DÉBIL INSTITUCIONALIDAD FISCAL EN EL CONGRESO
El Congreso tiene la obligación de vigilar que el presupuesto no sobredimensione ingresos, que el déficit no comprometa la estabilidad y que no se financie gasto corriente con deuda. También debe fiscalizar el gasto de municipalidades y entidades públicas, así como evaluar iniciativas con impacto fiscal. Sin embargo, la Comisión de Finanzas carece de respaldo técnico suficiente, lo que limita la calidad de sus decisiones. Por ello, se plantea crear una oficina independiente similar a la Congressional Budget Office de EE. UU., capaz de proveer análisis objetivos. Este paso modernizaría la política fiscal y frenaría prácticas arbitrarias en la asignación de recursos.
SOLUCIONES BARATAS PARA LOS PRECIOS CAROS
El aumento mundial en precios de combustibles, gas y materias primas refleja un desbalance entre oferta insuficiente y demanda en expansión tras la pandemia. Ante este fenómeno global y temporal, las propuestas políticas de exoneraciones fiscales o subsidios son riesgosas, pues distorsionan el mercado, erosionan las finanzas públicas y no resuelven el problema de fondo. La respuesta adecuada es fortalecer la política monetaria, dotando al banco central de independencia y de un IPC confiable para guiar decisiones. Así podrá aplicar restricciones cuando sea necesario y evitar que la inflación se descontrole. Sin disciplina monetaria, el costo lo asumirán los ciudadanos.
GASTO PÚBLICO DE BAJA CALIDAD
El debate sobre el presupuesto 2022 evidencia que aumentar el gasto sin corregir fallas estructurales solo multiplica ineficiencias. El gasto público en Guatemala privilegia el funcionamiento sobre la inversión, impulsado por un crecimiento desmedido de la planilla estatal y compromisos financieros que comprometen la sostenibilidad fiscal. Urge revisar la legislación del servicio civil, las clases pasivas y los pactos colectivos. También debe fortalecerse la fiscalización de gobiernos locales, descentralizadas y ONGs que reciben fondos sin controles adecuados. La clave no es gastar más, sino asegurar calidad, transparencia y eficiencia en la ejecución. De lo contrario, cualquier incremento presupuestario será inútil.
CÓMO EXPORTAR MÁS (Y MEJOR)
El crecimiento guatemalteco se sustenta en el consumo más que en las exportaciones, lo que plantea el reto de diversificar la base productiva. Un estudio del FMI demuestra que la clave no está en políticas industriales dirigidas a sectores específicos, sino en crear condiciones generales que favorezcan la apertura y la sofisticación comercial. Cuatro factores resultan decisivos: la reducción de barreras al comercio, infraestructura moderna que agilice la conectividad, una población mejor educada y la gobernanza estatal que brinde certeza y eficiencia. Sin reformas estructurales en estas áreas, será imposible construir un sector exportador competitivo y de mayor valor agregado.
¿SOMOS UNA ECONOMÍA EN DESARROLLO?
Las clasificaciones de países emergentes por niveles de ingreso o modelos de desarrollo no reflejan del todo las realidades económicas. Guatemala, cuyo crecimiento se sostiene en el consumo y los servicios alimentados por remesas, encaja en el modelo terciario. Sin embargo, ningún modelo garantiza por sí mismo el desarrollo; los casos de éxito muestran que lo decisivo es la existencia de instituciones sólidas, certeza jurídica, paz social y políticas de largo plazo. Sin estos elementos, incluso las estrategias más prometedoras fracasan. La clave, por tanto, no está en copiar un modelo, sino en crear condiciones institucionales y de gobernanza efectivas.
COLAPSO EN CÁMARA LENTA
Guatemala enfrenta un colapso progresivo en su infraestructura pública, reflejado en el desplome de la calidad de sus carreteras y en la caída de la inversión, que hoy representa la mitad de lo destinado hace 25 años. El problema no es únicamente de recursos, sino de un sistema de inversión pública deficiente, opaco y vulnerable a la corrupción. Sin instituciones sólidas que planifiquen, evalúen y ejecuten proyectos con eficiencia y transparencia, cualquier aumento presupuestario seguirá produciendo obras costosas y de baja calidad. Reformar la gobernanza de la infraestructura es crucial para impulsar el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida.
UNA LEY ENGAÑOSA
La reforma a la Ley de Alimentación Escolar fue aprobada con amplio respaldo político y social, pero su diseño revela serias deficiencias. El aumento de recursos para repartir alimentos no combate la desnutrición crónica, que debe atenderse en etapas más tempranas y dentro de una política integral. Tampoco se ha evaluado si el programa mejora la asistencia o el rendimiento escolar, más aún con la pandemia interrumpiendo la presencialidad. El esquema, además, abre espacio para clientelismo y corrupción en las compras públicas. Con un costo anual de hasta mil millones de quetzales, la reforma representa un riesgo fiscal y social.
