ESTRATÉGICO, NO IDEOLÓGICO
La súbita urgencia del Congreso por legislar sobre el agua, tras treinta años de omisión, puede resultar contraproducente si no se maneja con el rigor técnico y social que el tema exige. El agua no es solo un bien económico: es esencial, móvil, de valor comunitario y ecológico. La experiencia internacional y las prácticas comunitarias locales ofrecen guías valiosas, pero se requiere una política pública integral que priorice la sostenibilidad, incluyendo la reforestación. La improvisación podría poner en riesgo la gobernabilidad y el desarrollo de Guatemala.
EL ESTADO AUSENTE
El abandono estatal en grandes zonas del país perpetúa la pobreza y desalienta la inversión. Un reciente mapeo oficial confirma que las regiones con menos servicios públicos coinciden con los mayores niveles de pobreza. El camino al desarrollo exige una agenda nacional centrada en servicios básicos, reformas estructurales y liderazgo político que comunique con claridad los sacrificios necesarios para lograr beneficios duraderos.
EL DIRECTORIO DE LA SAT
Una nueva propuesta legislativa amenaza con debilitar la independencia del Directorio de la SAT, eliminando la participación de miembros independientes y concentrando el poder en manos del Ejecutivo. Esta reforma sería un retroceso peligroso que ignora la historia de corrupción que motivó la descentralización de la entidad en 1998, y contrasta con las buenas prácticas observadas en otros países.
POCA SOLIDARIDAD, POCA RESPONSABILIDAD
El Congreso cedió ante las exigencias del magisterio al eliminar la obligación de los empleados públicos de aportar a sus propias pensiones, generando un fuerte impacto fiscal. Esta medida, tomada sin debate ni justificación técnica, desvía fondos que podrían usarse para atender urgencias como la desnutrición infantil o la crisis hospitalaria, poniendo en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas.
CLAVE ES PRIORIZAR
Superada la Semana Santa, el país enfrenta un momento decisivo. Para responder a las demandas ciudadanas es urgente iniciar reformas profundas en cuatro áreas clave: servicio civil, transparencia, sistema electoral y control al Congreso. A la vez, se requiere un reordenamiento fiscal que priorice programas eficaces y reduzca el gasto innecesario. Solo así se podrá avanzar en un Estado más justo y funcional.
LA DEVALUACIÓN QUE NO LLEGA
Aunque algunos sectores claman por una devaluación para impulsar las exportaciones, el tipo de cambio en Guatemala se mantiene estable debido al ingreso masivo de divisas, principalmente por remesas, caída en las importaciones y entradas de capital. El Banco de Guatemala ha intervenido para evitar una apreciación, pero mientras persista esta abundancia de dólares, no se prevé una depreciación en el corto plazo.
CENTROAMÉRICA: DESENCANTO CON LA POLÍTICA
A pesar de sus diferencias, los países centroamericanos comparten un profundo malestar ciudadano ante la corrupción, la inseguridad y el desempleo, según encuestas recientes. En todos los casos, el desencanto con la política y el pesimismo sobre el rumbo de los países es evidente. Para superar esta crisis compartida, urge una reforma profunda de los sistemas políticos y una cooperación regional sostenida que fortalezca las instituciones clave y permita construir soluciones comunes a problemas estructurales.
LEY ELECTORAL: REFORMA SUPERFICIAL
Las reformas electorales impulsadas por el Congreso bajo la iniciativa 4974 resultan insuficientes frente a la urgente necesidad de transformar el sistema político guatemalteco. Aunque incluyen medidas positivas, como la revisión legal post-electoral o el voto nulo vinculante, ignoran aspectos esenciales como la representatividad y la democratización interna de los partidos. La ausencia de cambios estructurales en la gobernanza del TSE y la resistencia a mecanismos más participativos revelan una oportunidad desperdiciada que fortalece la política tradicional en lugar de superarla.
LA SAT Y SUS DOS CABEZAS
La SAT continúa siendo víctima de una estructura disfuncional que favorece la inoperancia y la corrupción. Ni suprimirla ni concentrar el poder en un solo cargo resolverá el problema. La vía adecuada es restaurar un Directorio con autoridad real que nombre al Superintendente y asegure pesos y contrapesos. Solo así se garantizará una gestión técnica, profesional y protegida de intereses oscuros.
PARA LOGRAR EL DESARROLLO RURAL
El combate a la pobreza rural en Guatemala exige políticas públicas enfocadas en aumentar la productividad agrícola, no soluciones populistas. La iniciativa 4084 representa una propuesta ideologizada e ineficaz que crea más burocracia en lugar de fortalecer las instituciones existentes. Lo urgente es articular programas de riego, asesoría técnica, coordinación institucional y seguridad alimentaria dentro de una visión integral del desarrollo nacional, donde el campo y la ciudad se conecten estratégicamente.
