POCA AMBICIÓN EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 2025
Esta columna analiza las agendas prioritarias del Congreso y del Ejecutivo para 2025, destacando iniciativas como leyes sobre alianzas público-privadas, cooperativas y portabilidad numérica, entre otras. Sin embargo, critica la falta de ambición y la ausencia de reformas estructurales clave (justicia, control del gasto, servicio civil) y de políticas estratégicas enfocadas en la lucha contra la desnutrición infantil y la corrupción, urgentes para el desarrollo del país.
LAS PRIORIDADES DEL GOBIERNO EN 2025
El proyecto de presupuesto 2025 presentado por el Ejecutivo de Guatemala al Congreso refleja un incremento significativo, el mayor en 15 años, y plantea un déficit fiscal sin precedentes. A pesar de las deficiencias institucionales existentes, el gobierno muestra confianza en ejecutar un mayor gasto de manera eficiente. Aunque solo tiene disponible el 18% de sus ingresos para políticas públicas, las prioridades presupuestarias incluyen la educación, con un enfoque en salarios y relaciones sindicales, así como la infraestructura a través del Ministerio de Comunicaciones. Sin embargo, el presupuesto carece de énfasis en temas como la seguridad social y la transparencia, lo que sugiere una intención de asegurar la gobernabilidad política mediante el reparto de recursos a municipalidades y consejos de desarrollo.
AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA: LO BUENO, LO MALO Y LO FEO
Dividida en tres aspectos clave —los puntos macroeconómicos positivos, las carencias en transparencia y calidad del gasto público, y las preocupantes implicaciones políticas—, la columna examina cómo, a pesar de sus sólidos fundamentos macroeconómicos, esta ampliación presupuestaria podría estar amenazada por problemas de transparencia y riesgos políticos, afectando así la confianza en la gestión fiscal del país.
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA: LOS DESAFÍOS POR DELANTE
Para mejorar la infraestructura pública en Guatemala, es crucial implementar cambios administrativos y regulatorios que promuevan la transparencia y efectividad en la ejecución de obras. Una legislación moderna y adaptada puede acelerar el desarrollo vial y económico del país, priorizando la planificación, continuidad y supervisión de proyectos, además de fomentar la competencia en la contratación. Los líderes políticos deben actuar con visión para reformar el marco institucional y aprovechar los recursos disponibles eficientemente.
RESPONSABILIDAD FISCAL
Mientras el Congreso discute una nueva ley para aumentar la recaudación tributaria, el debate sigue atrapado entre la necesidad urgente de recursos públicos y la desconfianza ciudadana hacia el manejo del gasto estatal. La solución no pasa solo por cobrar más impuestos, sino por adoptar una Ley de Responsabilidad Fiscal que imponga límites, asegure transparencia y sancione la mala gestión. Sin credibilidad institucional, cualquier pacto fiscal está destinado al fracaso.
¡TAN LEJOS QUE ESTÁ FINLANDIA!
Guatemala obtuvo una calificación alarmantemente baja en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, lo que refleja una cultura profundamente arraigada de abuso de poder y falta de integridad institucional. A diferencia de Finlandia, donde principios como la transparencia, la profesionalización del servicio público y la proporcionalidad en los castigos son norma, en Guatemala la corrupción se ha normalizado hasta el punto de no escandalizar. Superar esta crisis moral y estructural requiere un cambio de valores sociales, voluntad política real y el fortalecimiento urgente de las instituciones.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA Y EJEMPLAR
La parálisis institucional de la USAC ha reavivado el debate sobre su futuro. Entre propuestas idealistas y críticas radicales, emergen soluciones prácticas inspiradas en modelos exitosos como el de la UNAM. Instituciones como un patronato financiero independiente, auditorías externas publicadas y métricas claras de desempeño son herramientas clave para garantizar un uso eficiente y transparente del presupuesto universitario. Adoptar estas prácticas fortalecería la autonomía de la USAC y restauraría la confianza ciudadana en la universidad pública guatemalteca.
VALE LA PENA REVIVIRLAS
La experiencia del Ministerio de Finanzas bajo Juan Alberto Fuentes muestra cómo proyectos clave, como la Mesa para la Calificación del País y el Observatorio Ciudadano del Gasto, pueden iniciar con fuerza y visión, pero luego desaparecer por falta de seguimiento y apoyo institucional. La Mesa logró mejorar la calificación internacional de Guatemala mediante coordinación público-privada y trabajo técnico sistemático, mientras que el Observatorio buscaba elevar la transparencia del gasto público. Ambas iniciativas murieron de inanición burocrática, pese a sus resultados y potencial. Rescatar estos esfuerzos sigue siendo urgente para fortalecer la institucionalidad y la confianza pública.
