La reciente iniciativa de ley presentada por el presidente Pérez Molina busca mejorar la transparencia y eficiencia del gasto público, abordando problemas estructurales como la corrupción, la falta de planificación y la débil rendición de cuentas. Aunque la propuesta requiere ajustes, su aprobación rápida pero rigurosa es crucial para consolidar la reforma fiscal y garantizar la gobernabilidad. El proceso debe blindarse frente a intereses que prosperan en la opacidad, involucrando a actores técnicos y políticos con experiencia y legitimidad, y aprovechando esta oportunidad como un punto de partida para una transformación institucional duradera.