¿PODREMOS SALIR ADELANTE?
Guatemala enfrenta el desafío de reformar su sistema electoral y de partidos, debilitado y capturado por intereses que bloquean el cambio. La ausencia del Estado en servicios básicos ha generado un vacío de ciudadanía, alimentando la desconfianza hacia las instituciones. Aunque las reformas dependen de una clase política que se beneficia del statu quo, también requieren presión social. El clima de polarización dificulta acuerdos, pero experiencias pasadas muestran que el país puede alcanzar consensos en momentos clave. Sin una agenda mínima compartida, la fragilidad democrática corre el riesgo de convertirse en una amenaza real para el futuro nacional.
RECOBRAR LA DISCIPLINA
La pandemia provocó un fuerte aumento del gasto público y una caída de la recaudación, disparando el déficit y el endeudamiento en Guatemala. Aunque la recuperación económica y tributaria desde finales de 2020 ha mejorado temporalmente las cuentas fiscales, persisten riesgos internos y externos que podrían frenar esa tendencia. La deuda pasó del 26% al 32% del PIB y su peso frente a los ingresos tributarios alcanzó un preocupante 315%, deteriorando la calificación de riesgo soberano. El FMI ha enfatizado la urgencia de mejorar la transparencia, combatir la corrupción y fortalecer la gestión pública. Recuperar la disciplina fiscal es indispensable.
PRESUPUESTO DEL ESTADO Y DÉFICIT FISCAL
El presupuesto estatal no es solo un reparto de recursos, sino una declaración de la política fiscal y una señal clave para los mercados. En 2020, el déficit se disparó a 4.5% del PIB por la pandemia, el mayor en cuatro décadas. En 2021, gracias a una recaudación tributaria en alza y un gasto más contenido, se prevé cerrarlo en 2.5%, un avance significativo. Sin embargo, el proyecto de presupuesto 2022 plantea un déficit de 2.8%, lo que implicaría un retroceso en la consolidación fiscal. Es fundamental que el Congreso ajuste el techo de gasto para mantener la disciplina y credibilidad económica.
LOS RIESGOS DEL TOQUE DE QUEDA
Tras más de un año de pandemia, los confinamientos han demostrado ser costosos económica y socialmente, mientras su efectividad resulta limitada en países pobres como Guatemala. Un toque de queda de ocho horas podría costar más de tres millardos de quetzales y miles de empleos, además de debilitar la gobernabilidad y fomentar el miedo ciudadano. La clave no está en restringir libertades, sino en reforzar el sistema hospitalario, mejorar la remuneración y condiciones del personal sanitario, limitar aforos, fomentar el teletrabajo y, sobre todo, implementar una campaña masiva de vacunación. Estas acciones no requieren decretos, sino capacidad política para ejecutarse.
PELIGROSA ECUACIÓN
La incapacidad del Estado para proveer servicios esenciales refleja una ausencia que erosiona la confianza ciudadana y debilita la democracia. A esto se suma el creciente desencanto social frente a la corrupción y la mala gestión, agravado por la pandemia. Cuando a estos factores se añade un detonante puntual —como en Chile o Guatemala en 2020— surge el riesgo de un estallido social que favorece el ascenso de movimientos populistas radicales. Aunque inicialmente atractivos, estos generan incertidumbre, deterioro económico y pérdida de paz social. Evitarlo exige rescatar y fortalecer las instituciones fundamentales del Estado, única garantía de estabilidad y desarrollo.
POLÍTICAS SOCIALES Y DESARROLLO
Las políticas sociales en Guatemala han carecido de coherencia y continuidad, lo que limita su impacto en la reducción de la pobreza y el desarrollo humano. Estas deben concebirse como complemento de las políticas económicas, ya que juntas fortalecen la demanda interna y el crecimiento. Sin embargo, la baja productividad laboral —una de las más rezagadas del continente y estancada por 15 años— refleja el peso de un entorno institucional débil. Migrantes que prosperan en otros países demuestran cómo la productividad depende del contexto. Por ello, fortalecer justicia, gobernanza y gestión pública es esencial para políticas sociales eficaces.