DEBILIDAD EN NUESTRAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Guatemala figura entre los países con las políticas públicas más débiles de Latinoamérica, según el BID, debido a su falta de continuidad, escasa coordinación interinstitucional, ineficiencia en la implementación y una alarmante incapacidad para ejecutar leyes ya aprobadas. A diferencia de países como Chile o Uruguay, donde las políticas se adaptan y perduran, en Guatemala prevalecen los cambios abruptos, la rivalidad entre instituciones y el uso ineficiente de recursos. El informe evidencia la urgente necesidad de fortalecer la institucionalidad, fomentar la transparencia y profesionalizar el aparato estatal si se quiere salir del grupo de los rezagados.
OJO: AHORA TOCA EL CONTRALOR
El nombramiento del próximo Contralor General de Cuentas es un momento decisivo para la institucionalidad democrática de Guatemala. Este cargo, crucial para supervisar el uso correcto de los fondos públicos, debe ser ejercido por una figura independiente, capaz y honesta. La historia reciente demuestra que sin vigilancia ciudadana y acompañamiento internacional, el proceso de selección corre el riesgo de politizarse y perder legitimidad. La nueva Ley de Comisiones de Postulación busca profesionalizar la elección, pero su éxito depende de una fiscalización activa, desde la conformación de la comisión hasta la votación final en el Congreso. Garantizar un Contralor comprometido con la transparencia es indispensable para frenar la corrupción y restaurar la confianza pública.
¿BINEVENIDO EL RELAJO?
El caos en el Ministerio de Educación tras la implementación de Mifapro reveló cómo una política social bien intencionada puede perder respaldo por errores estratégicos, falta de transparencia y gestión deficiente. El conflicto se agravó con una huelga magisterial injustificada y declaraciones contradictorias de funcionarios que vulneran la legalidad presupuestaria. Además, decisiones precipitadas como la bancarización de los beneficiarios sin una estrategia clara han deteriorado la credibilidad institucional. El verdadero problema no es el programa, sino la instrumentalización política y la falta de controles claros que terminan beneficiando únicamente a quienes se lucran del desorden.
SUELDOS DE PRÍNCIPES
Criticar los sueldos de los altos funcionarios públicos puede ser un error estratégico si se pretende combatir la corrupción y el derroche del Estado. Sueldos bajos pueden alejar a los profesionales más preparados y generar incentivos para prácticas corruptas. En lugar de centrar el debate en las remuneraciones –que deberían ser competitivas, públicas y fiscalizables–, el foco debería estar en eliminar las prácticas ilegales como las coimas, los sobresueldos y el tráfico de influencias, donde realmente se fuga el dinero del Estado.
UNA AGENCIA ANTICORRUPCIÓN
La corrupción es uno de los principales obstáculos para el desarrollo de Guatemala. A pesar de los esfuerzos de distintos gobiernos y organizaciones de la sociedad civil, los resultados han sido insuficientes. Las instituciones encargadas de la fiscalización están rebasadas, y el sistema judicial es débil ante la creciente sofisticación de los actos corruptos. La experiencia internacional sugiere que una agencia anticorrupción independiente, con respaldo político y recursos suficientes, podría ser un primer paso clave en esta lucha. Sin embargo, su éxito dependerá del apoyo de la ciudadanía y de un marco legal sólido que garantice su autonomía y eficacia.
LA FRANJA SÍ, PERO NO ASÍ
El proceso de licitación para la construcción de la Franja Transversal del Norte ha sido objeto de controversia debido a la modificación de las condiciones originales, lo que ha generado preocupación sobre la falta de rigor y transparencia en su manejo. A pesar de las recomendaciones del Vicepresidente Espada de repetir la licitación, el Congreso aprobó cambios que afectan los términos iniciales sin repetir el proceso, lo que compromete la equidad para otros posibles oferentes. Esta obra, crucial para el desarrollo económico y social, requiere de normas estrictas de calidad y transparencia para evitar riesgos de corrupción y garantizar su éxito.
CRISIS Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
La ayuda internacional ha crecido significativamente en las últimas décadas, financiando proyectos humanitarios, infraestructura y asistencia técnica. Sin embargo, enfrenta críticas debido a la falta de transparencia en las ONGs, el riesgo de corrupción en los países receptores y su ineficiencia en algunos casos. A pesar de los compromisos de la OCDE, la mayoría de los países ricos no alcanzan la meta del 0.7% del PIB en ayuda. Más allá de la caridad, se argumenta que eliminar barreras comerciales y subsidios podría beneficiar más a los países en desarrollo. Para Guatemala, la cooperación internacional es útil, pero debe enfocarse en fortalecer instituciones y mejorar la gestión gubernamental.
LAS CLAVES DEL PRESUPUESTO
Los puntos clave de un presupuesto efectivo radican en mantener un déficit fiscal controlado y garantizar la ejecución eficiente y transparente del gasto público. La discusión sobre el tamaño del presupuesto o su uso con fines políticos debe centrarse en estos aspectos fundamentales. Un presupuesto excesivamente alto podría ser contraproducente debido a la incapacidad histórica de ejecución del gobierno y al riesgo para la estabilidad macroeconómica. Por otro lado, un presupuesto que no aumente al ritmo del crecimiento económico podría perjudicar la inversión pública necesaria en tiempos de desaceleración económica.