POLÍTICA FISCAL SIN DISCIPLINA
La conducción macroeconómica de Guatemala se sostiene en una política monetaria sólida y regulada, pero contrasta con una política fiscal débil y carente de disciplina. La Ley Orgánica de Presupuesto es meramente operativa y es sistemáticamente irrespetada en la aprobación anual del gasto público, lo que refleja improvisación y falta de visión estratégica. La no aprobación del presupuesto 2020 es un ejemplo de esa fragilidad, que genera incertidumbre, eleva riesgos en los mercados y reduce la credibilidad del país. A diferencia de la mayoría de países latinoamericanos, Guatemala carece de reglas fiscales explícitas que limiten el déficit, controlen la deuda y promuevan inversión en infraestructura. Sin un marco normativo coherente y responsable, las finanzas públicas seguirán deteriorándose, arrastrando consigo rigideces estructurales y déficits insostenibles como el del sistema de jubilaciones.
EL PRESUPUESTO DE UBICO
El presupuesto de 1932, durante el gobierno de Jorge Ubico, ascendió a Q12.3 millones y reflejó una estricta austeridad en medio de la crisis económica y bancaria. Gran parte se destinó a pagar deuda pública (27.6%) y seguridad ciudadana (24.7%), mientras que educación recibió 13.7% y la inversión alcanzó 11.4%. Comparado con el presupuesto planteado para 2020, las prioridades han cambiado: educación supera el 19%, seguridad apenas llega al 6.7%, el gasto social crece a 33.7% y la deuda se reduce a 16%. Aunque la inflación acumulada hace difícil una comparación lineal, los datos revelan que el presupuesto actual multiplica con creces el gasto per cápita de la época de Ubico. El contraste evidencia la necesidad de explorar medidas de austeridad en el aparato estatal.
NUEVA OPORTUNIDAD DE REFORMA ELECTORAL
El Tribunal Supremo Electoral, debilitado tras la pérdida de credibilidad en las últimas elecciones, está obligado por ley a impulsar una nueva reforma del sistema electoral y de partidos políticos. La reforma de 2016 fracasó al carecer de coherencia, dejando un marco legal ambiguo y poco funcional que dificultó regular campañas, propaganda, financiamiento y la inscripción de candidatos. Para evitar repetir esos errores, las propuestas actuales deben enfocarse en superar tres debilidades estructurales: la falta de legitimidad, con partidos y Congreso vistos como las instituciones menos confiables; la escasa representatividad, reflejada en un electorado desvinculado de sus representantes; y la debilidad institucional de un TSE limitado en recursos y procedimientos. Esta nueva oportunidad requiere visión estratégica para no desperdiciarse otra vez.
NUESTRA ENFERMEDAD HOLANDESA
La llamada “enfermedad holandesa” describe cómo un auge de divisas externas puede afectar negativamente la competitividad de una economía. En el caso de Guatemala, el fenómeno proviene de las remesas enviadas por migrantes, que superan el déficit comercial externo. Este flujo extraordinario de dólares aprecia la moneda local, reduce la competitividad del aparato productivo y genera dependencia de un ingreso vulnerable y ajeno a la producción nacional. La experiencia internacional muestra que el remedio está en transformar el exceso de divisas en fondos de estabilización o inversión soberana, capaces de diversificar la economía. El Banco de Guatemala podría destinar parte de sus reservas a este fin, siempre con reglas explícitas y temporales, compatibles con el esquema de metas de inflación. Así se mitigarían riesgos financieros y se protegería la sostenibilidad económica del país.
NO HAY QUE ESPANTAR LA INVERSIÓN
La inversión es esencial para sostener y aumentar la producción, pero Guatemala enfrenta serias limitaciones en este ámbito. Mientras la inversión nacional apenas alcanza el 15% del PIB y la extranjera directa no supera el 1%, el país carece de las condiciones necesarias para atraer capital. Aunque los indicadores macroeconómicos como inflación controlada, déficit fiscal moderado y estabilidad monetaria inspiran confianza, la verdadera traba está en la debilidad institucional. No existe una política clara para la inversión extranjera, las obras públicas son insuficientes y no se ha definido un marco para las consultas comunitarias. Además, el Congreso bloquea leyes clave como la de infraestructura vial y estabilidad jurídica. Ante esta falta de certeza, los inversionistas optan por la cautela, aplazando decisiones hasta que haya mayor claridad.
