UN SEGURO PÚBLICO DE DESEMPLEO
La pandemia evidenció la necesidad de un seguro de desempleo en Guatemala, ya que su ausencia obligó a improvisar programas temporales de apoyo. Este tipo de seguro funciona como estabilizador automático, protege los ingresos de los trabajadores en recesiones y estimula la economía al sostener el consumo. Además, facilita la adaptación a cambios tecnológicos y fomenta mayor flexibilidad en el mercado laboral. El IGSS debería avanzar hacia un tercer pilar que, junto con los seguros de enfermedad e invalidez, brinde mayor protección social y refuerce la estabilidad macroeconómica.
UNA NUEVA OPORTUNIDAD
El auge del nearshoring abre oportunidades para atraer inversión extranjera, ya aprovechadas por Panamá y Costa Rica gracias a su seguridad jurídica, apertura comercial y capacidad de innovación. Guatemala, en cambio, necesita mejorar su infraestructura, marco institucional y paz social para no quedar rezagada en esta transformación económica.
REFRENAR EL GASTO PÚBLICO
La aprobación reciente de leyes de gasto incrementa el déficit fiscal de Guatemala a niveles preocupantes, superando el 3% del PIB, lo que amenaza la sostenibilidad y estabilidad económica. La tendencia global y local a gastar sin control, exacerbada tras la pandemia, requiere de mecanismos de autocontrol legislativos, como reglas de responsabilidad fiscal que limiten el déficit, el gasto corriente y aseguren superávit en la cuenta corriente. Estas reglas, implementadas correctamente, han demostrado reducir la probabilidad de crisis fiscales y la prociclicalidad del gasto, sin afectar la inversión pública. Su adopción sería una muestra de madurez política y visión de Estado.
IMPACTO ECONÓMICO DE LA GUERRA
La guerra en Ucrania está generando repercusiones globales que afectan precios de energía, alimentos, finanzas y comercio, impactando también a Guatemala a través de la inflación y menor crecimiento económico. Aunque el comercio directo con los países en conflicto es limitado, los efectos se sentirán en las principales variables macroeconómicas. La respuesta del gobierno debe ser prudente y mesurada: la política monetaria debe vigilar la transmisión de la inflación internacional, la fiscal debe proteger a los hogares más vulnerables y facilitar la adaptación empresarial, evitando medidas populistas que puedan poner en riesgo la estabilidad macroeconómica lograda tras la recuperación de la pandemia.
BLINDAR LOS AHORROS FISCALES
En 2021, Guatemala logró mejorar notablemente sus finanzas públicas, acumulando más de Q6 millardos en recursos extraordinarios gracias a un aumento de ingresos y a la emisión estratégica de deuda. Esta situación representa una oportunidad histórica para impulsar la inversión en infraestructura, elemento crucial para el desarrollo económico. Para que sea efectiva, la inversión debe concentrarse en proyectos bien evaluados, con procesos de licitación transparentes y gestión de contratos rigurosa. Proyectos como la conectividad de frontera a frontera, ampliaciones viales y mejoras en movilidad urbana requieren gobernanza especial, asegurando que los recursos se ejecuten con eficiencia y bajo estricta fiscalización.
VACUNACIÓN, UNA PRIORIDAD ECONÓMICA
Un año después del inicio de la vacunación contra Covid-19 en Guatemala, solo un tercio de la población cuenta con el esquema completo, y uno de cada cuatro guatemaltecos no ha recibido ninguna dosis. La vacunación masiva no solo protege la salud, sino que también impacta positivamente en la economía, especialmente en sectores como turismo, hoteles y restauración. Vacunar a niños en edad escolar es esencial para garantizar la continuidad educativa y la productividad futura. La estrategia de salud pública para 2022 debe priorizar la vacunación de todos los grupos etarios, considerando este gasto como una inversión con altos réditos sociales y económicos.
DEMOCRACIA EN RIESGO: TEMAS DE FONDO
Para consolidar la democracia en Guatemala es esencial abordar dos aspectos fundamentales: mejorar la representatividad y garantizar la aplicación efectiva de las reglas electorales. Esto implica modificar la elección de diputados mediante votación nominal y circunscripciones más cercanas al ciudadano, así como facilitar la creación y participación de nuevos partidos políticos. Sin embargo, el pilar central es un Tribunal Supremo Electoral (TSE) fuerte, independiente y eficiente, con magistrados con mandatos escalonados y funciones administrativas delegadas, que se concentren en lo jurisdiccional. Solo con un TSE robusto será posible superar las fallas del sistema, fortalecer la credibilidad del proceso electoral y revitalizar la democracia.
