La decisión de invertir no depende únicamente del mercado, sino también del entorno que el Estado crea. Mientras una excesiva regulación gubernamental puede frenar la iniciativa privada, la falta de seguridad, infraestructura y servicios públicos básicos también disuade la inversión. En economías en desarrollo, donde el Estado es débil, es difícil sostener que la solución sea reducir su intervención. Se requiere un gobierno eficaz que complemente al mercado y asegure condiciones mínimas para fomentar la actividad económica.