¿POR QUÉ NO INVIERTE MARTÍN VEGA?

14/junio/2010

SIN ESTADO EFICIENTE NO HAY INVERSIÓN POSIBLE

El jueves anterior, en estas páginas de opinión, Eduardo Mayora continuó comentando mi planteamiento de hace algunas semanas sobre la búsqueda del esquivo equilibrio que debe buscar el estado para decidir cuándo, cómo y cuánto intervenir en el mercado y en las decisiones económicas individuales. Eduardo expresó interesantes puntos de vista respecto de los costos que la indebida regulación gubernamental impone a la actividad económica y que inhiben al hipotético inversionista Martín Vega de convertirse en empresario.

El ejemplo que plantea Eduardo es oportuno para atender su invitación a seguir conversando sobre el tema, precisamente porque las decisiones de inversión resultan muy ilustrativas para aquilatar los efectos que tanto el exceso como la falta de intervención estatal pueden tener sobre el desempeño de la economía.

Las decisiones de inversión están determinadas, en primer término, por los rendimientos que se espera recibir de la inversión: el inversionista decidirá invertir siempre que su inversión prometa generar una tasa de rendimiento superior a la tasa de interés imperante en el mercado. El gobierno puede influir, positiva o negativamente, en la tasa de rendimiento esperada: un nivel muy alto de impuestos sobre las utilidades, o unos costos muy altos ocasionados por excesos de regulación estatal pueden desalentar la inversión. Pero también la pueden desincentivar los excesivos costos generados por la inseguridad pública, la escasez de vías de comunicación o la falta de mano de obra calificada. El primer tipo de costos refleja un exceso de intervención gubernamental. El segundo tipo, por el contrario, refleja una insuficiencia de bienes públicos que el estado esta llamado a ofrecer.

Existen otros factores determinantes de la inversión, tales como las habilidades empresariales de los ciudadanos, el marco legal e institucional del país, el grado de certeza jurídica imperante o el grado de conflictividad social existente, todos ellos relacionados con el funcionamiento eficiente del estado y sus instituciones. Muchos de los componentes del llamado “riesgo-país”, que a fin de cuentas inciden sobre los niveles de tasa de interés y sobre las decisiones de inversión de cualquier Martín Vega, tienen que ver con la existencia de un estado que –independientemente de su tamaño- sea capaz de ofrecer eficientemente los bienes públicos esenciales requeridos por los inversionistas.

Muchos de los componentes del llamado ‘riesgo-país’ […] tienen que ver con la existencia de un estado que sea capaz de ofrecer eficientemente los bienes públicos esenciales

La compleja labor de encontrar el balance más adecuado entre Estado y Mercado pasa inevitablemente por  realizar consideraciones subjetivas respecto de si la eficiencia económica, en un momento y situación determinados, se ve más obstaculizada por el exceso de cargas que impone la intervención del estado o si lo es más por la ausencia de seguridad, infraestructura, educación o cualquier otro bien público provisto por el estado.

Es muy probable que en las naciones civilizadas con economías desarrolladas, donde se da por sentado que el estado provee razonablemente de seguridad, administración de justicia, educación pública y seguridad social, prevalezca el criterio de que una disminución de la intervención del gobierno puede incentivar la inversión y el crecimiento económico. En cambio, es más difícil sostener ese punto de vista en un lugar donde el estado, enano e ineficiente, no tiene capacidad de prestar los servicios que cualquier inversionista reclama como mínimos para poner en riesgo sus recursos financieros.

El debate ideológico entre quienes sostienen que el estado es el origen de toda ineficiencia económica y aquellos convencidos de que, por el contrario, el poder planificador y redistribuidor del estado es la solución de la pobreza, es siempre un tema apasionante en la academia. Para las políticas públicas, sin embargo, es quizá más relevante enfocarse en la toma de decisiones pragmáticas que ubiquen al gobierno en su justa dimensión y favorezcan el funcionamiento pleno del mercado como el principal mecanismo para el logro del bienestar material de la población.