INSEGURIDAD Y SUBDESARROLLO
El nuevo informe del PNUD advierte que el crecimiento económico en América Latina no ha generado desarrollo humano debido a la inseguridad ciudadana, impulsada por la desigualdad, la urbanización caótica, la debilidad institucional y la violencia criminal. Las políticas represivas han fracasado, y el informe propone un enfoque integral basado en prevención, justicia accesible, educación en valores y estrategias comunitarias. En Guatemala, la inseguridad no solo afecta la calidad de vida, sino que limita el ejercicio de derechos fundamentales y el desarrollo económico. La prioridad del Estado debe ser garantizar la inmunidad personal como base del progreso.
LA ENCRUCIJADA DE LA VIOLENCIA
Los recientes avances en la lucha contra el crimen en Guatemala, incluidos la desarticulación de más de 70 bandas y la notable reducción del número de homicidios, ofrecen una señal alentadora en un país asfixiado por la violencia. Un estudio de la Declaración de Ginebra destaca el alto costo del crimen sobre el desarrollo nacional, estimado en más del 7% del PIB. Si bien los progresos recientes son significativos, su sostenibilidad depende de aplicar políticas integrales que aborden desde las instituciones hasta las víctimas potenciales. Es crucial fortalecer el Estado y su control territorial mediante el cumplimiento de la Ley Marco de Seguridad y el robustecimiento del sistema de inteligencia y carrera profesional policial, con el fin de recuperar el monopolio legítimo de la fuerza y propiciar el desarrollo duradero.
¿EXISTE ALGUNA SOLUCIÓN A LA VIOLENCIA?
La lucha contra la inseguridad en Guatemala enfrenta constantes obstáculos debido a la corrupción, la falta de continuidad en las políticas y la pérdida de valores en la sociedad. La solución debe partir del cumplimiento del marco legal vigente y la aplicación de estrategias probadas en otras ciudades como Bogotá y Sao Paulo, que han reducido la criminalidad mediante programas sostenidos de seguridad ciudadana, modernización policial y participación comunitaria. Es urgente que el Consejo Nacional de Seguridad funcione conforme a su mandato y que se prioricen reformas legislativas para fortalecer la seguridad en lugar de espectáculos políticos en el Congreso.