OJO: AHORA TOCA EL CONTRALOR
03/mayo/2010
SIN CONTRALOR INDEPENDIENTE NO HAY TRANSPARENCIA NI DESARROLLO
El proceso actual para la elección y nombramiento del Fiscal General ha suscitado el involucramiento de importantes sectores de la sociedad guatemalteca y de la comunidad internacional. La trascendencia de dicho proceso es innegable y su resultado incidirá de forma determinante sobre el futuro de nuestro estado de derecho y del sistema democrático. Al mismo tiempo que culmina la elección de Fiscal (esperemos que favorablemente), se inicia el camino para el nombramiento del próximo Contralor General de Cuentas, proceso éste de similar significación que aquél para la vida institucional del Estado.
El Contralor debe fungir como el principal defensor de la integridad financiera y de la fidelidad en la información del sector público
El Contralor de Cuentas debería ser la piedra angular del sistema de probidad del país. En virtud de que se trata del funcionario responsable de analizar los ingresos y gastos gubernamentales, el Contralor debe fungir eficientemente como el principal defensor de la integridad financiera y de la fidelidad en la información del sector público. Dado que la corrupción es uno de los principales flagelos que, como un cáncer invasivo, carcome la salud de la convivencia social, el combate frontal a esta plaga es vital para viabilizar el desarrollo económico, social e institucional de Guatemala. El rol del Contralor es, pues, central al funcionamiento eficaz del Estado: su trabajo debe garantizar la precisión y regularidad de las cuentas gubernamentales, velar por que el Ejecutivo ejecute el presupuesto en línea con lo aprobado por el Legislativo, fomentar la eficiencia y efectividad de los gastos, y evitar la corrupción a través del desarrollo de procedimientos financieros y de auditoría que permitan reducir la incidencia de la corruptela y posibilitar su pronta detección. Es por ello que en las naciones civilizadas es práctica común contar con una Contraloría eficaz, completamente independiente de cualquier injerencia política, dotada de recursos humanos y financieros adecuados, y con un acceso irrestricto a la información operativa de todas las entidades de gobierno. En Guatemala, lamentablemente, la Contraloría no cumple plenamente con estos estándares internacionales de auditoría gubernamental, y ha perdido a lo largo de los años la credibilidad y mística que tuvo en un pasado lejano.
En septiembre próximo, el Congreso habrá de elegir un nuevo Contralor de una nómina de seis candidatos propuestos por una comisión de postulación integrada por un representante de los Rectores de las Universidades, los Decanos de las Facultades que imparten la carrera de Auditoria y un número equivalente de representantes electos por el Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas. La nueva Ley de Comisiones de Postulación busca que el Perfil de Aspirantes y la tabla de gradación aseguren la capacidad, idoneidad y honorabilidad de los aspirantes; sin embargo, la experiencia en la elección de Magistrados y de Fiscal demuestra que es imprescindible el acompañamiento, vigilancia y fiscalización por parte de la ciudadanía organizada y de la comunidad internacional (incluida la CICIG).
Debe ejercerse influencia sobre la elección misma de los miembros de la comisión de postulación (vigilando especialmente el proceso en el Colegio de Economistas) y las universidades deben asumir un compromiso público de imparcialidad y objetividad en el proceso. Una vez conformada la comisión, debe dársele apoyo técnico para que los perfiles y tablas de gradación contemplen como elementos a ser calificados aspectos tales como la aptitud psicológica y la solvencia patrimonial de los aspirantes, conjuntamente con sus calidades técnicas, profesionales, gerenciales, y éticas. Incluso debe evaluarse la posibilidad de presentar opciones de candidatos idóneos para el cargo. También es necesario que se convoque pronto para que el proceso de fiscalización y auditoría social de los candidatos pueda darse con suficiente antelación. Finalmente debe influirse sobre propio Congreso mediante foros y debates públicos que incidan sobre la trascendental decisión que los diputados tomarán en los próximos meses.