PARA ACABAR CON LAS MAFIAS TRANSNACIONALES
El crimen organizado en el Triángulo Norte genera millones de dólares, fomenta la corrupción y amenaza la estabilidad democrática. Las políticas de prohibición absoluta han fracasado, al igual que ocurrió con la prohibición del alcohol en los años treinta y la guerra contra las drogas en los ochenta. Economistas como Emmanuelle Auriol proponen un enfoque alternativo que combine legalización parcial, represión y educación para reducir el poder de las mafias y restarles rentabilidad. En el caso de las drogas, la regulación del mercado de la marihuana ya muestra avances al desplazar a los narcotraficantes. Para la migración irregular, Auriol sugiere un modelo de subasta de visas a empresas que necesitan mano de obra, lo que transparentaría los beneficios económicos. Guatemala y otros países pequeños deberían impulsar estas propuestas en foros regionales y con Estados Unidos.
¿HACER CARIDAD CON FONDOS PÚBLICOS?
En Guatemala, numerosas ONGs y fundaciones realizan labores valiosas, pero preocupa el creciente uso de fondos públicos para financiar sus actividades. El presupuesto 2020 contempla más de Q660 millones destinados a unas setenta organizaciones para ejecutar servicios en salud, educación, cultura y agricultura, funciones que en esencia corresponden al Estado. Aunque algunas entidades tienen prestigio y han suplido carencias históricas, la delegación arbitraria de recursos genera opacidad y debilita la responsabilidad gubernamental. La meta debería ser que los servicios esenciales sean prestados directamente por instituciones estatales o mediante contrataciones transparentes, no a través de transferencias discrecionales. Paralelamente, las ONGs deben modernizar su gobernanza y diversificar sus fuentes de financiamiento, mientras el Estado fomenta la cultura de la donación. Esto fortalecería tanto la eficiencia pública como la legitimidad social de dichas organizaciones.
LOS DESAFÍOS DEL PRESUPUESTO 2020 (II)
El proyecto de presupuesto 2020 presenta ingresos tributarios claramente sobrestimados, lo que, combinado con un techo de gasto de Q91.9 millardos, generaría un déficit superior a Q17.7 millardos, equivalente al 2.6% del PIB. Este desbalance incrementaría la deuda pública a niveles de riesgo, superando el 166% de los ingresos tributarios y comprometiendo la sostenibilidad fiscal. Aún más preocupante, las normas presupuestarias incluyen disposiciones para aprobar endeudamiento adicional de hasta Q8 millardos sin que aparezca reflejado en las cifras oficiales, lo que podría elevar el déficit al 3.6% del PIB. Aunque algunos proyectos son necesarios, el mecanismo propuesto resulta anómalo y peligroso. El Congreso debe recortar el gasto previsto y rechazar tales “pre-ampliaciones”, garantizando que toda deuda sea explícita y transparente en el presupuesto.
LOS DESAFÍOS DEL PRESUPUESTO 2020 (I)
El análisis del presupuesto 2020 evidencia problemas estructurales que limitan la capacidad del Estado para atender las necesidades del país. Debido a las asignaciones fijas establecidas por la Constitución y otras leyes, el 84.4% del gasto ya está comprometido, dejando solo un 15.6% disponible para políticas públicas e inversión. Esta rigidez ha reducido drásticamente la inversión en obra pública, que pasó del 28% hace diez años al 17% actual. Además, los salarios absorberán el 39% del presupuesto, sin mecanismos claros para evaluar la calidad de ese gasto. La falta de control sobre municipalidades, consejos de desarrollo y ONGs contratadas con fondos públicos agrava la ineficiencia. Aunque no todas las deficiencias pueden resolverse en un año, el Congreso sí puede corregir algunas durante la actual discusión presupuestaria.
LOS SIETE PECADOS DE LA SOCIEDAD
En 1925, Gandhi identificó siete “pecados sociales” que destruyen la convivencia y frenan el desarrollo: política sin principios, riqueza sin trabajo, placer sin responsabilidad, negocios sin moral, ciencia sin humanidad, religión sin sacrificio y educación sin carácter. Estos males, visibles en la vida cotidiana, han normalizado prácticas corruptas y debilitado la confianza en las instituciones. La política se convirtió en un medio para enriquecerse, los negocios se ven marcados por la deslealtad y la ciencia y la religión han sido instrumentalizadas con fines perversos. Además, la educación pierde su propósito formador al priorizar privilegios sobre valores. La proliferación de estas actitudes alimenta un círculo vicioso: instituciones frágiles permiten más impunidad, y esa impunidad, a su vez, destruye aún más la solidez institucional y moral del país.
FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO
El buen funcionamiento del Estado depende de que el gasto público se ejecute con eficiencia y transparencia, lo que requiere un sistema de fiscalización sólido y preventivo. En Guatemala, dicho sistema debería sostenerse en tres pilares: la Contraloría General de Cuentas, las Unidades de Auditoría Interna (UDAIs) y el Congreso de la República, cada uno con responsabilidades específicas que hoy se cumplen de manera deficiente. La ausencia de controles efectivos ha dejado a la vía penal como único mecanismo para frenar la corrupción, en lugar de prevenirla desde la gestión administrativa. Fortalecer a la Contraloría, empoderar a las UDAIs y exigir al Congreso el cumplimiento de su rol fiscalizador son pasos urgentes. Las reformas legales, incluyendo mayor independencia del contralor y regulación de conflictos de interés, son imprescindibles.
DARLE SENTIDO AL CENSO
El reciente anuncio de resultados preliminares del censo, realizado en un acto público en el Teatro Nacional, ha generado fuertes cuestionamientos debido a inconsistencias en las cifras. El dato oficial de 14.9 millones de habitantes resulta mucho más bajo que las proyecciones del INE y organismos internacionales, que estimaban alrededor de 16.6 millones, e incluso más distante del registro del Renap, que reportaba 19.7 millones. Las discrepancias podrían explicarse por una alta omisión censal, emigración creciente, reducción en fecundidad o deficiencias en los registros del Renap. Sin embargo, la publicación prematura de cifras preliminares, inédita en la historia censal, alimenta las sospechas. La credibilidad del INE depende de que ofrezca explicaciones técnicas claras que aclaren el origen de las diferencias y den certeza a la información.
EL MUNDO NO NECESITA UNA GUERRA COMERCIAL
La economía mundial atraviesa una etapa de desaceleración marcada por el resurgimiento del proteccionismo, especialmente entre Estados Unidos y China. Las medidas restrictivas y las represalias comerciales han debilitado uno de los motores más importantes del progreso global: el libre intercambio de bienes. La historia demuestra que las naciones que abrieron sus fronteras prosperaron, mientras que aquellas que erigieron barreras enfrentaron crisis profundas, como ocurrió en la Gran Depresión de los años treinta. El comercio internacional permite a los países exportar lo que producen mejor, importar lo necesario y acceder a mayor variedad de bienes. Además, fomenta el desarrollo en economías menos avanzadas, que luego se convierten en mercados para los países ricos. Repetir errores proteccionistas solo agravaría la fragilidad actual de la economía mundial.
LA AUSENCIA DEL ESTADO Y SUS CONSECUENCIAS
La ausencia del Estado en regiones como el Valle del Polochic, Ixil, la costa Sur-Occidental y el norte de Petén ha permitido que el crimen organizado ejerza control, afectando la seguridad, la gobernanza y el progreso económico. El Estado debe garantizar bienes públicos esenciales como seguridad, justicia, participación política, educación, salud e infraestructura, pero su incapacidad para hacerlo refleja su fragilidad. Según el Índice de Estados Frágiles 2019, Guatemala se encuentra en “alerta elevada”, lo que evidencia debilidades sociales, políticas y económicas significativas. El incidente reciente en El Estor evidencia la urgencia de reformas institucionales que recuperen la capacidad estatal de proveer servicios y seguridad de calidad en todo el territorio, esenciales para proteger a los ciudadanos y promover el desarrollo sostenible del país.
UNA AGENDA LEGISLATIVA PARA FORTALECER LA ECONOMÍA
El Congreso de la República transita un periodo de baja actividad tras la resaca electoral, con escaso quórum y la mayoría de diputados próximos a concluir su mandato. No obstante, existe una ventana para impulsar una agenda legislativa políticamente viable enfocada en fortalecer la economía. Entre las iniciativas destacan la regulación de insolvencias para dar certeza jurídica, leyes de estabilidad jurídica para inversiones, reformas para infraestructura vial, mejoras en el INE y la creación de una agencia de promoción de inversiones y exportaciones. Su aprobación contribuiría a mejorar el clima de inversión, atraer capital extranjero y optimizar la competitividad del país. La legislatura actual aún tiene la oportunidad de dejar un legado duradero en la economía y el bienestar ciudadano.
