OPACIDAD EN LOS GOBIERNOS LOCALES
Las municipalidades y consejos de desarrollo administran cada año cerca de Q12 millardos, una parte significativa del presupuesto nacional, sin que exista suficiente fiscalización sobre su ejecución. Muchos gobiernos locales descuidan la rendición de cuentas, lo que genera riesgos fiscales, endeudamiento excesivo y la posibilidad de que el gobierno central deba rescatarlos, afectando sus propios recursos. Mejorar el control del gasto local es esencial para garantizar transparencia, alinear inversiones con políticas nacionales y proteger la sostenibilidad fiscal. La rendición de cuentas mediante sistemas como el SIAF, SICOIN y Guatenóminas es indispensable para asegurar un uso eficiente de los recursos públicos.
EL DÉFICIT DE LA USAC
La USAC ha solicitado modificar el destino de un crédito multimillonario alegando déficit financiero, pero el problema central no es el dinero, sino la falta de transparencia. Comparada con la UNAM, la USAC carece de información pública estratégica sobre sus metas, resultados, gasto por alumno, actas de comités, declaraciones patrimoniales y auditorías externas. La universidad estatal debería rendir cuentas completas a los ciudadanos que financian su operación antes de exigir más recursos, asegurando eficiencia y transparencia en la gestión de fondos públicos. Solo así podrá justificar nuevas asignaciones sin cuestionar su opacidad.
LOS AGUJEROS DEL PRESUPUESTO 2019
El proyecto de presupuesto 2019 contenía incrementos injustificados y rubros opacos que afectan la eficiencia y la transparencia del gasto público. Mientras se pide austeridad a algunas entidades como el Ministerio Público o el INE, se destinan aumentos significativos a municipalidades, Consejos de Desarrollo y fondos poco controlados, generando inequidad en el ajuste. Es fundamental que el Congreso corrija estas inconsistencias, asegure la rendición de cuentas y establezca indicadores claros de impacto para garantizar que los recursos públicos contribuyan efectivamente al desarrollo del país.
PRESUPUESTO PÚBLICO SIN CONTROL
El Congreso de la República ha incumplido reiteradamente su deber constitucional de aprobar o improbar la liquidación presupuestaria que debe presentar el Ministerio de Finanzas. La omisión no responde a falta de capacidad técnica, pues la Contraloría de Cuentas es el órgano responsable de evaluar los informes. La responsabilidad del Legislativo es verificar y resolver sobre los dictámenes recibidos, asegurando un control real sobre el uso de los recursos públicos. La ausencia de este proceso refleja falta de voluntad política más que limitaciones institucionales.
REFORMA INSTITUCIONAL: CONTRALORÍA DE CUENTAS
La renuncia de Roxana Baldetti marca un punto de inflexión para intensificar la lucha contra la corrupción en Guatemala. Esta tarea demanda recuperar y fortalecer instituciones clave como la Contraloría de Cuentas, llamada por ley a fiscalizar el gasto público y prevenir abusos. Sin necesidad de nuevas leyes, basta con que esta institución cumpla sus funciones: auditar, denunciar, intervenir y supervisar. Para evitar que la corrupción continúe carcomiendo al Estado, es vital ejercer presión social que obligue a la Contraloría a asumir su verdadero papel.
TRANSPARENCIA EN ENTIDADES AUTÓNOMAS
Un análisis rápido de 20 entidades descentralizadas y autónomas revela que muchas operan con escasa o nula transparencia financiera. Algunas no publican ni presupuestos ni estados financieros, y en varios casos ni siquiera son auditadas por la Contraloría. Solo dos entidades alcanzan niveles altos de transparencia: el IGSS y el INFOM. El resto presenta serias deficiencias en la rendición de cuentas, incluyendo instituciones clave como la SAT, la USAC y el Organismo Judicial. Además, varias municipalidades importantes, como las de Guatemala y Mixco, tampoco informan sobre su situación financiera, mostrando un patrón generalizado de opacidad.