CALAMIDAD
Guatemala enfrenta la peor ola de contagios con medidas poco efectivas como el toque de queda nocturno, que tiene escaso impacto en la reducción de casos. Los confinamientos solo son útiles cuando son estrictos y acompañados de apoyo económico, algo inviable en países pobres. Hoy existen protocolos médicos y vacunas, pero la gestión gubernamental ha fallado en asegurar una campaña de vacunación masiva y en fortalecer el sistema de salud. Se perdió tiempo y dinero que pudieron destinarse a camas, medicamentos y personal médico. La estrategia real debía combinar vacunación, salud pública robusta y medidas preventivas claras.
EL CÍRCULO VICIOSO DE LA MEDIOCRIDAD
El deterioro en la calidad de los funcionarios ha derivado en un Estado incapaz de garantizar servicios básicos y en una creciente percepción de corrupción. Más que un problema aislado, la corrupción refleja una enfermedad mayor: la mediocridad en la gestión pública. La solución duradera no radica en perseguir casos individuales, sino en fortalecer instituciones que atraigan a profesionales capaces y velen por un servicio público eficiente. Mientras las instituciones permanezcan débiles, seguirán predominando la improvisación, el cortoplacismo y el clientelismo. Romper este círculo vicioso requiere reformas profundas en justicia, servicio civil, control del gasto y partidos políticos.
CRISIS Y DESCONTENTO
La recesión causada por la pandemia dejó secuelas en ingresos, empleo y producción, creando un ambiente de insatisfacción social. Si no se responde con políticas públicas eficaces, el descontento puede escalar hacia protestas e ingobernabilidad, como ya ocurre en Guatemala. Estudios muestran que los disturbios sociales reducen el PIB y golpean con más fuerza a países con instituciones débiles. Decisiones políticas polémicas, como la destitución del jefe de la FECI, en un contexto de crisis sanitaria y desconfianza ciudadana, solo aumentan la tensión. La salida exige prudencia, diálogo y políticas que generen empleo, transparencia y confianza en las instituciones.
EN PANDEMIA: QUÉ SE HIZO Y QUÉ HA FALTADO
La pandemia de Covid-19 mostró tanto la capacidad inicial del Estado para reaccionar con medidas oportunas como su posterior incapacidad para sostenerlas con eficiencia y visión. Tras un primer trimestre de contención acertada, las fases de mitigación, reapertura y reactivación se caracterizaron por la desorganización, la lentitud y la falta de planificación. La crisis reveló la fragilidad de las instituciones públicas y la ineficacia en la provisión de bienes esenciales. Sin embargo, aún existe margen para impulsar reformas necesarias: seguro de desempleo, fortalecimiento del sistema estadístico, mecanismos efectivos de crédito, inversión transparente en salud y un rediseño institucional estratégico.
LA CAUSA FUNDAMENTAL DE LA MIGRACIÓN
El plan del Ejecutivo de encargar al Ministerio de Desarrollo una encuesta sobre pobreza y migración resulta innecesario, pues ya existen datos del INE y abundante evidencia que explica el fenómeno: los guatemaltecos migran porque en Estados Unidos pueden generar ingresos cinco veces mayores que en su país. La diferencia radica en la productividad, impulsada por instituciones sólidas, certeza jurídica y servicios públicos de calidad que permiten a los trabajadores desarrollarse. En Guatemala, la clave no es inventar nuevas encuestas, sino fortalecer al INE y aplicar reformas que mejoren la gobernabilidad, la inversión y la productividad para reducir sosteniblemente la migración.
MEJORES INSTITUCIONES, MEJOR VIDA
Los estudios de Rohini Pande muestran que la calidad institucional es clave para reducir pobreza y fortalecer democracias. Guatemala enfrenta el reto de reformar su sistema electoral y de partidos, adoptando listas abiertas y recuperando la independencia del Tribunal Supremo Electoral. Más allá de votar cada cuatro años, la ciudadanía necesita información, representación y capacidad para defender sus instituciones. En corrupción, la clave no es solo sancionar, sino prevenir mediante vigilancia, auditoría y control efectivo. La Contraloría y unidades de auditoría interna requieren reformas profundas para dejar de depender únicamente de la persecución penal, que ha mostrado resultados débiles.
A PURAS REMESAS Y CONSUMO
El crecimiento reciente se debe al rebote del consumo interno sostenido por remesas enviadas desde Estados Unidos, cuyo dinamismo laboral y estímulos fiscales impulsan la recuperación guatemalteca. Sin embargo, no es resultado de políticas nacionales. Los riesgos siguen presentes: baja cobertura de vacunación, tercera ola de contagios y debilidad institucional, factores que amenazan la confianza y la estabilidad económica. Aunque la producción recuperará niveles de 2019, el crecimiento no superará el 3.5% anual, cifra insuficiente para reducir pobreza o desigualdad. La clave está en elevar la productividad y fortalecer instituciones políticas y económicas que permitan salir de la mediocridad estructural.