EL RETRASO DEL CENSO
La publicación del XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda se ha retrasado más de un año, pero el problema de fondo es que el censo anterior data de 2002, incumpliendo la Ley Orgánica del INE que exige un censo cada diez años. Este retraso evidencia la debilidad institucional y la falta de cumplimiento de las leyes en Guatemala, un patrón recurrente en diversas normas nacionales. El INE debería contar con reglamentos claros y apoyo presupuestario para garantizar la periodicidad censal, mientras que el Congreso tiene la obligación de fiscalizar y fortalecer las capacidades del instituto. La información demográfica y habitacional es vital para políticas públicas efectivas, por lo que es urgente priorizar la regularidad y confiabilidad de los censos nacionales.
SIN INSTITUCIONES NO HAY PROGRESO
El principal obstáculo para que Guatemala genere más empresas, oportunidades de empleo y crecimiento económico no son factores macroeconómicos, sino la debilidad de sus instituciones y la gobernanza endeble. La ineficiencia estatal impacta la provisión de servicios públicos esenciales como educación, salud, seguridad y justicia, limita la productividad empresarial y encarece el costo de hacer negocios. La falta de credibilidad del Estado reduce la recaudación tributaria, dificultando la financiación de infraestructura y capital humano. Esta debilidad se refleja también en la baja inversión en capital fijo, menor que la de los vecinos regionales. Por ello, el nuevo gobierno y Congreso deberán priorizar la reforma institucional y el fortalecimiento del Estado, como requisito indispensable para fomentar inversión, empleo y desarrollo sostenible.
LA HORA DE LOS ESTADISTAS
Con el cierre de las elecciones, el país enfrenta el desafío de pasar de la retórica electoral a la acción gubernamental. El próximo presidente deberá evitar la tentación de prometer soluciones para todos los problemas y concentrarse en priorizar políticas claras y alcanzables. Guatemala arrastra tres grandes males: desnutrición infantil, crimen organizado y falta de oportunidades económicas, todos relacionados con la debilidad institucional y la ausencia de un Estado eficaz. La etapa de transición es clave para que las autoridades electas convoquen a la unidad nacional, construyan consensos y diseñen una agenda mínima enfocada en lo esencial. Esto implica reconocer que el aparato estatal es insuficiente y requiere reformas profundas en justicia, servicio civil, gasto público y sistema político. Sin consensos, el país seguirá estancado.
REQUIEM POR LA MINERÍA
Entre 2006 y 2015, la minería se consolidó como uno de los sectores más dinámicos de la economía, con un crecimiento anual superior al 9% y aportes fiscales significativos. Sin embargo, el panorama cambió drásticamente a partir de 2015, con el cierre de minas como Marlin y Tambor, y la suspensión de El Escobal y Fénix por fallos de la Corte de Constitucionalidad, que subrayaron la falta de consultas comunitarias exigidas por el Convenio 169 de la OIT. Como resultado, la actividad minera se desplomó a una tasa negativa del 16% anual, perdiendo relevancia económica y fiscal. A diferencia de países sudamericanos con marcos regulatorios sólidos, Guatemala se hunde en la incertidumbre, dejando espacio a empresas con bajos estándares que amenazan al Estado, las comunidades y el medio ambiente.
REMESAS BAJO AMENAZA
Donald Trump no ha actuado contra Guatemala en específico, sino que ha usado presión y coerción contra múltiples países desde el inicio de su mandato. Sin embargo, las amenazas relacionadas con la migración afectan gravemente al país, especialmente por la importancia de las remesas, que representan el 12% del PIB y sostienen el consumo de más de un millón y medio de hogares. Una disminución significativa en los flujos de remesas tendría efectos devastadores: caída del consumo en más de 8%, menor inversión, depreciación del quetzal, mayor inflación y un aumento en las tasas de interés. Aunque este escenario aún no es inminente, las tensiones migratorias persistirán y el reto para Guatemala será negociar con mayor dignidad y eficacia, evitando ceder solo bajo amenazas.