambios, o introducir enmiendas para corregir debilidades. La mejor opción es ajustar los gastos de funcionamiento, limitar el uso de deuda para gasto corriente, proteger recursos para infraestructura, generar información sobre la plantilla pública y fortalecer la rendición de cuentas. Solo así se podrá garantizar un presupuesto responsable, preservar la reputación financiera de Guatemala y asegurar la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos.
RECOBRAR LA DISCIPLINA FISCAL
El proyecto de presupuesto 2021 prevé una deuda histórica de Q32.6 millardos, un aumento impulsado por los gastos extraordinarios de la pandemia y el consecuente déficit fiscal, que pasó de 2.2% del PIB en 2019 a 6% en 2020. Aunque el presupuesto proyecta reducirlo al 4.9% en 2021 y eventualmente a niveles sostenibles de 2%, mantener esta trayectoria es crucial para preservar la reputación financiera de Guatemala y el acceso a mercados de crédito internacionales. La reducción del déficit requiere no solo control de gastos e ingresos, sino también un pacto fiscal integral que mejore la eficiencia y transparencia del gasto público.
PRESUPUESTO 2021: UNA OPORTUNIDAD PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA
El Presupuesto del Estado para 2021 debe ser el eje central de la reactivación tras la pandemia, orientando recursos hacia cinco áreas prioritarias. Primero, fortalecer las redes de protección social con programas permanentes y focalizados que garanticen estabilidad a los más vulnerables. Segundo, invertir en sanidad pública y prevención de desastres para enfrentar futuras emergencias. Tercero, impulsar infraestructura física, vial y tecnológica con mayor eficiencia y transparencia. Cuarto, promover la generación de empleo directo e indirecto mediante confianza en el rumbo económico. Finalmente, asegurar la sostenibilidad fiscal para mantener la solvencia internacional y garantizar financiamiento futuro para el desarrollo.