Para mejorar la infraestructura pública en Guatemala, es crucial implementar cambios administrativos y regulatorios que promuevan la transparencia y efectividad en la ejecución de obras. Una legislación moderna y adaptada puede acelerar el desarrollo vial y económico del país, priorizando la planificación, continuidad y supervisión de proyectos, además de fomentar la competencia en la contratación. Los líderes políticos deben actuar con visión para reformar el marco institucional y aprovechar los recursos disponibles eficientemente.