LIMPIAR EL CONGRESO
La presión institucional y ciudadana ha empujado al Congreso a reformar su Ley Orgánica con mejoras notables en comisiones de trabajo, interpelaciones y transparencia. Sin embargo, la precipitación en la aprobación ha dejado vacíos importantes, como la falta de claridad en la contratación de personal y la omisión del principio de unidad de materia. Aunque las reformas representan un paso hacia el rescate del Legislativo, queda mucho por hacer para desmantelar por completo las malas prácticas del pasado.
LECCIONES Y DESAFÍOS
El autor inicia su colaboración en elPeriódico compartiendo las lecciones que le dejó su participación electoral. A pesar de la percepción generalizada de que la política guatemalteca es corrupta y perversa, señala que el problema central radica en la improvisación y los incentivos mal diseñados. La falta de estructuras ideológicas, técnicas y estratégicas en los partidos, combinada con un electorado poco exigente, ha producido un sistema político ineficaz. La conclusión es clara: sin una reforma política profunda, no es posible construir un país con desarrollo real y sostenible.
PARA SERVIR
Tras ocho años escribiendo semanalmente, el autor anuncia su retiro temporal del periodismo de opinión para asumir el reto de participar como candidato a la vicepresidencia. La decisión, impulsada por la necesidad de transformar la política desde dentro, responde a la convicción de que el servicio público debe estar guiado por principios, integridad y vocación. La crisis del Estado, atravesada por corrupción y descomposición institucional, exige acción, valentía y compromiso con el bien común.
REFORMA INSTITUCIONAL: JUECES INDEPENDIENTES
Para garantizar el Estado de Derecho y frenar la corrupción, es urgente reformar el sistema de justicia guatemalteco a partir de la independencia real de jueces y magistrados. La clave está en profesionalizar la carrera judicial a través de concursos de oposición, evaluaciones periódicas y procesos transparentes de nombramiento. Estas reformas buscan blindar al sistema de justicia frente a presiones políticas, económicas y jerárquicas, asegurando decisiones basadas únicamente en hechos y derecho.
REFORMA INSTITUCIONAL: EL CONGRESO
El colapso funcional del Congreso guatemalteco exige una reforma urgente de su Ley Orgánica. Entre las prioridades están normar adecuadamente las interpelaciones, agilizar el trabajo legislativo y profesionalizar el funcionamiento de las comisiones. Se requieren reglas claras sobre asistencia, transparencia y rendición de cuentas, así como cambios administrativos internos. La presión ciudadana actual podría ser el empuje necesario para que la legislatura asuma su responsabilidad institucional y recupere su rol en una democracia efectiva.
REFORMA INSTITUCIONAL: PARTIDOS Y ELECCIONES
Tras señalar a la Contraloría como clave en la lucha contra la corrupción, ahora el foco recae en los partidos políticos y el sistema electoral, que han alimentado por años una democracia capturada. Una reforma gradual y estratégica de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) es indispensable para cortar el ciclo de impunidad desde su origen. Con varios artículos ya avalados por la Corte de Constitucionalidad, el Congreso tiene en sus manos la posibilidad de aprobar reformas viables de forma inmediata, dejando otras más complejas para una segunda fase. Lo importante es iniciar ya.
REFORMA INSTITUCIONAL: CONTRALORÍA DE CUENTAS
La renuncia de Roxana Baldetti marca un punto de inflexión para intensificar la lucha contra la corrupción en Guatemala. Esta tarea demanda recuperar y fortalecer instituciones clave como la Contraloría de Cuentas, llamada por ley a fiscalizar el gasto público y prevenir abusos. Sin necesidad de nuevas leyes, basta con que esta institución cumpla sus funciones: auditar, denunciar, intervenir y supervisar. Para evitar que la corrupción continúe carcomiendo al Estado, es vital ejercer presión social que obligue a la Contraloría a asumir su verdadero papel.
REFORMA INSTITUCIONAL: LA SAT
La corrupción sistemática ha socavado el funcionamiento del Estado guatemalteco, comprometiendo su viabilidad democrática. Sin embargo, la actual crisis puede ser la base para una reforma profunda que reconstruya instituciones clave como la SAT, el Ministerio Público y el sistema electoral. Para ello se requiere una propuesta técnica viable, voluntad política y una presión social contundente que obligue a la acción. La oportunidad está en juego: o se actúa con firmeza, o el país se encamina hacia el colapso institucional.
PERCEPCIONES DE LA ECONOMÍA
A pesar de su estabilidad macroeconómica, Guatemala enfrenta una marcada fatiga social ante el lento crecimiento y la persistencia de la pobreza. Según el Barómetro de las Américas, la percepción de inseguridad económica en los hogares y la desconfianza en el rumbo nacional están entre las más bajas del continente. Este pesimismo tiene consecuencias concretas sobre el consumo y la inversión, y solo podrá revertirse con un combate serio a la corrupción y el fortalecimiento institucional.
ASÍ SI, CICIG
Guatemala enfrenta niveles de corrupción alarmantes que minan su economía y afectan derechos humanos básicos, como el acceso a la salud y la seguridad. El reciente operativo contra una red de defraudación aduanera muestra que es posible avanzar, pero el reto está en sostener y profundizar estas acciones. Sin instituciones fuertes y sin justicia real, no hay esperanza de un Estado funcional.