CUIDADO CON LOS SUBSIDIOS
El alza mundial de los combustibles representa un choque de oferta que eleva la inflación y reduce la producción. Aunque la experiencia internacional muestra que la mejor respuesta combina política monetaria y austeridad fiscal, los gobiernos suelen optar por subsidios, pese a sus múltiples problemas. En Guatemala, el subsidio aprobado aumentará el gasto en más de Q2.25 millardos y puede llevar el déficit fiscal por encima del 3.5% del PIB. Además, estos apoyos benefician sobre todo a sectores más acomodados, desperdician recursos y desincentivan energías limpias. La alternativa más eficaz son transferencias directas temporales, focalizadas y fiscalizables para proteger a los más vulnerables.
LA TORMENTA POST PANDEMIA
La economía guatemalteca se recuperó con rapidez tras la recesión de 2020, pero arrastra secuelas estructurales: mayor informalidad laboral y pérdida de capital humano por el cierre prolongado de escuelas. La guerra en Ucrania agravó este escenario al disparar precios de combustibles y granos básicos, elevando el riesgo de una crisis alimentaria global. El país enfrenta dilemas complejos: contener la inflación sin frenar el crecimiento y proteger a los hogares vulnerables sin deteriorar las finanzas públicas. La situación exige focalizar subsidios y transferencias, racionalizar el gasto público y priorizar políticas educativas y laborales que refuercen la productividad de largo plazo.
EVALUACIÓN DEL RIESGO-PAÍS
Las recientes evaluaciones de S&P y Fitch ratificaron la calificación BB- para Guatemala, pero mejoraron la perspectiva de estable a positiva, resaltando la estabilidad macroeconómica, el bajo endeudamiento, la independencia monetaria y la resiliencia de las remesas. Sin embargo, el país sigue sin alcanzar el grado de inversión debido a sus debilidades político-institucionales. Entre ellas destacan la débil gobernanza, la percepción de corrupción, la polarización política y la falta de políticas de largo plazo que limiten la inversión y el crecimiento. A diferencia de consultoras como COPADES, las calificadoras internacionales consideran que estas deficiencias estructurales son el mayor obstáculo para acceder a mejores condiciones financieras internacionales.
SE NECESITAN ESTADÍSTICAS CONFIABLES
La falta de estadísticas confiables limita la capacidad de un país para diseñar políticas efectivas, atraer inversión y responder a las demandas ciudadanas. En Guatemala, encuestas esenciales como la ENIGH, ENCOVI y ENEI enfrentan retrasos o cancelaciones por falta de recursos, a pesar de su importancia para medir inflación, bienestar y empleo. Esta carencia deja al país sin información clave sobre pobreza, condiciones de vida y mercado laboral. Dotar al INE de recursos financieros y técnicos, así como fortalecer su autonomía institucional, es prioritario. La iniciativa 5917 en el Congreso representa una oportunidad crucial para consolidar su gobernanza y capacidades.
EL CRECIMIENTO COMO PRIORIDAD
Tras la recuperación económica de 2021-22, el crecimiento proyectado del 3.5% resulta insuficiente para mejorar de manera significativa el bienestar de la población. El desafío es lograr un crecimiento más rápido, sostenible e incluyente, pues estas dimensiones son complementarias, no excluyentes. El crecimiento impulsa empleos, ingresos, resiliencia y educación, y puede favorecer tanto la inclusión social como la sostenibilidad ambiental si los excedentes se canalizan correctamente. Para ello, es indispensable elevar la productividad, mediante tecnología, educación e instituciones sólidas que generen confianza y cohesión social, asegurando así un progreso amplio y duradero.
EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA
La inversión pública en Guatemala se ha reducido drásticamente en cantidad y calidad, con un presupuesto cada vez más destinado a gastos de funcionamiento y no a infraestructura. La ineficiencia, la falta de priorización de proyectos y la corrupción agravan el problema, situando al país por debajo del promedio regional en infraestructura. Mejorar la planificación, ejecución y mantenimiento de la obra pública exige instituciones más sólidas y experticia técnica. La evaluación PIMA del FMI ofrece una oportunidad clave para diagnosticar el sistema y sentar las bases de reformas que impulsen productividad, empleo y crecimiento sostenible.
POLÍTICA, PRODUCTIVIDAD Y CRECIMIENTO
Tras el repunte económico de 2021 y 2022, Guatemala enfrentará un retorno al bajo crecimiento tendencial cercano al 3.5%. La causa central es la baja productividad, originada en la deficiente provisión de bienes públicos como seguridad, justicia, educación e infraestructura, así como en políticas que distorsionan la economía. Este estancamiento puede fomentar frustración social, abrir espacio al populismo y, con ello, a decisiones que deterioren aún más la estabilidad económica. Para revertirlo, no basta con disciplina macroeconómica: se requiere fortalecer las instituciones políticas, garantizar el Estado de derecho y promover políticas que mejoren la productividad y la movilidad social.
