EL DESTINO DE LOS BONOS
26/abril/2010
LA DEUDA NO ES MALA SI SE USA BIEN
Año con año, sin excepción, el gobierno guatemalteco realiza gastos (pago de salarios, compra de bienes de consumo y de bienes de capital) cuyo monto excede a sus ingresos (principalmente impuestos), lo cual genera un déficit fiscal que debe ser cubierto con dinero que el gobierno pide prestado. Parte de ese financiamiento se obtiene mediante la emisión de bonos que son comprados por el público inversionista, local y extranjero. Cada emisión de bonos significa un aumento de la deuda pública de Guatemala, cuyo tamaño, si bien aún es relativamente manejable (pues representa cerca del 27% del PIB), ha venido creciendo aceleradamente (hasta hace muy pocos años dicho porcentaje era de sólo 20%).
Muchas personas creen que el aumento en la deuda pública impone una carga indebida a las futuras generaciones de guatemaltecos, quienes habrán de pagar los impuestos con los cuales se honrará la deuda en la que hoy incurre el gobierno. Esa creencia es sólo parcialmente cierta. Si los bonos quedan en manos de guatemaltecos, no existirá una carga propiamente dicha para las generaciones futuras, sino que se producirá una transferencia de recursos de los contribuyentes futuros (mediante sus impuestos) hacia los tenedores de los bonos; dicha transferencia será, muy probablemente, regresiva puesto que los tenedores de bonos tenderían a tener un mayor nivel de ingresos que el promedio de los contribuyentes. En tanto los bonos sean propiedad de ciudadanos guatemaltecos, el pago de intereses (y, finalmente, del capital) sobre los mismos será sólo una transferencia de dinero de unos guatemaltecos a otros; tal transferencia regresiva puede no ser deseable, pero no constituye per se una carga para el país en su conjunto.
Lo que definitivamente sí puede generar una carga sobre las futuras generaciones es el uso inadecuado que el gobierno le dé a los recursos obtenidos de la colocación de bonos. Si el gobierno gastara el dinero de los bonos en proyectos de inversión, como lo serían la construcción de escuelas o carreteras, no existiría mayor carga sobre las generaciones futuras, ya que tal inversión aumentaría el bienestar futuro de la sociedad lo suficiente para cubrir los intereses que la propia sociedad (a través de los impuestos) deberá pagar sobre los bonos. Por el contrario, si el gobierno utiliza el dinero de los bonos para pagar gastos corrientes, como salarios o bienes de consumo, que no generan rendimientos futuros a la sociedad, sí se estaría generando una carga pesada sobre las generaciones futuras. Por lo tanto, desde una perspectiva técnica, es crucial que los bonos no se destinen a pagar gastos de funcionamiento del gobierno, pues ello significaría hipotecar el futuro del país.
Lamentablemente, la política de endeudamiento público no es un acto puramente técnico, ni es realizada por ángeles, sino que se trata de un proceso político imperfecto en el que se involucran diversos intereses clientelares y electoreros. Debe ser por esta razón que, con mucha sabiduría, la Ley Orgánica del Presupuesto no deja a criterio de los funcionarios el destino de los recursos obtenidos mediante deuda pública, sino que explícitamente establece que “los recursos provenientes del crédito público se destinarán a financiar (a) Inversiones productivas; (b) casos de evidente necesidad nacional, aprobados por el voto favorable de las dos terceras del total de diputados..; (c) reorganización del Estado…; y, (d) pasivos, incluyendo los intereses respectivos”. Además, la ley establece con meridiana claridad que “no se podrán realizar operaciones de crédito público para financiar gastos corrientes u operativos”.
Por lo tanto, sería no sólo técnicamente erróneo, sino que también ilegal que el Congreso incluyese como destino de los recursos provenientes de los bonos gastos corrientes tales como subsidios al transporte, subsidios al adulto mayor, indemnizaciones a víctimas de la guerra, o salarios y municiones de la policía. Esperemos, si no es mucho pedir, que los diputados cumplan con la ley.
Es crucial que los bonos no se destinen a pagar gastos de funcionamiento del gobierno, pues ello significaría hipotecar el futuro del país
