INFRAESTRUCTURA: URGE INVERTIR BIEN
20/septiembre/2010
UNA INFRAESTRUCTURA DÉBIL LIMITA EL PROGRESO Y AUMENTA LA VULNERABILIDAD
Guatemala es uno de los países con mayor riesgo de desastres asociados a fenómenos meteorológicos, según el índice de riesgo climático publicado por German Watch. Nuestro país ocupa el puesto 24 de 176 países evaluados en dicho índice, lo cual ha servido de argumento para quienes opinan que el colapso de gran cantidad de carreteras y puentes durante el actual invierno se explica por la gran vulnerabilidad climática de nuestro país. El argumento se debilita, sin embargo, cuando se advierte que Estados Unidos (donde los puentes rara vez se caen con las lluvias) es, según el mismo índice, aún más vulnerable (puesto 18).
El copioso invierno de 2010 ha servido para despertar un sano debate sobre la calidad de la inversión en infraestructura. El progreso social y la expansión económica del país dependen en gran medida del nivel de desarrollo de su infraestructura. Lamentablemente, la densidad de la red vial por habitante de Guatemala (1.2 km/habitante) se encuentra por debajo de la de Costa Rica (8.2), Nicaragua (3.5) y Honduras (1.9). Además, solamente el 42% de la red está asfaltada; las mayores carencias se concentran, claro está, en el área rural.
Los bajos indicadores de desarrollo de infraestructura hacen que sea urgente superar las deficiencias existentes en calidad y cobertura de la infraestructura de transporte, lo que implica mejorar la inversión pública y complementarla con una mayor participación de la inversión privada en los tramos más esenciales para apuntalar la productividad y el crecimiento económico del país. Al mismo tiempo, deben incrementarse las inversiones orientadas a reducir la inequidad en el acceso a la red vial mediante el desarrollo de carreteras rurales.
La inversión masiva en infraestructura tendría la virtud de activar la economía y crear empleos con un efecto multiplicador sobre otros sectores, además de prestar servicios a la sociedad durante toda la vida útil de la infraestructura. De ello se deriva que el gasto en infraestructura sea uno de los pocos rubros para cuyo financiamiento se justifica plenamente que el gobierno se endeude: endeudarse para pagar salarios o para regalar cheques es un despropósito financiero, pero hacerlo para construir infraestructura duradera es una decisión sensata.
La ampliación y modernización de la infraestructura en Guatemala requiere, empero, de un financiamiento sustancial y sostenible. La politización en la forma en que actualmente se obtiene y canaliza dicho financiamiento es una de las razones fundamentales de la improvisación y mala calidad de la inversión en infraestructura pública. Es menester, entonces, pensar en formas innovadoras para mejorar la efectividad de dicha inversión.
Endeudarse para pagar salarios o para regalar cheques es un despropósito financiero, pero hacerlo para construir infraestructura duradera es una decisión sensata
Una opción innovadora, que ha sido efectiva en otros países, consiste en confiarle el manejo de los recursos a una entidad técnica, independiente y especializada en infraestructura. Una entidad de tal naturaleza pretendería, en primer lugar, preservar la transparencia y efectividad técnica y financiera de las decisiones para que la misma no se vea afectada por las consideraciones clientelares y electoreras que privan en el proceso legislativo de asignación de recursos para infraestructura.
En segundo lugar, una entidad independiente velaría de mejor manera por la integridad financiera y calidad técnica de los proyectos de infraestructura, y permitiría la planificación y ejecución multianual de proyectos, eliminando así los riesgos de incurrir en deuda flotante, lo cual sería de gran utilidad para acabar con las sombras de corrupción que entenebrecen la manera en que actualmente se planifica, contrata, financia y ejecuta la obra pública.
Lo difícil, por desgracia, será lograr que los propios políticos que actualmente se benefician del modus operandi de la inversión pública sean quienes aprueben la creación de un ente técnico independiente que no se guíe por la conveniencia personal o electorera de corto plazo, sino por la prosperidad de largo plazo que una infraestructura del siglo XXI puede darle al país.