UN SEGURO PÚBLICO DE DESEMPLEO
La pandemia evidenció la necesidad de un seguro de desempleo en Guatemala, ya que su ausencia obligó a improvisar programas temporales de apoyo. Este tipo de seguro funciona como estabilizador automático, protege los ingresos de los trabajadores en recesiones y estimula la economía al sostener el consumo. Además, facilita la adaptación a cambios tecnológicos y fomenta mayor flexibilidad en el mercado laboral. El IGSS debería avanzar hacia un tercer pilar que, junto con los seguros de enfermedad e invalidez, brinde mayor protección social y refuerce la estabilidad macroeconómica.
UNA NUEVA OPORTUNIDAD
El auge del nearshoring abre oportunidades para atraer inversión extranjera, ya aprovechadas por Panamá y Costa Rica gracias a su seguridad jurídica, apertura comercial y capacidad de innovación. Guatemala, en cambio, necesita mejorar su infraestructura, marco institucional y paz social para no quedar rezagada en esta transformación económica.
REFRENAR EL GASTO PÚBLICO
La aprobación reciente de leyes de gasto incrementa el déficit fiscal de Guatemala a niveles preocupantes, superando el 3% del PIB, lo que amenaza la sostenibilidad y estabilidad económica. La tendencia global y local a gastar sin control, exacerbada tras la pandemia, requiere de mecanismos de autocontrol legislativos, como reglas de responsabilidad fiscal que limiten el déficit, el gasto corriente y aseguren superávit en la cuenta corriente. Estas reglas, implementadas correctamente, han demostrado reducir la probabilidad de crisis fiscales y la prociclicalidad del gasto, sin afectar la inversión pública. Su adopción sería una muestra de madurez política y visión de Estado.
IMPACTO ECONÓMICO DE LA GUERRA
La guerra en Ucrania está generando repercusiones globales que afectan precios de energía, alimentos, finanzas y comercio, impactando también a Guatemala a través de la inflación y menor crecimiento económico. Aunque el comercio directo con los países en conflicto es limitado, los efectos se sentirán en las principales variables macroeconómicas. La respuesta del gobierno debe ser prudente y mesurada: la política monetaria debe vigilar la transmisión de la inflación internacional, la fiscal debe proteger a los hogares más vulnerables y facilitar la adaptación empresarial, evitando medidas populistas que puedan poner en riesgo la estabilidad macroeconómica lograda tras la recuperación de la pandemia.
BLINDAR LOS AHORROS FISCALES
En 2021, Guatemala logró mejorar notablemente sus finanzas públicas, acumulando más de Q6 millardos en recursos extraordinarios gracias a un aumento de ingresos y a la emisión estratégica de deuda. Esta situación representa una oportunidad histórica para impulsar la inversión en infraestructura, elemento crucial para el desarrollo económico. Para que sea efectiva, la inversión debe concentrarse en proyectos bien evaluados, con procesos de licitación transparentes y gestión de contratos rigurosa. Proyectos como la conectividad de frontera a frontera, ampliaciones viales y mejoras en movilidad urbana requieren gobernanza especial, asegurando que los recursos se ejecuten con eficiencia y bajo estricta fiscalización.
VACUNACIÓN, UNA PRIORIDAD ECONÓMICA
Un año después del inicio de la vacunación contra Covid-19 en Guatemala, solo un tercio de la población cuenta con el esquema completo, y uno de cada cuatro guatemaltecos no ha recibido ninguna dosis. La vacunación masiva no solo protege la salud, sino que también impacta positivamente en la economía, especialmente en sectores como turismo, hoteles y restauración. Vacunar a niños en edad escolar es esencial para garantizar la continuidad educativa y la productividad futura. La estrategia de salud pública para 2022 debe priorizar la vacunación de todos los grupos etarios, considerando este gasto como una inversión con altos réditos sociales y económicos.
DEMOCRACIA EN RIESGO: TEMAS DE FONDO
Para consolidar la democracia en Guatemala es esencial abordar dos aspectos fundamentales: mejorar la representatividad y garantizar la aplicación efectiva de las reglas electorales. Esto implica modificar la elección de diputados mediante votación nominal y circunscripciones más cercanas al ciudadano, así como facilitar la creación y participación de nuevos partidos políticos. Sin embargo, el pilar central es un Tribunal Supremo Electoral (TSE) fuerte, independiente y eficiente, con magistrados con mandatos escalonados y funciones administrativas delegadas, que se concentren en lo jurisdiccional. Solo con un TSE robusto será posible superar las fallas del sistema, fortalecer la credibilidad del proceso electoral y revitalizar la democracia.