DEMOCRACIA EN RIESGO
El Índice de Democracia 2021 clasifica a Guatemala como un “régimen híbrido” con 4.62 puntos, ubicándola en el puesto 99 de 165 países y mostrando un deterioro constante en los últimos 15 años. Aunque el proceso electoral es su categoría más sólida, corre riesgo en 2023 si no se realizan reformas urgentes. El Congreso debe corregir vacíos y confusiones de la Ley Electoral, como la regulación de la campaña anticipada, la definición de proselitismo y el marco de publicidad en medios. También conviene considerar medidas de representatividad, como el voto preferente. Sin estas reformas, la credibilidad democrática estará comprometida.
CORRUPCIÓN, DE NUEVO
Guatemala figura entre los países con peores calificaciones en el Índice de Percepción de Corrupción, reflejo de un deterioro sostenido. La corrupción, ligada estrechamente a la pobreza, erosiona el desarrollo y puede llevar al colapso estatal, como lo demuestran Afganistán y Líbano. Los esfuerzos aislados, ya sea la retórica presidencial o las campañas judiciales sin sustento institucional, resultan ineficaces. El combate requiere un sistema robusto: transparencia en compras públicas, control preventivo, auditorías internas coordinadas, una Contraloría independiente y un sistema judicial probo. Solo con instituciones fuertes será posible cambiar la cultura de permisividad y superar la corrupción estructural.
UN TESORO EN RIESGO
La pandemia abrió la puerta a un incremento sin precedentes del gasto público, debilitando el compromiso con la disciplina macroeconómica. En Latinoamérica, el descontento social ha sido aprovechado por populistas que promueven políticas de gasto excesivo e insostenible, debilitando instituciones y creando falsas expectativas. En Guatemala, varias iniciativas legislativas buscan transferencias y beneficios millonarios que pondrían en riesgo las finanzas públicas, desde bonos masivos hasta energía gratuita. Aunque se presenten como solidarias, estas medidas alimentan el despilfarro y la inflación. La experiencia internacional demuestra que perder la estabilidad fiscal tiene consecuencias graves y costosas para la economía y la población.
OPACIDAD EN LOS GOBIERNOS LOCALES
Las municipalidades y consejos de desarrollo administran cada año cerca de Q12 millardos, una parte significativa del presupuesto nacional, sin que exista suficiente fiscalización sobre su ejecución. Muchos gobiernos locales descuidan la rendición de cuentas, lo que genera riesgos fiscales, endeudamiento excesivo y la posibilidad de que el gobierno central deba rescatarlos, afectando sus propios recursos. Mejorar el control del gasto local es esencial para garantizar transparencia, alinear inversiones con políticas nacionales y proteger la sostenibilidad fiscal. La rendición de cuentas mediante sistemas como el SIAF, SICOIN y Guatenóminas es indispensable para asegurar un uso eficiente de los recursos públicos.
LITUANIA, GUATEMALA… Y TAIWÁN
Guatemala, como la economía más grande entre los países que mantienen relaciones diplomáticas con Taiwán, tiene la oportunidad de consolidarse como un socio estratégico clave en un momento de tensión geopolítica global. Mientras China avanza en su ofensiva diplomática en Centroamérica, Taiwán ha mostrado en Lituania cómo apoya con inversión estratégica y acceso a sus cadenas de suministro. En lugar de considerar un cambio hacia Pekín, Guatemala debería aprovechar su vínculo especial con Taiwán para impulsar proyectos de infraestructura, ampliar el tratado de libre comercio y promover inversiones de largo plazo, fortaleciendo así su desarrollo y posición internacional.
UNA RESPUESTA ADECUADA ANTE LA CUARTA OLA
La variante ómicron, más contagiosa que delta pero menos letal, marca la cuarta ola de covid-19 en Guatemala. Su rápida propagación ha generado alarma, aunque la mayoría de hospitalizaciones corresponden a personas no vacunadas. En este contexto, centrarse en el número de contagios resulta engañoso y contraproducente, pues lo relevante son las cifras de hospitalización y fallecimientos. El enfoque adecuado debe priorizar la vacunación masiva, pruebas rápidas y accesibles, uso de mascarilla en interiores y ventilación, evitando medidas extremas como toques de queda que elevan los costos sociales y económicos. La clave es convivir con el virus sin pánico ni incertidumbre.
2022, DESAFÍOS ECONÓMICOS (Parte II)
Aunque Guatemala mantiene estabilidad macroeconómica, su crecimiento ha sido históricamente bajo, con uno de los peores desempeños de PIB per cápita en Centroamérica y Latinoamérica. Las principales causas son la reducida inversión en infraestructura, inferior al 15% del PIB, y una productividad laboral estancada durante décadas. Superar este desafío estructural exige garantizar certeza jurídica y fortalecer instituciones que generen confianza, promuevan inversión y permitan la adopción de tecnologías. Reformar sistemas como justicia, servicio civil, partidos políticos y regulación de mercados es indispensable para mejorar la productividad sistémica, asegurar crecimiento sostenido y ampliar las oportunidades de bienestar para la población.