DEMOCRACIA EN RIESGO
El Índice de Democracia 2021 clasifica a Guatemala como un “régimen híbrido” con 4.62 puntos, ubicándola en el puesto 99 de 165 países y mostrando un deterioro constante en los últimos 15 años. Aunque el proceso electoral es su categoría más sólida, corre riesgo en 2023 si no se realizan reformas urgentes. El Congreso debe corregir vacíos y confusiones de la Ley Electoral, como la regulación de la campaña anticipada, la definición de proselitismo y el marco de publicidad en medios. También conviene considerar medidas de representatividad, como el voto preferente. Sin estas reformas, la credibilidad democrática estará comprometida.
CORRUPCIÓN, DE NUEVO
Guatemala figura entre los países con peores calificaciones en el Índice de Percepción de Corrupción, reflejo de un deterioro sostenido. La corrupción, ligada estrechamente a la pobreza, erosiona el desarrollo y puede llevar al colapso estatal, como lo demuestran Afganistán y Líbano. Los esfuerzos aislados, ya sea la retórica presidencial o las campañas judiciales sin sustento institucional, resultan ineficaces. El combate requiere un sistema robusto: transparencia en compras públicas, control preventivo, auditorías internas coordinadas, una Contraloría independiente y un sistema judicial probo. Solo con instituciones fuertes será posible cambiar la cultura de permisividad y superar la corrupción estructural.
UN TESORO EN RIESGO
La pandemia abrió la puerta a un incremento sin precedentes del gasto público, debilitando el compromiso con la disciplina macroeconómica. En Latinoamérica, el descontento social ha sido aprovechado por populistas que promueven políticas de gasto excesivo e insostenible, debilitando instituciones y creando falsas expectativas. En Guatemala, varias iniciativas legislativas buscan transferencias y beneficios millonarios que pondrían en riesgo las finanzas públicas, desde bonos masivos hasta energía gratuita. Aunque se presenten como solidarias, estas medidas alimentan el despilfarro y la inflación. La experiencia internacional demuestra que perder la estabilidad fiscal tiene consecuencias graves y costosas para la economía y la población.
OPACIDAD EN LOS GOBIERNOS LOCALES
Las municipalidades y consejos de desarrollo administran cada año cerca de Q12 millardos, una parte significativa del presupuesto nacional, sin que exista suficiente fiscalización sobre su ejecución. Muchos gobiernos locales descuidan la rendición de cuentas, lo que genera riesgos fiscales, endeudamiento excesivo y la posibilidad de que el gobierno central deba rescatarlos, afectando sus propios recursos. Mejorar el control del gasto local es esencial para garantizar transparencia, alinear inversiones con políticas nacionales y proteger la sostenibilidad fiscal. La rendición de cuentas mediante sistemas como el SIAF, SICOIN y Guatenóminas es indispensable para asegurar un uso eficiente de los recursos públicos.
LITUANIA, GUATEMALA… Y TAIWÁN
Guatemala, como la economía más grande entre los países que mantienen relaciones diplomáticas con Taiwán, tiene la oportunidad de consolidarse como un socio estratégico clave en un momento de tensión geopolítica global. Mientras China avanza en su ofensiva diplomática en Centroamérica, Taiwán ha mostrado en Lituania cómo apoya con inversión estratégica y acceso a sus cadenas de suministro. En lugar de considerar un cambio hacia Pekín, Guatemala debería aprovechar su vínculo especial con Taiwán para impulsar proyectos de infraestructura, ampliar el tratado de libre comercio y promover inversiones de largo plazo, fortaleciendo así su desarrollo y posición internacional.
UNA RESPUESTA ADECUADA ANTE LA CUARTA OLA
La variante ómicron, más contagiosa que delta pero menos letal, marca la cuarta ola de covid-19 en Guatemala. Su rápida propagación ha generado alarma, aunque la mayoría de hospitalizaciones corresponden a personas no vacunadas. En este contexto, centrarse en el número de contagios resulta engañoso y contraproducente, pues lo relevante son las cifras de hospitalización y fallecimientos. El enfoque adecuado debe priorizar la vacunación masiva, pruebas rápidas y accesibles, uso de mascarilla en interiores y ventilación, evitando medidas extremas como toques de queda que elevan los costos sociales y económicos. La clave es convivir con el virus sin pánico ni incertidumbre.