RECUPERACIÓN ECONÓMICA EN 2021
En 2021 Guatemala alcanzó una tasa de crecimiento del 7.5%, la más alta en cuatro décadas, impulsada sobre todo por el consumo de los hogares y las remesas récord. Este repunte permitió recuperar el nivel de producción que se habría tenido sin la pandemia, aunque no superarlo. El PIB llegó a Q544 millardos, apenas por debajo de los Q548 millardos estimados sin la crisis. Las medidas fiscales y monetarias ayudaron a mitigar el impacto y acelerar la recuperación, demostrando resiliencia. Sin embargo, persiste la dependencia del consumo interno y las remesas, lo que exige fortalecer inversión y productividad en adelante.
2022, DESAFÍOS ECONÓMICOS (Parte I)
Guatemala enfrenta en 2022 el reto de preservar la estabilidad económica que la ha caracterizado, pese a su lento crecimiento. La recuperación tras la recesión de 2020 ha sido positiva, con inflación controlada, tipo de cambio estable, tasas de interés competitivas y déficit fiscal en niveles sostenibles. Sin embargo, la deuda pública adquirida durante la pandemia y el repunte inflacionario mundial representan riesgos importantes. El país deberá mantener una política fiscal prudente y una política monetaria firme y creíble, capaz de responder a la inflación importada y al endurecimiento del financiamiento internacional, garantizando confianza en los mercados y resiliencia económica.
¿IGNORIACIA O IRRESPONSABILIDAD?
La iniciativa de Ley Bono de la Esperanza propone entregar transferencias de dinero a familias en pobreza y pobreza extrema mediante bonos de salud, educación y nutrición. Sin embargo, la propuesta tiene tres defectos críticos: generaría un gasto adicional cercano al 17 % del presupuesto estatal, aumentando el déficit fiscal y poniendo en riesgo la estabilidad macroeconómica; incrementaría la rigidez presupuestaria, limitando la flexibilidad financiera; y carece de mecanismos para garantizar el uso adecuado de los recursos, sin datos confiables de beneficiarios ni resultados medibles. Sus efectos reales serían más perjudiciales que beneficiosos para los sectores vulnerables.
¿QUÉ PAÍS QUEREMOS?
El informe “Guatemala: ¿Qué país queremos?” del CES identifica propuestas para estructurar un eventual diálogo nacional, centradas en cuatro ámbitos: reformas institucionales que garanticen certeza jurídica; acciones económicas para incrementar productividad y crecimiento; medidas ambientales y urbanas que promuevan sostenibilidad; y fortalecimiento social que fomente la cultura de paz. La implementación enfrenta desafíos significativos, como la falta de perseverancia en políticas públicas y la resistencia al cambio. Priorizar iniciativas clave, como la reestructuración del sistema electoral y el combate a la desnutrición, es esencial para avanzar. El diálogo debe armonizarse con esfuerzos existentes para evitar rezagos frente a otros países.
PACTOS COLECTIVOS
Los pactos colectivos en Guatemala se han desnaturalizado, generando un crecimiento descontrolado de la masa salarial del Estado sin mejorar la calidad de los servicios públicos. Entre 1998 y 2019, la participación del Ministerio de Educación en la masa salarial pasó del 29.7% al 44.5%, y para 2022 se prevé un aumento adicional de Q2.4 millardos, parte financiado con deuda. Es urgente reglamentar la negociación colectiva, involucrando al Ministerio de Finanzas, al Ministerio de Trabajo y a la ONSEC, con transparencia sobre recursos disponibles y vínculos claros con desempeño, para evitar riesgos fiscales y proteger la sostenibilidad del Estado.
PRESUPUESTO 2022: LO BUENO, LO MALO Y LO FEO
El presupuesto de 2022 fue aprobado tras un debate superficial centrado en el reparto clientelar del erario. A pesar de que permite fiscalización y cierto nivel de transparencia, el déficit fiscal será mayor al de 2021 y se incorporan aumentos injustificados en sueldos y programas dudosos. Se normaliza la opacidad en la asignación de recursos a ONGs y municipalidades, se permite financiar gasto corriente con deuda y persisten problemas estructurales como el crecimiento de la masa salarial y los agujeros financieros en clases pasivas e IGSS. Todo esto limita la capacidad del Estado para ofrecer servicios públicos esenciales.